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martes, 16 de mayo de 2017

(España) Las 'cárceles' para menores en Valencia: duchas frías, malos tratos y comida caducada

Son una tragedia oculta a los ojos de una sociedad pendiente de Twitter y el Festival de Eurovisión. Bien porque proceden de familias desestructuradas, porque no tienen quien se haga cargo de ellos o porque cruzaron una frontera solos y sin papeles, miles de niños residen en España bajo la tutela de los servicios sociales de las distintas administraciones, normalmente las autonomías. En la Comunidad Valenciana la cifra alcanza los 3.805 menores, repartidos en centros específicos o en familias de acogida. Y ahora se ha sabido que durante muchos años no siempre viven o han vivido con el listón de dignidad que exigiríamos a cualquier tutor en pleno siglo XXI. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha hecho público este lunes un informe de inspección que revela situaciones de castigos físicos como duchas de agua fría, ayunos forzosos y abusos de poder en algunos centros de titularidad privada con plazas concertadas, pero también la existencia de centros públicos en condiciones deplorables, con colchones en el suelo, saturación, humedades y moho en las paredes.

El informe es el primero sobre una selección de los ochenta centros públicos o privados que trabajan con la Generalitat en la recepción o acogida de menores en situación de vulnerabilidad y revela el estado de "desamparo" en el que se encontraban muchos de los niños tutelados por la Administración Valenciana, según ha denunciado en rueda de prensa la vicepresidenta y consellera del ramo, Mónica Oltra, que ha culpado a los anteriores gobiernos del PP de esta situación por no haber procedido con la diligencia adecuada. Oltra ha explicado que entre 2012 y 2015 apenas se habían hecho seis inspecciones sobre el total de la red asistencial.

La inspección ha señalado especialmente un centro de Segorbe gestionado por capuchinas en el que hay indicios de castigos físicos o ayunos forzosos

La supervisión reciente ha puesto los ojos en algunos centros con resultados alarmantes. Los niños de una casa conocida como La Resurrección de Segorbe, que gestiona la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, han sido trasladados a otros centros de la provincia de Castellón, después de que en las inspecciones realizadas se detectaran "indicios de maltrato" a los menores, a quienes se daba "poca comida y caducada" que tenían que ir a recoger a los supermercados. Además se les alojaba en instalaciones "obsoletas, cuando no peligrosas", como tener el cuarto de juegos junto a la caldera y mantener cerradas con llave las salidas de emergencia. Según la inspección, hay indicios de "castigos físicos", duchas de agua fría en noches de invierno o dejarles sin comer durante horas, malos modos, faltas de respeto y abuso de poder. Además, ha desaparecido la "libreta de diario de las chicas" que, según ha explicado la consellera, es "como la caja negra de los aviones", ha explicado Oltra.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la Generalitat ha decidido no denunciar de forma directa, sino llevar los informes a la Fiscalía de Menores para que determine si se han producido situaciones contra los niños punibles por la Justicia .

Otra de los centros en condiciones inadecuadas está ubicado en Valencia ciudad, en el barrio de Monteolivete. En este caso se trata de una casa de acogida de titularidad pública en la que han aparecido "moho, humedades, paredes destrozadas o barrotes por todos lados". "Su estado no permite que se siga manteniendo en condiciones", aseguró Oltra. Este centro, con capacidad para sesenta menores, ha llegado a dar cobijo a 120 con colchones repartidos por el suelo. Ahora muchos de estos niños serán trasladados a nuevos pisos de acogida en la ciudad y centros ubicados en la Pobla de Vallbona, Burjassot o Buñol.

Otro de los problemas detectados ha sido que la Generalitat ha mantenido el contrato con una asociación, Emaus, que acumula graves problemas económicos, con 23 millones de euros de deuda, cinco de ellos con la Seguridad Social. La vicepresidencia del Govern trabaja en deshacer el contrato que un tercero se haga cargo de los ocho centros gestionados por esta entidad y de su plantilla. Tampoco se va a renovar el contrato con el centro de 'El Carmen' de Valencia, donde los inspectores se han encontrado "dos equipos educativos enfrentados" que "utilizaban a los niños como moneda de cambio, como un divorcio mal avenido" y además "incumplía las ratios de plantilla".

La Conselleria de Igualdad ha iniciado un plan para tratar de "desinstitucionalizar" a los menores. Es decir, evitar que cuando la Administración tiene que hacerse cargos de su tutela cumplan los dieciocho años vagando de centro en centro. Para ello se han puesto en marcha iniciativas como 'Millor en familia', un programa que busca que ningún niño menor de seis años no se ve obligado a acudir a un centro y pueda ser acogido por una familia en un hogar. Desde diciembre, casi un centenar de familias han realizado cursos formativos para ser valoradas como aptas para poder hacerse cargo de estos menores.

Según Oltra, se han revisado "uno a uno" los expedientes de los menores a cargo de la Generalitat y algunos han vuelto con sus familias biológicas porque "han hecho sus deberes" y ya reúnen las condiciones. La vicepresidenta valenciana ha criticado que el anterior Consell del Partido Popular no revisaba los casos y "atrapaba" a los niños en una "telaraña" de "caos".

El nuevo modelo de centros de acogida, que saldrá a licitación el segundo semestre de este año, reduce el número de plazas, de manera que los de recepción (que realizan una primera acogida) no podrán superar las 30 plazas y los de protección estarán limitados a 24. La inversión en este nuevo modelo ascenderá a 40,7 millones de euros, un 26,8% más. Además, el nuevo modelo contempla un refuerzo de equipos de atención con la contratación de 410 nuevos trabajadores, de diversos perfiles, entre los que se introducen mediadores intercultural, técnicos de igualdad de género y de ciclo formativo e integración social. Igualmente se reforzará también la plantilla de inspectores hasta cumplir los 20 que marca la ley. Hasta ahora, había siete, así como una "recomendación no escrita de no visitar los centros", ha censurado Oltra.

FUENTE: Víctor Romero - http://www.elconfidencial.com

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