domingo, 13 de agosto de 2017

(España) El mayor fiasco de Revilla (que odia recordar) lleva 20 años amargando a 580 familias

Cada mañana, desde hace 20 años, 580 familias se levantan sin saber si ese día va a ser el último que pasan en sus hogares. Si hoy, al fin, vendrán las excavadoras a destruir sus casas. Los años pasan y las máquinas nunca llegan, pero la amenaza siempre está ahí, amargándoles la existencia. Cada cierto tiempo, aparece en el buzón una orden judicial de derribo para recordarles a esas 580 familias, como si hicera falta, que llevan dos décadas ocupando una casa ilegal, que quizá está tarde se quedan sin hogar, sin dinero y sin solución de futuro. Pero ese momento nunca llega.
"Estamos tan desesperados que le hemos pedido al Gobierno de Cantabria que derribe ya nuestras casas, que termine con esto. Pero el problema es que no tiene dinero para acometer todos los derribos, así que no hace nada. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) insiste en que hay tirarlas ya. Es un sinvivir", explica Ciriaco García, afectado y vicepresidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), ente que representa a las 580 familias sentenciadas. "Llevamos 20 años atrapados. No podemos vender las casas porque es ilegal, las casas además no valen nada porque tienen orden de derribo, y no podemos irnos a otro lugar porque muchos estamos apurados pagando la hipoteca, significaría perder todo el dinero que pagamos por ellas", cuenta.
Estamos tan desesperados que le hemos pedido al Gobierno de Cantabria que derribe ya nuestras casas. Pero no hace nada
El caso de las casas ilegales de Cantabria es, seguramente, el más peculiar de todo el país. No hablamos del tan habitual incumplimiento de la Ley de Costas, ni de viviendas que se construyeran sobre terreno protegido o que se cambiara de uso en pleno ladrillazo. Son viviendas levantadas sobre suelo urbano consolidado, con lo que nadie discute que sea legal construir ahí. 255 casas en Argoños, 102 en Arnuero, 88 en Piélagos, 32 viviendas en Escalante y otro centenar repartidas en varios municipios costeros de Cantabria.

Su pecado son distintas irregularidades, la mayoría de corte menor, denunciadas a partir de 1997 por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y confirmadas, una tras otra, en varias sentencias por el TSJC. El tribunal ya se pronunció en 2001, los afectados presentaron batalla legal y, ya en 2007, cayó la sentencia en firme. El juez declaró culpables al Gobierno de Cantabria y a los distintos ayuntamientos por negligencia en la aprobación de los planes de desarrollo de esos terrenos, y eximió a las promotoras (todas ellas ya quebradas) y a los compradores. Casualmente, el hoy presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, era consejero de Urbanismo cuando la comunidad dio los permisos para levantar el 95% de esas edificaciones que, según el juez, son ilegales.
No son casas construidas sobre terreno protegido. Fueron levantadas en suelo urbano consolidado, nadie discute que se pueda edificar ahí
"En algunos casos se ordenó el derribo por impacto visual, porque las casas tapaban la vista del monte. Hoy, a su lado, hay edificios más altos que sí son legales. En otras porque la cantidad de viviendas construidas no era la correcta y afectaba a los recursos naturales. En otros por sobrepasar el límite municipal. Cada caso es distinto, hay hasta 30 sentencias", detalla García.

Antonio Vilela, presidente de AMA y también afectado, lo tiene claro: "El consejero de Urbanismo es quien tenía la competencia para verificar si esas viviendas cumplían la legalidad. Por eso el juez condena al Gobierno de Cantabria. Miguel Ángel Revilla era consejero y presidente de la Comisión Reguladora de Urbanismo en esos años, así que su responsabilidad es directa. Pero en todo el tiempo que lleva de presidente de la comunidad ha dado muy pocos pasos para solucionar esta injusticia que lleva 20 años afectando a cientos de familias inocentes. Por eso nos duele que Revilla se pase el día arreglando el mundo en los medios de comunicación y no se acuerde de solucionar los errores que ha cometido en Cantabria".
Duele que Revilla se pase el día arreglando el mundo en los medios y se olvide de solucionar los errores que ha cometido en Cantabria
Las cifras son claras: para cumplir la sentencia del TSJC, el Gobierno cántabro debe sufragar los trabajos de derribo con el fin de devolver los solares a su estado inicial, e indemnizar a los afectados con el dinero equivalente al precio de mercado actual de esas viviendas. El propio Gobierno cántabro estima en unos 60 millones los trabajos de derribo y en otros 60 millones las indemnizaciones. Total, 120 millones por una negligencia administrativa. El mayor fiasco de Revilla en toda su carrera política, superior incluso a los 80 millones que costó el puerto fantasma de Laredo, proyecto estrella del actual presidente de la Comunidad. Ninguno de los dos casos le ha obligado a asumir responsabilidades.

