jueves, 20 de julio de 2017

(España) Multas y penas de cárcel: los hoteles ven la luz tras la 'estafa de la diarrea' británica

La situación era tan escandalosa que hasta el Gobierno y la Justicia de Reino Unido, tan acostumbrados a pasar por alto los desmadres de sus nacionales en la costa española, han tenido que actuar. La primera ministra, Theresa May, advirtió de "duras sentencias de cárcel", el ministro de Exteriores, Boris Johnson, ironizó con que sus ciudadanos tienen el "aparato digestivo más delicado del mundo" y son la vergüenza del país. Y ya por último, los tribunales británicos han comenzado a dar la razón a los hoteles españoles: estos días se han emitido las primeras condenas a turistas por simular una intoxicación alimentaria durante sus vacaciones, denuncia por la que exigían el reintegro de su dinero más una indemnización que podía alcanzar los 30.000 euros.

Es el principio del fin, según los expertos, de la llamada ‘estafa de la diarrea’, un timo que se ha extendido como una plaga por todos los destinos de playa del mundo, muy especialmente España. El proceder era sencillo y tenía un alto porcentaje de éxito: una familia pasaba una o dos semanas en un hotel todo incluido en Canarias, Baleares o Benidorm. Al terminar sus vacaciones, o incluso hasta tres años después, presentaba una demanda mediante un ‘bufete buitre’ de abogados contra el turoperador porque una presunta intoxicación alimentaria había arruinado sus vacaciones. Lo hacía ante la Justicia británica, que cuenta con una legislación muy garantista hacia el consumidor, y casi siempre ganaba.

Hasta hace dos veranos, los turoperadores pasaban la factura a los hoteles y estos pagaban para evitar litigios con los gigantes turísticos, ya que dependen en gran medida de ellos para llenar sus hoteles. Por eso y porque se lo solían exigir por contrato (y lo siguen haciendo). Pero en los dos últimos años, el volumen de denuncias era tal que ya era imposible mirar hacia otro lado. El aluvión estaba poniendo en riesgo la misma supervivencia del sector hotelero.

"Estamos un poco más tranquilos, porque esto era una cosa indecente", resopla Antonio Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec). "No queremos levantar el pie porque es un problema complejo y las denuncias siguen llegando. Pero estamos contentos de que desde el Reino Unido hayan actuado sobre esto a nivel político y judicial. Por suerte, han estado a la altura".

La clave: amenazar al pez grande

Pero, ¿cuál ha sido la clave para poner fin a un problema ante el que, hace apenas dos meses, los hoteles españoles se reconocían indefensos? La respuesta es el cambio de actitud de los turoperadores. Hasta la fecha, los grandes intermediarios turísticos británicos, como Thomas Cook, Thomson o Jet2holidays, se ponían de lado ante las denuncias. La ley británica es clara: el turoperador es el responsable de indemnizar al cliente. Pero este, al ser la causa de la demanda una intoxicación alimentaria, cargaba directamente al hotel la cuantía de la indemnización y no perdía un solo euro por la estafa.

Los hoteles solían aceptar el pago para no enfrentarse al turoperador, del que dependen en gran medida para llenar sus habitaciones. Pero la avalancha de denuncias alcanzó un incremento de hasta un 1.400% anual en Canarias y un 700% en Baleares, según el turoperador TUI. Si no les ayudaban a solucionar el problema, amenazaron los hoteleros, la llegada de británicos a España podía incluso llegar a detenerse. O, por lo menos, habría que aumentar las tarifas para compensar las pérdidas. En Turquía se llegaron a cancelar contratos con turoperadores de Reino Unido. Y la propia Hosbec, en un informe de octubre de 2016, valoró en 60 millones de euros las pérdidas del sector hotelero español por este timo.

