El Servicio de Protección Institucional (SPI) dotó de armas de fuego a personas ajenas a la entidad durante la administración de Ricardo Martinelli Berrocal. Con esta actuación, el exdirector del SPI, Jaime Trujillo, desvió las funciones del estamento de seguridad, advierte el fiscal anticorrupción de descarga, Javier Mitre Burgos, en la providencia de indagatoria del caso fechada el 22 de mayo de 2017, según informó el diario La Estrella de Panamá.Según el documento judicial consultado por el diario La Estrella, dentro de la institución se produjo una ‘comercialización' de armas. El SPI se convirtió en una ‘agencia de cobros' producto de la venta de armas de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), cuyo representante legal es Ricaurte Grajales Pezet, indica el oficio. La agencia de instrucción considera que se está ante la comisión de un delito de peculado, tráfico ilegal de armas y corrupción.
El documento establece que en 2013, la empresa Armunal importó 406 pistolas Glock, de las cuales 400 se destinarían para que el personal del estamento de seguridad las adquiriera a precios accesibles ($550.00 en preventa y ($600 en venta), para su uso privado.
Las restantes seis ‘aparentemente' fueron entregadas en calidad de ‘obsequios' a Roberto Henríquez, Manuel Guillén, José Hernández, Cenen Castillo, Arminda González y Sebastián Vargas, según una investigación interna que cita la providencia de indagatoria.
Trujillo, según el documento, facilitó la importación y compra de las armas. La empresa, a través de Grajales Pezet, remitió el 15 de noviembre de 2012 una nota al entonces director del SPI ofreciendo la facilidad de adquirir armas a un precio accesible para personal de los estamentos de seguridad. Pero, para uso personal y privado.
El ofrecimiento de la compra se produjo aun cuando existía una prohibición temporal de importación de armas (veda) para las empresas, pero que exceptuaba a los estamentos de seguridad del Estado. Era el Resuelto N°138-A/DIASP/12 del 29 de octubre de 2012, del Ministerio de Seguridad Pública, que prorrogó la suspensión de la importación de armas.
‘El exdirector del SPI y Armunal, S.A. tuvieron que llegar a un acuerdo', considerando que el servidor público conocía la existencia del acto administrativo, argumenta la denuncia presentada por Edgar Torres, que dio paso a la apertura de esta investigación judicial.
Posteriormente, el 17 de septiembre de 2013, la empresa envió una corrección de la primera nota en la que explicó que entregó en calidad de obsequio y patrocinio 406 pistolas Glock para el personal de los estamentos de seguridad.
El SPI, según la investigación interna, fue el enlace para recibir las armas. ‘En el conocimiento de embarque la responsabilidad estuvo a cargo del SPI y de manera individual por Jaime Trujillo'.
El estamento de seguridad recibió, custodió y tramitó los permisos de armas de los beneficiarios a través de Carlos Castillo, jefe de seguridad II, en el SPI. La institución hizo esto, aun cuando la armería solo administra el equipo para el ejercicio de las funciones que le corresponden.
Trujillo también ordenó usar los polígonos para las prácticas de tiro necesarias para aprobar los requisitos para los permisos. El polígono en Corozal Este fue usado para ofrecer servicios gratuitos a los particulares que habían adquirido las armas de Armunal.
Para la fiscalía, se usaron subterfugios legales como una moratoria para legalizar la tenencia de armas de fuego dentro del territorial nacional. Así se logró cumplir con los trámites de permisos para el porte y tenencia de armas. Aun así, la fiscalía considera que no se siguieron los trámites legales porque se obvió presentar las declaraciones juradas que acreditan la procedencia de las armas.
La empresa, por su parte, habilitó una cuenta para que cada comprador realizara su pago. Esta transacción representaba para la empresa entre $223,000 y $243,000. El cargamento de armas, sin embargo, no se vendió completo y el SPI terminó comprando 150 armas, que ingresaron al territorio nacional sin la respectiva autorización de importación, desconociéndose hasta este momento su procedencia, dice la fiscalía.
Las pruebas documentales de la agencia indican que las pistolas también llegaron a parar a manos de personas ajenas a la entidad de seguridad. Eran siete armas que estaban en la armería central, en custodia de David Robles, responsable del área de armamento, mientras se tramitaban sus permisos. Las armas estaban a nombre de Héctor Mendoza, Roberto Lezcano, Walter Cristi, Rangel Lasso, Teodoro Navalo, Francisco Cerrud y Jorge Luis Jurado.
ARMA PARA GARUZ
La fiscalía también logró establecer que Alejandro Garuz, exdirector del Consejo Nacional de Seguridad y exviceministro, portó una arma importada como obsequio.
A criterio del despacho de instrucción, se demostró que hubo un beneficio material con la importación de pistolas Glock por parte de la empresa Armural considerando que Trujillo, Robles, Grajales y Castillo son tenedores de algunas de las armas que ingresaron al SPI en calidad de ‘obsequio y patrocinio'. Por este caso están sindicados Pezet, Trujillo, Robles y Castillo.
La empresa investigada tiene tres contratos de suministros de armas y municiones con esta administración, que ascienden a $7.3 millones, según el sitio oficial Panadata.com. Estos contratos fueron otorgados entre el 9 de julio y el 4 de diciembre de 2015, para la Policía Nacional y Senafront.
FUENTE: Con información de Marlene Testa - http://laestrella.com.pa
