La Fiscalía ha pedido la apertura de una causa por sedición en la Audiencia Nacional para investigar los incidentes en las manifestaciones celebradas tras los registros y detenciones del 20 de septiembre. El Ministerio Público ve indicios de la comisión de este delito, penado con hasta 15 años, en el comportamiento de algunos concentrados durante los últimos días. En su escrito apunta directamente a los responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ònmium Cultural, que promovieron, en su opinión, acciones violentas.Atribuye, en concreto, esta conducta delictiva a las "personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones" pero también a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas" que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".
Así, ha presentado una denuncia que ha correspondido al juez Ismael Moreno, que instruyó la causa contra los titiriteros. En ella incluye los datos de distintos actos que considera tumultarios, como el acoso ejercido contra las delegaciones judiciales que se personaron en las Consellerías de Economía, Hacienda y Exteriores para los registros o los ataques a vehículos de la Guardia Civil. Ahora el magistrado tendrá que pronunciarse sobre si la admite a trámite.
Estos comportamientos, a su entender, encajan en la comisión de este delito. La sedición, regulada en el artículo 544 del Código Penal contempla penas de hasta 15 años para los que se alcen "pública y tumultuariamente" e intenten "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes" también para los dificulten la acción de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público" que trate de ejecutar "resoluciones administrativas o judiciales”.
El escrito, el Ministerio Fiscal describe lo sucedido en Barcelona desde el pasado miércoles cuando "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados" para impedir a los agentes de la autoridad que desarrollaran su trabajo. Con el transcurso de las horas, individuos que no han podido ser identificados "pincharon las ruedas" de coches de la Guardia Civil, cortaron calles, colocaron cordones humanos para impedir que los agentes se llevaran a los detenidos y desencaderon, en resumen, "situaciones de gran tensión". "La turba destrozó tres vehículos oficiales", destaca.
La Fiscalía indica que este panorama provocó que el juez encargado de la operación contra el referéndum, el 13 de Barcolena, llamara por teléfono al Mayor de los Mossos para ordenarle expresamente que activara dispositivos de seguridad. La comisión judicial desplegada en distintos edificios oficiales no podía abandonarlos. El panorama en la calle era tan grave que la secretaria judicial tuvo que salir de madrugada y por una azotea, del edificio de Economía.
Disparos para evitar un ataque
El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo dedica un capítulo a los acontecimientos de la sede de la CUP y resalta que, en este punto, los agentes tuvieron que realizan disparos al aire para evitar el ataque a un furgón policial. También pone de manifiesto la resistencia al registro que debía practicarse y destaca que se repartieron pasquines a favor de la consulta. También reproduce los episodios de ataques y agresiones en la sede del PSC.
El escrito pide al juez que abra actuaciones por estos hechos y que dirija oficio a la Guardia Civil para que elabore un atestado con "todas las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" en cumplimiento de las resoluciones dictadas por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
FUENTE: Con información de B. PARERA - https://www.elconfidencial.com
