El rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, ha desarrollado un negocio inmobiliario –altamente desventajoso para esta casa de estudios, según expertos– con fincas que son parte del patrimonio universitario.En sus 19 años de gestión –que finalizan este año– García de Paredes ha arrendado y vendido valiosos terrenos de la UP, que originalmente fueron destinados para su expansión y para fortalecer su patrimonio.
Se trata, al menos, de unas 160 hectáreas de tierras que han sido arrendadas o vendidas en cuestionables transacciones, en las que son notorias algunas irregularidades, como la ausencia de avalúos, o alquileres muy desventajosos para la UP.
Entre los terrenos arrendados destacan fincas al este de la capital –a corta distancia del área de desarrollo del aeropuerto de Tocumen– o la venta de tierras en zonas de desarrollo turístico, en el Pacífico coclesano, todas destinadas originalmente para el desarrollo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Los contratos de arrendamiento pactados tienen una cláusula en común: el alquilador invierte en los terrenos y la UP debe reembolsarle parte de su inversión mediante una rebaja del canon de arrendamiento.
La Prensa le solicitó a García de Paredes la documentación que sustenta las transacciones, pero no la entregó.
TIERRAS, NUEVO NEGOCIO DE LA UP
La Universidad de Panamá (UP) heredará de la administración del rector Gustavo García de Paredes –quien culminará su gestión el próximo 2 de octubre, tras 19 años en el cargo– una serie de polémicos contratos de arrendamiento de tierras que pertenecen a esa entidad educativa, y controvertidos contratos de compraventa de fincas que fueron parte importante del patrimonio de esta universidad estatal.
Poco se sabe que la UP es mucho más que el ahora pequeño campus Octavio Méndez Pereira, ubicado a un costado del Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid, de la Caja de Seguro Social.
Esta entidad es propietaria de una respetable cantidad de fincas, tierras y terrenos distribuidos en todo el país. Pero buena parte de ese patrimonio ha sido comprometido en alquileres y ventas por la administración del rector Gustavo García de Paredes.
El patrimonio de la institución educativa aparentemente era robusto: contaba con fincas, algunas de ellas donadas por particulares para la expansión del centro; y muchas otras entregadas desde 1945, en la administración de Octavio Méndez Pereira –cofundador y primer rector de la UP– cuando el entonces presidente Enrique A. Jiménez la proveyó de terrenos propios y una fuerte base económica para impulsar su autonomía.
¿Cuál es la cantidad exacta de fincas propiedad de la UP y cuánto representan estos inmuebles en su patrimonio? La Prensa intentó saberlo y para ello solicitó al rector –a través de la Ley de Acceso a la Información, mediante cartas enviadas a la Rectoría y correos electrónicos remitidos desde mediados de 2015– la lista completa de propiedades de la institución desde su fundación, así como el detalle de cuántas de ellas han sido arrendadas o vendidas.
El rector Gustavo García de Paredes ha guardado silencio y probablemente él sea de las pocas personas que maneja en detalle esta información, pero él se negó a dar la lista de fincas, avalúos e información relativa a su venta y/o arrendamiento.
Debido a ello, a este medio le ha tomado varios meses reunir esta información –seguramente incompleta–, cuyos avalúos, en la mayoría de los casos, son inexistentes o no han sido actualizados, por lo que en esta materia su valor se desconoce y por lo tanto también es un misterio el patrimonio exacto de la UP.
Para empezar la investigación, La Prensa comenzó por una denuncia que interpuso un docente contra García de Paredes por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
La denuncia contenía un listado de unas 50 fincas, que sirvió de base para la búsqueda de información de las propiedades de la UP. Y ¡sorpresa! Varias de estas fincas, de las cuales se segregaron lotes, aparecen a nombre de terceros, porque fueron vendidas. En otros casos, las fincas han sido arrendadas en condiciones que, a juicio de expertos en administración pública, son escandalosamente desventajosas para la UP.
Hay casos, por ejemplo, de costosas tierras ubicadas alrededor del Aeropuerto Internacional de Tocumen que el rector ha alquilado por unos poquísimos centavos al mes, monto del que hay que deducir, además, gran parte de las inversiones que haga en ellas el arrendador, pues se pactó que la UP cubra gran parte de estas. En otras palabras, la Universidad de Panamá recibirá una fracción del alquiler pactado por estas tierras, ubicadas en la zona de desarrollo de la terminal aérea, cuyo valor va en aumento cada año.
Además, se estableció en su contrato que estas empresas tienen “derecho preferencial” para comprar parcial o totalmente el área arrendada, si la UP decide eventualmente su venta.
