Hay antecedentes. El 1 de abril de 2008 un incendio provocado (según el atestado de la Guardia Civil) destruyó gran parte de la documentación que se almacenaba en el archivo que la empresa Hispanagua, filial del Canal de Isabel II, tenía en el municipio de Colmenar Viejo. Los papeles que se quemaron eran claves para cuantificar el fraude que se había descubierto en esta compañía, donde se facturaba a terceras empresas por trabajos que no se habían hecho o que sí se habían realizado pero se pagaban inflando los precios. La investigación inicial cifró en 700.000 euros el dinero desviado, aunque las llamas acabaron con el objetivo de precisar el daño económico a las arcas del Canal.
La nueva dirección de la mayor empresa pública de Madrid no quiere sorpresas, sobre todo después de que la operación Lezo haya puesto en el foco mediático al ente que suministra agua a todos los madrileños. Cinco equipos de registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevaron el pasado 19 de abril 22 cajas de documentación y no se descarta que los investigadores soliciten más información. Por eso el archivo de la sede central del Canal, en la calle Santa Engracia, se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de las pesquisas. Para evitar incidentes, la dirección de seguridad, en manos de un coronel en la reserva, ha endurecido las medidas de seguridad para acceder el archivo.
La primera de ellas, el cacheo con detectores metálicos a todos los trabajadores que entran y salen del archivo, para evitar por ejemplo, que entren con mecheros o con memorias informáticas no autorizadas. El archivo contiene miles y miles de documentos en papel. La psicosis se ha instaurado entre los más de 2.400 empleados del Canal. Muchos de ellos lamentan que "cuatro chorizos hayan manchado el buen nombre de la compañía". Otros señalan que esa psicosis puede desembocar en cierta parálisis, "ya que hay miedo por ejemplo hasta que las cosas se calmen a redactar pliegos o firmar papeles", sobre todo en los 200 trabajadores de nivel medio alto que forman parte del núcleo directivo de la compañía. El comité de empresa ha convocado este viernes a todos los trabajadores en la entrada principal de la sede para leer un comunicado sobre los últimos acontecimientos.
La maquinaria del Canal, sin embargo, debe seguir. La empresa suministra agua a más de seis millones de madrileños y licita de media cada año una media de 400 contratos. La agencia de calificación Fitch ha ratificado el 'rating' que tenía el Canal, 'BBB+' con perspectiva estable, y ha asegurado que la operación Lezo no ha tenido ni tendrá de momento impacto en la calificación de la empresa. En su opinión, el "impacto reputacional y financiero" en el Canal es "negativo pero manejable dentro de la clasificación actual".
La operación Lezo ha salpicado a varios exdirectivos y actuales trabajadores del ente público. Además de Ignacio González (epicentro del caso y expresidente del Canal), también están siendo investigados los dos últimos exgerentes (Ildefonso de Miguel y Adrián Martín), la exdirectora financiera Fernanda Richmond y el exdirector de Recursos Humanos Fernando Cevallos. También están imputados el expresidente de Inassa (la filial suramericana), Edmundo Rodríguez, y uno de los gerentes de Inassa, Diego García Arias. Tres de ellos seguían trabajando en la sede madrileña del Canal cuando se destapó el caso, aunque sin funciones de responsabilidad. Adrián Martín ha decidido pagar su defensa con la póliza de responsabilidad civil que tiene el Canal. García Arias fue destituido en Barranquilla (Colombia) después de que se conociera que la Audiencia Nacional ordenaba su detención
La nueva dirección va a extremar los controles internos. Si la documentación en papel es susceptible de ser destruida, con la ya digitalizada es casi imposible. El Canal tiene un sistema de tres niveles de seguridad en sus servidores informáticos. El Canal también ha iniciado un complejo proceso de auditoría de las filiales que dependen del Canal. Uno de los objetivos es adelgazar la estructura empresarial del ente público, cerrando aquellas sociedades con poco volumen de negocio y escasa plantilla. Como ya publicó el Confidencial, la Comunidad de Madrid ha confiado en un exdirectivo de Prosegur para dirigir los designios de Inassa (su cabecera suramericana) al otro lado del Atlántico.
El Canal ha realizado, por ejemplo, una auditoría de los movimientos de dinero en efectivo de la tesorería de Inassa de los últimos cinco años, después de que llegaran noticias a Madrid de que los exdirectivos de la filial detenidos e investigados pudieron sacar dinero en efectivo para pagar presuntamente sobornos a cambio de contratos públicos en los países en los que Inassa está presente. De momento no se han detectado anomalías, señalan fuentes del Gobierno regional, que destacan que es muy difícil detectar si Inassa tenía una especie de caja B para realizar esos pagos.
El Canal también ha decidido personarse como acusación particular en el caso abierto en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, una decisión que también han tomado la Comunidad de Madrid (de la que depende el Canal) y el Ayuntamiento de la capital (que cuenta con el 10% de las acciones del ente público). También han presentado una querella criminal, para que sume a la causa, una plataforma formada por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid (la Fravm) y el colectivo ciudadano Urbanismo Corazón Verde de Chamberí. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, está colaborando activamente con la Fiscalía colombiana en la parte del sumario que investiga el presunto cobro de sobornos por parte de funcionarios colombianos, país en el que Inassa tiene una de sus principales líneas de negocio.
FUENTE: David Fernández - José María Olmo - Beatriz Parera - http://www.elconfidencial.com
