Luego de que la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, confesara en una entrevista en Telemetro que las auditorías entregadas por la Contraloría General de la República se realizaron con la participación de una consultora privada, juristas coinciden en que no tendrían ninguna validez.Y es que esta revelación no solo pone en duda el manejo de la entidad fiscalizadora, sino también que evidencia las apreciaciones subjetivas de supuestos sobrecostos en cinco megaproyectos de la administración pasada.
Para el exprocurador general de la nación Rogelio Cruz, la declaración de la procuradora Porcell es muy extraña.
Explicó que para poder tener mayor certeza de la participación de la auditora privada debe conocerse hasta qué punto participó la consultora privada, pues hasta ahora se desconoce, y esto inhibe cualquier opinión.
No obstante, destacó que llama mucho la atención de su participación, pues en su entrevista la procuradora habló de que sería una diligencia de sobrecostos, en la que la fiscalía a cargo debe investigar si hubo malversación de fondos.
"Me da la impresión de que no necesariamente el sobrecosto puede significar malversación, y habría que hilar bastante delgado para definir si esto es peculado", sostuvo el jurista.
El abogado Cruz señaló que la función de la Contraloría está bien establecida tanto en la Constitución Política de Panamá como en la ley que rige la institución, que se basa en la revisión del buen manejo de los fondos públicos y, por ende, sus auditorías son de diversas índoles.
"Por ejemplo, si es una auditoría que debe establecer si hubo enriquecimiento ilícito, es distinta de una de costos y sobrecostos, y también diferente de aquella que vaya a comprobar peculado o mal manejo de fondos", sentenció.
Y es que para los conocedores del derecho, anteponer el trabajo de la Contraloría estaría prohibido por ley.
En este sentido, el abogado y exviceministro de Trabajo Luis Eduardo Camacho expresó que no puede haber una evaluación por una auditoría privada porque las normas legales establecen que es un trabajo privativo de la Contraloría.
"No puede un ente privado establecer un sobrecosto o sobreprecio de una obra porque ese es un trabajo que la Constitución confiere a la Contraloría", manifestó Camacho, quien sostuvo que si el Ministerio Público (MP) basa sus hallazgos en otro tipo de recabación, obviamente se trata de un documento que pierde valor.
Añade que ya en reiteradas ocasiones se ha demostrado que hay fallas en las auditorías presentadas por el Ministerio Público, pues en dos meses no se puede elaborar un informe de semejante cobertura.
"Eso me evidencia que el informe está mal hecho y está repleto de apreciaciones subjetivas que al final se demostrará que no van a llegar a las conclusiones afirmadas.
Ante esto, el abogado y experto en contrataciones públicas Ernesto Cedeño señaló que las auditorías privadas no tienen mayor validez cuando se trate de determinar un delito contra la administración pública.
"Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que así lo determina y fue cuando el FIS (Fondo de Inversión Social) trató de contratar una consultora particular. Eso fue a la Corte, la cual declaró que se necesita del personal idóneo de la Contraloría para determinar un posible faltante, y si la Contraloría no ha avalado esas contralorías privadas deja en desventaja al MP y le resta validez jurídica a las auditorías", instruyó.
Incluso la exclusión de la Contraloría en parte de las investigaciones del MP y su equipo de auditores, terminaría contrastando con las declaraciones del contralor Federico Humbert, quien hace poco afirmó que la institución a su cargo posee el personal idóneo y suficiente para hacer auditorías.
Aunque sectores afirman que esto comprobaría las diferencias que existen entre la procuradora Porcell y el contralor Humbert al momento de hacer una investigación.
Ministerio Público buscaría delegar la responsabilidad de las auditorías
El abogado Ernesto Cedeño señaló que si se busca usar como base la auditoría de un ente privado, podría interpretarse como que el Ministerio Público no quiere hacerse responsable de esta.
Cedeño sostuvo que esta acción se alejaría de lo que el Ministerio Público y cualquier otra autoridad buscaría.
El jurista sostuvo que las auditorías podrían tener escaso valor probatorio, pues al momento de corroborar un faltante delictivo, es la Contraloría la que tiene el personal idóneo, conforme lo ha ratificado la Corte Suprema.
Incluso cuando se han producido querellas contra la procuradora general Kenia Porcell, por los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones ante la falta de responsabilidad de casos.
Una de estas denuncias sería tras el acuerdo verbal entre la Procuraduría y la empresa Odebrecht para pagar al Estado el dinero desembolsado en sobornos.
Aunque sectores critican que Porcell no tenía ningún fundamento legal para llegar a tal acuerdo.
FUENTE: Jason Morales Valdés - http://panamaamerica.com.pa