Por si ello fuera poco, los arrendamientos se asemejan más a contratos de concesión, de acuerdo con los expertos consultados por La Prensa, quienes no escondían su asombro al leer los términos de los contratos de arrendamiento, pactados a 20 años, con aumentos periódicos bajísimos y algunos de renovación automática.
A juicio de los expertos consultados, es muy inusual hacer renovaciones automáticas en el negocio de arrendamiento de inmuebles, debido a que las condiciones de un bien en alquiler son muy cambiantes.
La UP, según los arreglos contractuales, recibiría las mejoras que se construyan en sus terrenos, por los cuales, como se dijo, habría tenido que pagar al ceder parte del canon de arrendamiento a sus clientes.
En consecuencia, la gran cosa pactada es que la UP reciba estas mejoras –galeras y edificios, entre otros– cuando estos tengan seguramente más de 30 años de uso, y probablemente a nombre de terceros.
Volviendo al listado de fincas, La Prensa confirmó que una veintena de ellas –que suman más de 160 hectáreas– están en manos de particulares, pero, debido a la falta de transparencia en el manejo de estos bienes, es posible que haya más tierras de la UP en las mismas condiciones.
Cabe destacar, por ejemplo, el caso de la compraventa de una finca en Río Hato. La UP contaba hace unos años con esta valiosa finca en Coclé, en el área de desarrollo playero, pero esta fue vendida en un acto público y poco después revendida por los nuevos dueños, cuyas ganancias son desconocidas a pesar de que se le preguntó al nuevo propietario.
Esta finca fue entregada por el Estado a la Universidad de Panamá para uso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la misma cuyos estudiantes reclaman ahora tierras para poner en práctica sus conocimientos. Estos estudiantes, como ya se sabe, han cerrado en varias ocasiones la vía Transístmica, en demanda de las tierras que García de Paredes pretende ahora comprar en otro sitio.
El rector ahora quiere adquirir una finca en Chepo –valorada en millones de dólares– para estos mismos fines, cuando ya contaba con tierras que bien pudieron haberse usado para ello.
Esta compra ha encontrado obstáculos en varias instancias de Gobierno, según el rector, porque la operación no ha sido lo expedita que esperaba, como, al contrario, sí lo ha sido la mayoría de los negocios entablados por él con empresarios que han comprado o arrendado los terrenos universitarios.
Otra de las primeras ventas de la administración de García de Paredes fue u n terreno en la avenida Martín Sosa, a favor de una agrupación religiosa, pero cuyo precio fue muy inferior al del mercado, confirmó la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.
Los especialistas consultados por La Prensa no pudieron disimular su sorpresa por el hecho de que, por más que este medio hizo lo posible por obtener los avalúos de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de las tierras arrendadas y/o vendidas, no pudo encontrar pruebas de que se hayan realizado. Y, como es sabido, es requisito ineludible contar con los avalúos para acreditar el valor de los inmuebles antes de su venta o alquiler.
En otra carta con base a la Ley de Transparencia, también se solicitó a García de Paredes –desde diciembre pasado– los avalúos, pero igualmente ignoró la petición.
La Prensa tampoco pudo encontrar todos los contratos y/o documentos sustentatorios de las ventas de las tierras o su arrendamiento, llegando incluso a solicitarlos a los nuevos propietarios o arrendatarios, pero las respuestas fueron escasas, inconclusas o simplemente no las hubo.
En estas transacciones se habrían incumplido procesos de la ley de contrataciones públicas, y posiblemente hasta la Ley Orgánica de la Universidad (Ley 24 del 14 de julio de 2005), que indica que el patrimonio universitario deberá acrecentarse y que “no podrá ser enajenado o cedido sin que la UP reciba íntegramente el correspondiente valor económico”.
La Prensa intentó en numerosas ocasiones, por vía escrita o a través de una entrevista, que el rector respondiera por los contratos que su administración cedió en arrendamiento o en venta a terceros. Pero, ni hubo entrevistas ni respondió las preguntas enviadas a la Rectoría, a su correo electrónico y a la oficina de Relaciones Públicas de la UP. Prefirió guardar silencio, salvo una breve declaración en la que ignora las preguntas específicas de cada caso.
De igual manera, se trató de concertar citas y entrevistas y se enviaron correos electrónicos con cuestionarios a los particulares y responsables de las sociedades que hoy son los nuevos propietarios de los terrenos o que le alquilan estos a la UP. En algunos casos hubo respuestas, en muchos otros, no.
Aún así, con la escasa información obtenida y la casi nula colaboración del rector García de Paredes, se pudieron reconstruir algunas compraventas y arrendamientos de las fincas de la UP.
FUENTE: Con información de Mary Triny Zea - http://www.prensa.com
