El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Gürtel, acaba de recibir una estrambótica petición. Carlos Manuel de Azúa Brea, un empresario de 54 años, ha presentado un escrito al juez José de la Mata informándole de que va a reclamar 97,7 millones de euros al Partido Popular en concepto de "responsabilidad subsidiaria del contratista". En su escrito, asegura que tuvo una reunión en el año 1995 con Francisco Correa, el cabecilla de la trama actualmente en prisión, quien le comunicó que hablaba en nombre del partido y que se había llevado a Suiza parte de la herencia del tatarabuelo que le correspondía a De Azúa, ingeniero industrial.El juzgado dictó el pasado 11 de julio una providencia pidiendo a la Fiscalía que informe sobre los escritos presentados por Carlos de Azúa, aunque con toda probabilidad se declare "asunto no conexo" con la causa Gürtel. El empresario asegura a El Confidencial que lleva 50 años "viviendo una pesadilla" e intenta resumir qué papel juegan Correa y el PP en una historia compleja de la que no tiene todos los datos. Todo empezó en 1938, cuando su tatarabuelo, Saturio de Azúa Fernández Larrea, murió según él a la edad de 114 años en la isla caribeña de Santa Lucía, antigua colonia británica.
El tatarabuelo dejó toda una fortuna, según su descendiente Carlos "3.520 millones de euros al cambio de la época", entre propiedades, activos, dinero y reservas de oro. Sobre todo en Suramérica. Parte de ese imperio económico, 320 millones de euros (de la época), fueron confiscados por el bando nacional durante la Guerra Civil y retenidos por el Banco Central, "que luego pasaría al Banco Santander". Este dinero procedía de la venta de una naviera. Pero no fue hasta 1968 cuando un juez de Córdoba (Argentina) sentencia que el joven Carlos (que entonces tenía cinco años) es heredero de su tatarabuelo. Pero surgió un problema. El Gobierno español alegó que entre la fortuna a repartir había bienes que ahora pertenecían al Estado y consiguió que los herederos no pudieran disfrutar de su parte hasta que pasaran 50 años. Como la demanda se había puesto en 1965 por familiares del Carlos (aunque la sentencia fue de 1968) el plazo se fijó en 2015.
Reunión con Correa en 1995
El administrador de los bienes pasó a ser el conde de Barcelona, padre del hoy rey emérito. "Se estableció que yo recibiera una asignación anual de 250.000 euros, que nunca recibí", señala De Azúa. Muchos de los bienes de su tatarabuelo pasaron a ser gestionados por empresas privadas, mediante contratos de explotación. "Como gestor de algunos fondos dinerarios se eligió a Emilio Botín". La figura de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel, aparece en 1995. "Ese año el señor Correa se presentó en la sede de la fábrica en que yo trabajaba, en Amorebieta (Vizcaya), para decirme que actuaba en nombre del PP". Carlos de Azúa trabajaba entonces en Inespal, una empresa pública que fabricaba aluminio y que sería vendida tres años después por 19.000 millones de pesetas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
No solo eso. "Correa me dijo que yo tenía que acreditar que era familia de mi tatarabuelo para poder cobrar y me aseguró que parte del dinero se había enviado a Suiza a través de Reino Unido". ¿Qué papel juega Paco Correa en toda esta historia? "No lo sé muy bien, pero fue el que acudió a la cita. Es él. El que hoy se sienta en el banquillo de la Gürtel". En el juicio el propio Correa aseguró que empezó a hacer contactos con el PP en esos años, "cuando Aznar estaba en Castilla y León".
Durante la Guerra Civil el Gobierno provisional de Franco incautó muchos bienes a empresarios vascos (como fue el caso del tatarabuelo de Carlos). Con la llegada de la democracia el Estado cedió muchos de esos bienes al Ejecutivo vasco y al PNV. "No sé cómo documentación relacionada con mi herencia llegó al PP. Por lo que sé, el tema lo movió Jaime Mayor Oreja [exministro de Interior] y Ángel Sanchís [extesorero del PP]. Este al parecer le dio la documentación a Correa, que me dijo que parte del dinero se lo había llevado a Suiza. Todo está en paradero desconocido", asegura Carlos.
En su escrito ante el juez, Carlos pide "que se abra procedimiento de ejecución de entrega de bienes heredados de Saturio de Azúa Fernández Larrea, me entreguen los bienes de acuerdo a la sentencia y se exija responsabilidades a las partes implicadas por los daños causados al haber yo cumplidos mis obligaciones con España de acuerdo a la sentencia", es decir, no reclamar hasta 2015. Por ejemplo, entre los bienes que Carlos incluye en la herencia (que en su día pertenecieron a su tatarabuelo) están terrenos en EEUU, Chile, Brasil y Argentina, y varios inmuebles. Entre ellos una casa en La Habana (Cuba), que es la actual embajada española, en el número 51 de la calle Cárcel.
El empresario reclama, en una causa que tiene poco recorrido, 99,7 millones al PP. También está a la espera de la "ejecución del procedimiento en la Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional de la herencia de mi tatarabuelo, continuación del procedimiento iniciado en Argentina en 1968". El 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia expidió una declaración de reparación y reconocimiento personal a nombre de "Carlos Manuel de Azúa Brea y familia", que "padecidieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura, habiendo quedado confiscado y requisado parte de su patrimonio".
Según el Ministerio, Carlos "tiene derecho a obtener reparación moral que contempla la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura". La defensa de Francisco Correa asegura que se ha reunido con esta persona pero que no le da ninguna verosimilitud a sus demandas. "Su historia no tiene ni pies ni cabeza. Que decida ahora el juez".
FUENTE: David Fernández - http://www.elconfidencial.com
