Conocidas las declaraciones en la prensa española del antiguo operador de la constructora Odebrecht Rodrigo Tacla Durán, que trabajaba en el ‘departamento de sobornos', que implicó directamente al presidente Juan Carlos Varela en esa trama de corrupción, la obligación de las autoridades panameñas es procurar un testimonio bajo juramento.Así lo explica el abogado litigante y especialista en derecho internacional Juan Carlos Araúz, que ha seguido además las publicaciones de La Estrella de Panamá sobre el caso, en el que no parece coincidir la información del Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Justicia de España, cuando el primero sostiene que le ha solicitado asistencia (en marzo) y el segundo indica que contestó (en mayo) aparentemente sobre unas declaraciones que se hicieron públicas el 27 de julio.
En esa misma fecha, el MP panameño emitió motu proprio un comunicado en el que avisaba que había solicitado información a España, dando a entender que estaba interesado en el interrogatorio del excolaborador de Odebrecht, detenido en ese país desde noviembre y que cuenta con doble nacionalidad hispano-brasileña.
Sin embargo, no hay confirmación de que se haya solicitado a Tacla una declaración exclusiva sobre sus menciones a Panamá. Él mismo, contactado por este diario, lo niega, tras haber indicado en su entrevista con El País que no había interés por la complicidad entre el presidente Varela y la procuradora panameña, Kenia Porcell.
Según Araúz, la noticia producida es un elemento a considerar (en la investigación que se sigue en Panamá sobre el caso Odebrecht), ‘pero se requiere al menos un testimonio en declaración jurada que sostenga el relato, de modo que se pueda cumplir con la prueba idónea'. Y la fórmula que propone es simple. ‘El señor Tacla puede ir a la embajada de Panamá en España y rendir testimonio consular y eso se documenta por el denunciante en su escrito de denuncia', de modo que tenga valor legal.
En el caso de que sea el propio Varela el que deba rendir cuentas sobre los cuestionamientos en su contra, que incluyen, al parecer, haber recibido dinero de la constructora brasileña a través de una allegada y dos proveedores de la licorera de su familia, Araúz recuerda que la legislación le permite prestar declaración por escrito, aplicando el artículo 2106 del Código Judicial, entendiendo que esos procesos (Odebrecht) se adelantan bajo las reglas del sistema mixto.
‘Si la citación corresponde a un expediente donde su testimonio es como testigo, será a cargo de la fiscalía que adelante las investigaciones y si fuese como investigado, no cabe lo anterior y todo se celebra en la Asamblea de diputados, la única que podrá someter a los rigores de una investigación al presidente de la República, primero existiendo una denuncia, luego admitiéndola y luego colocándolo en estado de imputación de cargos', precisó.
Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, recordó que la denuncia presentada en la Asamblea y tramitada en la Comisión de Credenciales realizará un análisis no solo legal, sino político de la admisión o no de una denuncia contra el presidente de la República. ‘Y el denunciante no debe dejar a las omisiones legales o jurídicas el motivo de su rechazo', añadió.
A su entender, ‘las circunstancias actuales ameritan que la sociedad tenga claridad de que las funciones judiciales en la Asamblea se hacen con carácter político y eso no contribuye a satisfacer las demandas de verdad y justicia real que la sociedad merece'.
FUENTE: Ana Cerrud - http://laestrella.com.pa
