El área había sido dada en concesión en 1995 a Arenera El Muelle, S.A. para extraer arena submarina por 10 años prorrogables.
La decisión del exministro quedó plasmada en la Resolución 11 del 13 de octubre de 2005, que también negó la petición de prórroga hecha por la empresa.
Cuatro años después, el 15 de julio de 2010, y en un rápido proceso de menos de tres meses, estas mismas zonas fueron entregadas por el entonces ministro de Comercio, Roberto Henríquez, a Servicios Transnacionales representada por Sue Hellen Scott, la misma persona que aparece en sociedades anónimas de la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
La noticia dejó sorprendido a más de uno en Capira. La constante extracción de arena había degradado el área, y los lugareños esperaban que al ser declarada “reserva minera” e impedir la extracción, se recuperaría.
Los capireños incluso citan un informe que, aseguran, recomendaba el cese de la explotación por motivos ambientales. El documento, sin embargo, no está en los archivos del Municipio, y no fue posible obtener información sobre este por parte de autoridad nacional alguna.
DE VUELTA AL NEGOCIO
La concesión dada a Servicios Transnacionales para la extracción de 2 millones de metros cúbicos de arena submarina al año, en un área que había sido declarada “reserva minera”, tuvo paso expedito en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
La solicitud se presentó el 31 de marzo de 2010, solo dos días después de que el entonces ministro Henríquez ordenara, a través de la Resolución 40 del 29 de marzo de 2010, suspender la categoría de reserva minera y volver a incorporar el área al régimen de concesiones (ver facsímil).
El estudio de impacto ambiental fue aprobado el 13 de mayo de 2010, y el 15 de julio el ministro Henríquez y Sue Hellen Scott firmaron el contrato de concesión.
Como argumento para dejar sin efecto la categoría de reserva minera, el ministro Henríquez aludía al compromiso del Gobierno “con el crecimiento económico” y al hecho de que se aproximaba “una época de gran demanda de minerales de construcción para grandes proyectos”. De aspectos ambientales, ni una palabra.
Al ser consultado sobre esta decisión, Henríquez se limitó a decir que todo lo hizo “con apego a la ley...”.
Este medio intentó, sin éxito, que el director de Evaluación Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente, Orlando Bernal, diera alguna explicación sobre la situación del área concesionada.
Tampoco hubo respuesta en el Mici. El nuevo ministro, Ricardo Quijano, no contestó los mensajes enviados por este diario.
Servicios Transnacionales traspasó en abril pasado su concesión a la recién creada sociedad Dragados del Pacífico, justo cuando este diario identificó a Sue Hellen Scott con sociedades de la familia Papadimitriu y al escándalo de tierras de Juan Hombrón, en Coclé.
Dragados del Pacífico también tuvo suerte en el Mici. En solo mes y medio obtuvo la viabilidad financiera y técnica para poder recibir la concesión.
En varias ocasiones este diario ha intentado obtener una reacción del ministro Papadimitriu o de sus padres sobre las concesiones areneras, pero no ha sido posible.
BENEFICIOS
Tras siete meses de operaciones en el área (julio 2011-febrero 2012), la empresa concesionaria ha pagado $34 mil al Municipio de Capira.
Sin embargo, teniendo en cuenta los 2 millones de metros cúbicos de arena que el contrato de concesión permite extraer, el Municipio de Capira debería obtener unos $800 mil al año.
En el contrato de concesión se establece que el Estado recibirá un pago anual de dos dólares por hectárea o fracción, para un total de mil dólares al año; mientras que el Municipio de Capira debe recibir 40 centésimos por metro cúbico de arena extraído.
El problema es que no hay forma de saber cuál es la cantidad de arena que extrae realmente esta concesionaria cada día, semana o mes. El Municipio no tiene recursos para fiscalizar la operación de esta arenera, ni de las otras 15 que operan en el área con varias embarcaciones (ver La Prensa, 18 y 19 de junio de 2012).
Justamente por eso, el Municipio de Capira aplica una mediana en relación a la cantidad de viajes que hacen las barcazas que extraen la arena desde la costa de Cermeño hasta los depósitos del material. Y es que a pesar de que saben que la mayoría hace 60 viajes al mes (dos por día), solo cobran 45.
Las inspecciones hechas a las barcazas han identificado que en cada una de ellas hay dos o tres tinas para la recolección de arena, cada una con capacidad para unas 500 yardas de arena.
Sin embargo, el Municipio de Capira solo cobra el impuesto correspondiente a 300 yardas. El resto, comentó un funcionario municipal, “representa más ganancia para la empresa”.
Este medio tuvo acceso a facturas de algunas de las empresas morosas, en las que aseguran haber extraído menos de 300 yardas por día. “¿Quién les va a creer?”, fue el comentario del frustrado funcionario.
Sin respuestas
“En espera y sin respuestas”, así dijo estar el alcalde de Capira, Iván Saurí, luego de que el ministro Quijano anunciara hace ya dos semanas que haría que las empresas morosas pagaran sus impuestos.
A pesar del anuncio del ministro, el Mici no ha solicitado informe alguno sobre la morosidad de las empresas que, día y noche, extraen arena de la costa de Cermeño.
El alcalde pidió a Quijano “no mentirle al pueblo” e hizo hincapié en la precaria situación que enfrenta el Municipio de Capira, a pesar de su riqueza arenera.
Quijano tampoco respondió a los interrogantes de este diario sobre el proceso de cobro a las empresas morosas; si aplicaría sanciones o si pediría la intervención de la Contraloría General de la República. En Cermeño, todo sigue igual.
FUENTE: EREIDA PRIETO-BARREIRO - http://www.prensa.com