"Ya conocemos a Revilla. Si le dejas hasta te lleva la pancarta en las manifestaciones de AMA. En las reuniones privadas que hemos tenido nos da la razón, nos dice que es una injusticia y que no puede quedar así, pero a la hora de la verdad no avanzamos en nada. Nos dicen que no hay dinero en el presupuesto para cumplir la sentencia del TSJC y así llevamos legislatura tras legislatura, siempre en las mismas", se lamenta Vilela. Lo cierto es que, sobre el papel, el Gobierno de Cantabria sí está tratando de cerrar esa herida. Recientemente ha solicitado al Gobierno central un crédito extraordinario de 65 millones. "Pero tal como está la relación de Revilla con el Gobierno no tenemos muchas esperanzas de que se lo concedan", suspira el presidente de AMA. “Este hombre (Revilla) nos rehuye, no quiere saber nada de nosotros. Cuando te lo encuentras te dice que está dispuesto a todo, es muy amable, pero nunca le oirás en televisión hablando de los derribos, es un tema vetado", se queja a su vez García.
Derribar para volver a construir
"Nosotros no nos oponemos a la Justicia, si hay que tirar las casas, que lo hagan. ¿Pero cómo le explicas al contribuyente que hay que destinar 120 millones públicos a derribar unas casas que luego se volverán a construir en el mismo sitio porque el terreno es urbanizable? Es absurdo", se lamenta Teodoro Arnal, vecino afectado de Argoños. En algunos terrenos se podrían incluso construir más viviendas de las que ya hay con la nueva legislación. Es parte del sinsentido de esta historia. Mientras el TSJC urge a la administración a derribar las viviendas, hay 449 de ellas, el 77% del total, que con una simple actualización del Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) municipal serían legalizables, es decir, podrían quedarse como están. En Miengo, por ejemplo, las casas afectadas han sido salvadas, reduciendo de 621 a 580 los casos pendientes. Y en Arnuero ya se ha aprobado un PGOU que encamina la resolución del conflicto.
449 viviendas solo necesitan una actualización del Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) y la posterior aprobación del TSJC para ser legales
Puesto que Cantabria no tiene dinero para cumplir las sentencias, la única solución viable hoy pasa por que los ayuntamientos afectados aprueben sus planes de ordenación urbanística y que el Gobierno de Cantabria haga lo propio con su enquistado Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT). Con esos documentos listos, el último paso es que la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC los apruebe, dando así el visto bueno a esas 449 viviendas susceptibles de ser legalizadas. El resto sí deberán ser derribadas, pero entonces el gobierno regional ya tendría dinero suficiente para derribar solo 130 viviendas, desbloquear la situación y dar paz a todos los vecinos afectados.

"Esto está siendo muy duro. Yo he seguido haciendo reformas en mi casa, pintando las paredes, la quiero tener en condiciones aunque haya orden de derribarla. Siempre que parece que el Gobierno va a hacer algo para subsanar la situación viene el Tribunal a recordarnos que esto hay que tirarlo. Así llevamos 20 años. Al final se rompen lazos, hay tirantez en la familia, yo tuve que vender mi casa en Bilbao para pagar esto, porque el banco (Santander) sigue cobrando la hipoteca igual. Si hubiera visto que hay algo ilegal no tendría que habernos concedido hipotecas, pero lo hizo", subraya Arnal. "La mayoría de compradores tenían unos 50 años en 1997 y estas casas iban a ser una inversión de cara a la jubilación. Hoy muchos ya superan los 70 años y son sus viviendas habituales. No tienen otra. Y no hablamos de casas de lujo, todas rondan entre 60 y 80m²", indica Vilela.
La mayoría de compradores tenían unos 50 años en 1997 y estas casas iban a ser una inversión de cara a la jubilación
En su momento, los afectados de Argoños pagaron entre 13 y 16 millones de pesetas por casas que sobre plano. Todas con sus permisos de obra concedidos por la consejería de Urbanismo. Pero nunca se terminaron de edificar. Las constructoras huyeron a la carrera tras las sentencias de derribo y consecuente pérdida de valor inmobiliario. Fueron los vecinos quienes decidieron terminar la obra en mitad de la batalla judicial para no perder lo que habían invertido.

"Yo hoy tengo 67 años. Tenia 47 cuando compré la casa para disfrutar de ella y lo único que ha hecho es destrozarme la vida. Aqui la gente lo ha pasado muy mal. Hemos pasado la crisis económica con todo nuestro dinero comprometido, siendo víctimas inocentes de una negligencia del Gobierno de Cantabria. Inversiones que no valen nada pero que debíamos seguir pagando. 78 personas han muerto sin ver su casa legalizada, esto solo nos ha traído disgustos y depresiones", afirma con dureza el vicepresidente de AMA. Hace cuatro años, los afectados por lo menos cobraron una indemnización por daños morales. 9.000 euros por segunda residencia, 12.000 por vivienda habitual.
"Llevamos ya más de 500.000 euros gastados. Cada vez que llega una orden de derribo me paso una semana sin dormir", confiesa el alcalde de Argoños
La parálisis del Gobierno autonómico afecta también a los ayuntamientos, a quienes el TSJC amenaza con embargos si no ejecuta las sentencias. Lo sufre especialmente Argoños, con 1.720 habitantes y 255 órdenes de derribo. Juan José Barruetabeña (PP) lleva 10 años como alcalde y este asunto le pesa como una losa. "Llevamos ya más de 500.000 euros gastados en abogados, procuradores, recursos judiciales, proyectos alternativos. El ayuntamiento no tiene capacidad económica para demoler todas las casas y nuestro objetivo es que puedan ser legalizadas. Cada vez que llega una orden de derribo me paso una semana sin dormir”, asegura. “Es una carga sobre nuestra economía y sobre la imagen de Argoños, el desgaste es tremendo".
El Parlamento de Cantabria aprobó en mayo una resolución con tres compromisos: que en esta legislatura se debe dar solución a los afectados, que se debe hacer respetando el patrimonio de las víctimas, y que deben ser las administraciones públicas quienes sufraguen todos los gastos. "Ojalá ocurra. El día que esto se solucione, aquí en Argoños van a estallar más petardos que en Valencia", exclama, medio en broma medio en serio, el alcalde.

FUENTE: DAVID BRUNAT - https://www.elconfidencial.com