La mayor estafa piramidal de los últimos años en España, Publiolimpia, cumple todos los requisitos para ser comparada con el escándalo protagonizado por Bernard Madoff hace casi una década, entre otros motivos, porque entre sus víctimas se encuentran bancos, aseguradoras, importantes 'family offices' y brókers de postín que creyeron encontrar en la firma de Antonio Mas Samora la solución a las deprimidas rentabilidades que trajo consigo la crisis.Aunque el empresario tenía la oficina en Barcelona, los tentáculos de su presunta estafa se extienden por toda la geografía española, desde Andalucía hasta Galicia, pasando por la Comunidad Valenciana. Pero, donde más se han sentido las réplicas del terremoto que ha desatado es en Madrid, donde se calcula que puede haber dejado un agujero superior a 150 millones, con víctimas tan importantes como Alicia Koplowitz, que tenía 3,1 millones invertidos a través de su sicav Morinvest, entidades, aseguradoras como Aviva y Caser, e importantes empresarios como la familia San Martín.
Mucho de ellos habían confiado en el fondo IM Auriga Pymes Eur 1, un vehículo estructurado y comercializado por Auriga, a la sazón, uno de los brókers más prestigiosos del país, que estaba auditado por Deloitte, administrado por Intermoney, asesorado por Cuatrecasas y asegurado por Solunion, una filial de Mapfre. ¿Qué podía fallar? Parecía que nada, pero falló todo, porque el fondo comercializó 38 millones de facturas falsas de Publiolimpia.
Se estima que hasta un 58% del vehículo está intoxicado, fundamentalmente por Antonio Mas, pero también por otras empresas, según denunció ayer la propia Intermoney, que ahora acusa a Auriga de haber incumplido su obligación de control, y que ha contratado a EY para realizar un 'forensic' de las facturas. El bróker, por su parte, también ha fichado a PWC para la misma labor, y asegura ser otra víctima del Madoff catalán. La guerra por depurar responsabilidades está servida, y promete escribir varios capítulos en los tribunales, con la Audiencia Nacional como previsible destino final.
Así empezó todo
Hay que remontarse hasta mediados de 2015 para empezar a escribir la historia común de Publimedia y Auriga, firma que llegó hasta Antonio Mas a través de la correduría de seguros AON, según afirma el bróker en la denuncia que presentó hace dos semanas ante el Grupo de Delicuencia Económica y Tecnologógica de la Guardia Civil en Barcelona.
Donde más se han sentido las réplicas del terremoto desatado es en Madrid, donde puede haber dejado un agujero superior a 150 millones
Coincidencia o consecuencia, la realidad es que, por aquel entonces, AON era también el brazo del que se servía una rama de la familia San Martín, antigua accionista de la constructora del mismo nombre, para asegurar los contratos que firmaba con diversos inversores interesados en invertir en Publiolimpia, operaciones independientes del fondo Auriga Pymes, ya que en esta ocasión se orquestaban a través de Cana Cuatro.
Esta firma "ostentaba la representación comercial de la sociedad (Publiolimpia) y la contratación directa con terceras personas o entidades a los efectos de realizar campañas de publicidad", según reza el apoderamiento que Mas dio a Julio San Martín y a su hija Paloma.
Las buenas conexiones de estos empresarios en la sociedad madrileña permitieron a Cana captar hasta 112 millones para Antonio Mas, contratos donde se cedía a los inversores los espacio publicitarios supuestamente comprados en grandes cadenas de televisión, principalmente de los grupos Atresmedia y Mediaset, y vendidos a un gran anunciante. Supuestamente, porque en tales acuerdos no aparece factura alguna.
Aunque desde el entorno de los San Martín aseguran que estos contratos siempre se firmaban ante notario, afectados consultados por este medio niegan la mayor y dicen que se trataba de un acuerdo meramente privado que, eso sí, afirmaba contar con el respaldo de una gran aseguradora. Aquí, nuevamente, difieren las teorías, ya que mientras desde Caná sostienen que AON aseguraba, a través de AIG, que los anunciantes pagaban sus facturas, en contratos vistos por este medio aparecen otras entidades, como Solunion.
La familia San Martín fue una de las puertas de entrada de Publiolimpia en Madrid, conexión tras la que puede haber una estafa de 112 millones
Fuentes próximas a la familia San Martín afirman que ellos también han sido estafados, ya que un 20% del dinero invertido en Cana es suyo, y que llevaban confiando en Antonio Mas desde 2012, cuando lo conocieron a través de un empresario andaluz y empezaron a invertir en Publiolimpia, aventura cuyo éxito les convenció para crear la alianza de 2015, en la que ellos directamente captaban inversores y cobraban una comisión por ello.
Antes, según documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, esta misma operativa se orquestaba a través de UTEs (Unión Temporal de Empresas) donde la compañía de Antonio Mas se alió con Monteprados Gestión en Monteolimpia, sociedad que ofrecía cuentas en participación similares a la que años después comercializó Cana Cuatro. Ahora, años después, los San Martín se han puesto en marcha para instar el concurso de Publiolimpia y tratar de traer el caso a la capital.
La sombra de Springwater
En el caso de Auriga, la firma siempre ha defendido que su caso es diferente, porque a ella sí se le entregaron facturas, papel que adquiría una de sus filiales, Finalter, y cuyos derechos de cobro cedía al fondo. Aquí la operativa consistía en firmar un contrato marco con pymes y, a partir de ese momento, anunciar a los deudores de estas compañías que a partir de ese momento debían saldar sus cuentas directamente con Finalter.
El problema, según afirman algunos afectados, es que en el caso de Publiolimpia se les dijo que era mejor no contactar con los anunciantes, y lejos de dudar, Finalter fue adquiriendo cada vez más papel de la compañías de Antonio Mas y cediendo sus derechos al fondo Auriga Pymes, hasta que llegó a representar más del 50% del patrimonio. La propia Axesor, en un informe de finales de 2016 en el que rebajó el 'rating' del fondo, advertía del "riesgo de refinanciación muy elevado" que suponía esta elevada exposición, información pública y conocida por todos los inversores del fondo.
Antes de aparecer Publiolimpia, uno de los principales vendedores de facturas era Springwater, firma que se enfrenta a diversos procesos judiciales por sus inversiones en España, entre los que destaca Unipapel. Esta compañía fue una de las primeras que firmó un contrato marco con Finalter, según ha podido documentar este medio, pacto que se remonta a octubre de 2014 y al que siguieron otros con empresas como Imtech o Nervión. Esta última acaba de ser vendida a Amper gracias a una financiación concedida por Alterfin, la matriz de Finalter.
La máxima exposición de las compañías del conglomerado de Martin Gruschka fue de seis millones de euros, según señalan fuentes conocedoras, cifra irrelevante si se compara con los 74 millones actuales de patrimonio del fondo, pero muy signficativa si se recuerda que, hasta mediados de 2015, es decir, hasta justo cuando irrumpió Publiolimpia, su activo total apenas superaba los 20 millones de euros. Fuentes cercanas a Auriga, no obstante, aseguran que ninguna de las compañías ligadas a Springwater ha generado ningún quebranto al fondo.
Ahora se abre la guerra judicial por depurar responsabilidades en toda esta cadena donde cada eslabón afirman haber sido víctima del Madoff catalán y donde, a pesar de los ejércitos de asesores e ilustres apellidos, nadie reconoce un 'mea culpa', ya sea por dejadez, confianza, falta de prudencia o por exceso de avaricia.
FUENTE: Ruth Ugalde - http://www.elconfidencial.com
