Uno de los requerimientos que la brasileña Odebrecht negocia en cada país donde realiza acuerdos con la Justicia para los procesos de delación es poder seguir trabajando.En la Argentina, en donde hasta ahora no se logró ningún tipo de entendimiento más allá de la información que la empresa otorgó en Brasil y los Estados Unidos, esta condición no podrá cumplirse.
Ayer, el Gobierno decidió suspender a la constructora por un año del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, condición para poder participar de licitaciones de obras públicas.
Desde el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda explicaron que la interrupción "de modo preventivo" para la tramitación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para licitación es porque la empresa se halla en "prima facie, en falta muy grave".
Fuentes de la cartera que comanda Rogelio Frigerio indicaron a El Cronista que la decisión se tomó teniendo en cuenta que, aunque el certificado del registro está "vencido desde el 30 junio de 2016 y la empresa ha iniciado los trámites para su renovación hay abiertos varios procesos judiciales y administrativos en nuestro país y en el exterior que la involucran en prácticas corruptas".
"También en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados, según surge del Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Contables Consolidados que el propio constructor envió al Registro Nacional de Constructores para renovar su certificado", agrega la resolución.
Los funcionarios entienden que, más allá de las causas a investigaciones, "se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa".
Pero la brasileña Odebrecht no fue la única suspendida. En el mismo acto administrativo el Gobierno aplazó del registro a otras tres empresas.
Fuentes empresarias explicaron a este diario que las otras sancionadas son "Isolux, por cinco meses, Regam, por cuatro; y Vidal por tres". Estas últimas son empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario y se las sanciona por no cumplir en tiempo y forma con determinados trabajos, de acuerdo con las normas registrales.
En este grupo el caso más complejo es la española Isolux–que hoy se podría presentar en concursado preventivo por una deuda de 2800 millones de euros, lo que sería la cuarta más importante de la historia de España–, ganó licitaciones importantes en la Argentina.
En el último año se adjudicó proyectos 148 millones de euros. El más importante es la construcción del "Tramo A" del viaducto Paseo del Bajo, con un presupuesto de 94 millones de euros. La segunda, por 34 millones de euros, la otorgó la Dirección Nacional de Vialidad y son obras en varios tramos en la Ruta Nacional 3 en Chubut; y el tercero, con un presupuesto de 20 millones, es la pavimentación de la Ruta provincial 12 en su tramo Saira-Marcos Juárez, en Córdoba.
"La suspensión no significa que no puedan seguir con las obras que ya fueran adjudicadas, sino que no pueden acceder a nuevas hasta que se regularice la situación", aseguraron desde la Casa Rosada.
La resolución fue firmada de manera unánime por el presidente, Guillermo Ferrea; el vicepresidente, Ricardo Delgado; los consejeros titulares Susana Martín, Eduardo Dos Santos, Gustavo Burgwardt; y el consejero suplente Víctor Entrala.
FUENTE: Con información de DAVID CAYÓN - https://www.cronista.com
