Entre las exigencias de los familiares se encuentra profundizar la investigación y obtener respuestas precisas sobre el paradero de los jóvenes; la no criminalización de las escuelas rurales, específicamente en el estado de Guerrero, así como la reparación de daños por la arremetida policial registrada hace 33 días, refiere Telesur.
Los familiares llegaron a la residencia presidencial en autobuses de turismo antes de que pudieran ser abordados por la prensa; sin embargo, se esperaba la asistencia de los padres de dos de los seis estudiantes normalistas que murieron durante los hechos.
El 26 de septiembre pasado, la policía de Iguala -presuntamente junto a sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos- arremetió contra un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la población de Ayotzinapa, que había llegado a la ciudad para recoger fondos económicos para el movimiento estudiantil de la institución.
Esta acción dejó un saldo de seis muertos, entre ellos un menor de edad, y 25 heridos, además de los desaparecidos.
Ante la situación, estudiantes, familiares, profesores, intelectuales y movimientos sociales han llevado a cabo movilizaciones de calle en señal de protesta en diversos estados mexicanos, y en países como Bolivia, España, Canadá, Italia, Alemania, Viena y Nicaragua.
Hasta el momento, hay 52 personas detenidas y consignadas, entre policías locales, funcionarios municipales e integrantes de Guerreros Unidos por la desaparición de los 43 estudiantes.
Además, el Ministerio Público Federal solicitó órdenes de aprehensión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien fue destituido del cargo tras la masacre, y contra su esposa, María de los Ángeles Pineda, señalados como posibles autores intelectuales por estos hechos.
| FUENTE: AVN - Agencias |
