El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dado órdenes a las fiscalías de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona para que abran diligencias de investigación con el objeto de esclarecer los actos de cooperación para la celebración del referéndum por parte de más de 700 alcaldes de municipios catalanes. En una instrucción hecha pública este miércoles, Maza recuerda que el Tribunal Constitucional ha prohibido los actos de organización de la consulta ilegal y ha ordenado notificarlo personalmente a todos los ediles.A pesar de ello, la Asociación Municipios por la Independencia ha hecho público que "un nutrido grupo de alcaldes" ha firmado un decreto para poner a disposición del Govern los locales municipales necesarios para colocar las urnas el 1-O. Por ello, reclama que, además de iniciar la investigación de estos actos, se cite a declarar a todos ellos como investigados. Si no comparecen, se les detendrá, agrega, acción que deberán realizar los Mossos d'Esquadra. Según el listado que maneja el Ministerio Público se trata, en concreto, de 712 alcaldes rebeldes.
La instrucción concreta, además, que a la vista del elevado número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población. En la lista de ayuntamientos figuran Girona, Vic, Manresa y Martorell, entre otros de alta población. También están Villanova i la Geltrú, Reus, Vilafranca del Penedés y municipios relacionados con los atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils, como Alcanar o Subirats.
"La notoriedad de la prohibición de los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin" sea constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, este último penado con hasta ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por hasta 20 años, destaca Maza.
También pone de manifiesto que el Govern continúa con los preparativos y ha contactado con todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma exigiendo que pongan a su disposición los locales. Da traslado a las cuatro fiscalías de la carta que envió el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con esta orden, y destaca que a él y a sus 'consellers' ya les investiga por estos hechos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En cumplimiento de una segunda instrucción, en este caso remitida por el fiscal jefe de Barcelona, las cuatro fiscalías provinciales han cursado nuevas órdenes a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Incluyen a las policías locales de todos los ayuntamientos catalanes, que hasta el momento no habían sido avisadas, en la obligación que ya afecta a los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil para que como agentes judiciales procedan a investigar cualquier hecho encaminado a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o a celebrarlo.
FUENTE: Con información de B. PARERA - https://www.elconfidencial.com