Las denuncias por intoxicación en los hoteles se incrementaron un 1.400% en Canarias y un 700% en Baleares en solo un año

Ante este panorama, los turoperadores no tuvieron otra que ejercer su poder de influencia ante su Gobierno y reconocer que, en efecto, existe una estafa y que los responsables de la "epidemia alimentaria" no son los hoteles españoles sino los pícaros turistas británicos.

El primer revés se lo llevó una familia que reclamaba a Thomas Cook una reparación de 10.000 libras (11.318 euros) por una intoxicación (como siempre, vómitos y diarrea) ocurrida en 2013 en el hotel Parque Cristóbal de Gran Canaria. El juez desestimó la demanda y obligó a la familia a pagar a la empresa 3.700 libras (4.180 euros) en concepto de costas por su actitud "deshonesta". El segundo palo, mucho más contundente, se lo ha llevado esta semana una familia que reclamaba 52.000 libras (58.880 euros) por una supuesta intoxicación alimentaria en un hotel todo incluido de Mallorca. El matrimonio y su hija de 30 años han sido procesados en un tribunal de Liverpool, la primera vez en la historia que este tipo de estafas va por vía penal. La familia se expone a entre 18 meses y seis años de prisión si es declarada culpable.

Una familia se enfrentará a un juicio por vía penal en Liverpool por su presunto engaño al denunciar intoxicación alimentaria en un hotel de Mallorca

"En los aviones ya están repartiendo folletos y avisando de que simular una intoxicación es una estafa considerada delito por la Justicia española y que hay penas de cárcel. Los turistas son conscientes de que aquí ya no hay barra libre", indica Mayor. "Y ya se está notando porque hay menos denuncias. Además, los hoteles tienen un registro muy completo de cada habitación, se sabe cuánto alcohol ha bebido cada cliente ese día, se comprueba si un baño tiene restos de vómito. Ese tipo de control es algo que hemos hecho siempre”. Benidorm, por ejemplo, depende en un 50% del turismo británico, cifras similares a las de Canarias, la costa de Andalucía o ciertas zonas de Mallorca.

Otro ejemplo de que la picaresca está remitiendo es la ausencia en los hoteles de recaptadores de bufetes de abogados a la caza de turistas. Son las llamadas ‘claim farms’ (‘granjas de reclamaciones’), firmas de abogados buitre que saltan de sector en sector aprovechando lagunas legales y clientes con pocos escrúpulos. Ya es raro encontrar furgonetas con rótulos gigantes que dicen ‘Reclama hoy’, las mismas que hace unos meses se apostaban en los destinos de playa españoles. O a los jóvenes que, trabajando a comisión, andaban por los vestíbulos y arenales seduciendo a los turistas con vacaciones gratis por el solo hecho de denunciar y presentar como prueba el tique de compra de un antidiarréico.

A pesar del varapalo, las 'granjas de reclamaciones' siguen reportando intoxicaciones en España e invitando a los turistas a denunciar

Eso no significa que los 'bufetes buitre' hayan renunciado a su modelo. Una de las páginas más frecuentadas advierte hoy de "diarrea y vómitos" reportados por turistas en Menorca. La página también alerta sobre las infecciones que se pueden contraer por las "heces de pájaros" en la isla. Siguen prometiendo grandes indemnizaciones si ganan el litigio, haciendo girar una rueda cada vez más desgastada para fortuna del sector turístico español. "Esto se va a terminar el día que Reino Unido cambie la ley y endurezca los requisitos para aceptar una denuncia, homologándose al resto de países de la Unión Europea. Parece que tiene intención de hacerlo. Solo entonces podremos dar por finalizada esta estafa", sentencia Mayor.

A su vez, la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) está investigando en España la posible trama delictiva formada por los recaptadores de clientes, las firmas pirata y los propios turistas que han estado actuando en nuestro territorio en los últimos años, con el objetivo de interponer la primera denuncia a nivel nacional. Firmas como Simpson Millar o Bridger & Co of Landovery Carmarthernshire están en el punto de mira.

FUENTE: David Brunat - http://www.elconfidencial.com