Ello sería luego de una petición de extradición del expresidente presentada por la Fiscalía de Estados Unidos en nombre del Gobierno de Panamá.
El equipo de abogados de Martinelli y la Fiscalía han empleado gran parte de las audiencias en si se utilizó dinero público para la compra de alguno de los equipos de vigilancia, sin embargo el juez Torres pidió una prórroga de 10 días para definir su veredicto.
Para ello se ha analizado el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, suscrito en 1904, en la cláusula que expone la "retroactividad".
La defensa argumentó que el delito de "interceptación ilegal de comunicaciones" no está incluido en el tratado, y aunque sí forma parte de la "Convención de Budapest", suscrita en 2004, esta fue actualizada en 2014 para agregar los crímenes cibernéticos.
Martinelli llegó en 2015 a Miami tras haber residido en paradero desconocido durante varios meses después de abandonar Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que el Supremo panameño abrió la primera de las causas penales en su contra.
FUENTE: Con información de http://panamaamerica.com.pa