El juez federal Sebastián Casanello, quien está a cargo de investigar al presidente Mauricio Macri por su vinculación con sociedades offshore en Panamá y Bahamas, ordenó este miércoles 29 de junio que se realizara un análisis comparativo sobre las declaraciones juradas que presentó el mandatario entre 2013 y 2015.En abril, Macri fue imputado en el caso de las filtraciones de los Panamá Papers, a raíz de una denuncia presentada por el diputado nacional kirchnerista Darío Norman Martínez. El fiscal que aceptó la denuncia, Federico Delgado, solicitó en ese momento al juez Casanello abrir un expediente contra Macri para determinar si omitió “de manera maliciosa”, de sus declaraciones juradas, su participación en la sociedad de Bahamas.
Según las filtraciones de los Panamá Papers, el presidente Macri estuvo al frente de una sociedad offshore junto a su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. El directorio estuvo registrado en las islas Bahamas como Fleg Trading Ltd. Funcionó hasta 2009, cuando el ahora presidente era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Revelaciones posteriores sacaron a la luz la vinculación con otra sociedad en Panamá, Kagemusha SA.
El diputado denunciante sostuvo que las declaraciones juradas de Macri tienen contradicciones en su contenido tanto en materia de bienes como de sus valuaciones, en relación a las firmas offshore, radicadas en Panamá y Bahamas.
El juez Casanello ordenó este miércoles al fiscal Delgado el análisis comparativo de las declaraciones juradas para detectar si hay tales contradicciones, y si fuera así, cuál fue el motivo.
El fiscal Delgado había solicitado al juez Casanello la aprobación de la medida para determinar si las diferencias que ya fueron detectadas en las declaraciones juradas del Presidente fueron originadas en la “dificultad de articular los formularios exigidos por el gobierno local con aquellos del federal”.
La defensa de Macri aclaró que las diferencias en las declaraciones juradas se deben a motivos burocráticos. Alegan que en 2013 Macri era jefe de gobierno porteño y sus declaraciones estaban regidas por las normas locales. En esa oportunidad, usó formularios distintos a los previstos a nivel nacional por la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Casanello dio un plazo de 10 días a la OA y a la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño, para elaborar un informe conjunto y detallar las diferencias entre ambos formularios.
En mayo, el juez pidió al Banco Central de la República Argentina que pidiera a todas las entidades financieras información sobre las cuentas bancarias donde el presidente Mauricio Macri haya actuado como titular o apoderado a partir del 1° de enero de 2016.
El magistrado también envió pedidos de cooperación policial a Reino Unido, Panamá, Brasil e Irlanda y Bahamas para que informen sobre los datos societarios y financieros del mandatario nacional, su padre Franco Macri y sus hermanos Giafranco y Mariano Macri.
FUENTE: Con información de La Nación, Télam - http://es.panampost.com
