domingo, 7 de mayo de 2017

Un estudio de la Generalitat duda sobre si una Cataluña independiente estaría en la UE

Un estudio financiado por la propia Generalitat pone en duda que Cataluña pudiera seguir siendo parte de la UE en caso de que accediese a la independencia, en contra de lo que defienden todos los partidos y líderes del proceso soberanista catalán. Al trabajo, que fue presentado en la Universidad Pompeu Fabra el pasado 8 de febrero, se le ha dado poca difusión, tal vez porque acaba cuestionando justo lo que intenta defender: una base jurídica que justifique que una hipotética Cataluña separada del resto de España pudiese seguir formando parte de la UE.

Así el informe acaba con la siguiente sentencia: “Por último, haremos bien en alertar a los navegantes de que este trabajo no describe lo que sucederá, sino que aporta argumentos para defender lo que pueda acontecer. Así, siguiendo a Fernando Guirao, contestaremos con prudencia la pregunta inicial: ¿Cataluña nuevo Estado de la Unión? Tierra ignota”. Se da la circunstancia de que 'Cataluña, un nuevo estado de Europa' es una de las consignas del independentismo, y esta, en concreto, sirvió de lema a la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre de 2012, con la que se inició el actual ciclo rupturista catalán.

El presidente catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes soberanistas siempre han presentado su propuesta de separación contemplando la permanencia en el marco de la UE. Pero el nuevo estudio, de 94 páginas, siembra muchas dudas al respecto. El texto intenta defender la viabilidad del proyecto, pero, fruto de su propio rigor académico, la incertidumbre se cuela por las rendijas.

Se trata de un nuevo caso del doble discurso que se aplica en la política independentista. Los políticos aseguran de puertas afuera que la UE acogerá a la nueva Cataluña con los brazos abiertos, pero el trabajo del IEA apunta como mejor solución a “un régimen transitorio y un tratamiento diferenciado de los diversos derechos y obligaciones de los Tratados. Es plausible y razonable que se acordara que, aunque el Estado recién nacido no dispondría de los derechos políticos inherentes a la condición de miembro, su territorio y su ciudadanía seguirían disfrutando transitoriamente de las libertades que ofrecen los Tratados constitutivos”. Lo que propone, en esencia y como la mejor solución posible, es que los catalanes pasarían de ser ciudadanos españoles en la UE a algo parecido a los ciudadanos turcos de Chipre durante un tiempo indefinido.

La misma Cataluña del "España nos roba" plantea ahora de tapadillo ser contribuyente neto de la UE pero sin poder participar en las elecciones europeas

El estudio asegura que en este periodo transitorio “Cataluña carecería de buena parte de los derechos políticos para participar en la creación de la voluntad política y jurídica de la UE y, paradójicamente, debería aceptar buenamente los deberes que le pudiera exigir la integración europea. Por tanto, se podría dar la paradoja temporal de cumplir un derecho y seguir financiando una estructura política en la que no se tiene voz ni voto”. Dicho de otra manera: Cataluña sería contribuyente neto de la UE, como Alemania, Suecia o Dinamarca, pero perdería “el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones del Parlamento europeo, el derecho de iniciativa legislativa ciudadana, y el derecho de petición al Parlamento Europeo y de queja al Defensor del Pueblo”. Un precio muy caro a cambio de retener el pasaporte de la UE.
Chipre y la incertidumbre

El estudio va más allá al advertir de que no hay garantías jurídicas de una hipotética continuidad de Cataluña en la UE una vez separada del Reino de España, sino que “la cuestión analizada se desliza del derecho hacia la política y, probablemente, la concreción procedimental del régimen transitorio seguirá la corriente de las aguas políticas”.

Pese a las dudas que traspira, no se trata de un trabajo antisoberanista, todo lo contrario. El autor, el jurista Pau Bossacoma, asesor en materia de estudios y coordinación de políticas públicas del Instituto de Estudios de Autogobierno (IEA) de la Generalitat, defiende de un modo académico y riguroso una fórmula jurídica para que Cataluña, una vez declarada la independencia, siguiese siendo miembro de la UE. La solución que propone es un “régimen transitorio”, la duración del cual no se acota, y solo se apunta que se prolongaría “durante el periodo de tiempo para negociar el nuevo estatus del territorio secesionista”.

El modelo sería Chipre, según el autor, ya que los ciudadanos de la parte turca de la isla también disfrutan de la ciudadanía europea, derecho jurídico sobre el que pivota todo el estudio. Así, los catalanes conservarían la ciudadanía europea utilizando este precedente, pese a haberse separado del resto de España.
Riesgos

En todo caso, Cataluña no sería un miembro de pleno derecho porque, como reconoce este trabajo, “la condición de miembro de pleno derecho dependería de una aceptación por unanimidad y de acuerdo con las respectivas normas constitucionales de los estados miembros”, mientras que “el régimen transitorio puede que no necesariamente se adoptaría por unanimidad”. Más incertidumbre. En el trabajo se da por hecho que España nunca avalaría esta situación y por ello se inclina por ese régimen transitorio.

La solución jurídica que propone para que la UE aceptase una Cataluña independiente pasa por retener el pasaporte pero perder el derecho a voto

Para avalar este régimen transitorio, el autor señala que “las diversas posibilidades podrían ir desde un acuerdo por unanimidad, otro sin el voto de España, un acuerdo siguiendo las mayorías requeridas en cada ámbito competencial, unas decisiones descentralizadas en cada ámbito material correspondiente o, incluso, un no hacer. Es decir, que la ausencia de una decisión concreta pueda conllevar tácitamente la continuidad de las libertades de la Unión, las cuales no requieren, a grandes rasgos, una actuación positiva de los poderes públicos en los casos de ampliaciones internas, sino al contrario (pensemos, por ejemplo, en los controles fronterizos)”. En otras palabras, ciudadanía europea por pasiva en lugar de por activa.
Paternidad discutida

Consultado al respecto el autor del estudio, Pau Bossacoma, ha advertido por 'mail' de que no se trata de un estudio de la Generalitat. Y recuerda que en la página 4 se apunta que “la publicación de este libro no implica ninguna responsabilidad sobre su contenido por parte del IEA”. Por ello, a su juicio: “El libro es fruto de mi interés y trabajo académico personal, no se trata de ningún encargo. El libro, pues, expresa mi opinión y no la del Instituto de Estudios del Autogobierno, ni mucho menos la de la Generalitat”

Sin embargo, la Generalitat sí ha financiado el estudio y Bossacoma forma parte del personal de este organismo público y trabaja en la Generalitat. Además, el IEA depende del departamento de Presidencia y su director, Carles Viver Pi-Sunyer, es el principal arquitecto jurídico del 'procés'.

FUENTE: Marcos Lamelas - http://www.elconfidencial.com