Por: Álvaro Alvarado - No soy abogado ni pretendo serlo, pero eso no me impide analizar desde mi perspectiva como periodista y ciudadano panameño la grave crisis que atraviesa una vez más la justicia panameña.Quiero remontarme a mediados de la década del 80, cuando el magistrado Camilo Pérez Hernández escribió en su columna ‘Bona Fide', que se publicaba en el Diario Crítica, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) era como un potrero lleno de garrapatas, al referirse a la justicia panameña en esa época en la que el país se encontraba secuestrado por la dictadura militar.
Quince años después, se registra una situación que activa nuevamente el debate sobre la justicia en Panamá, esta vez la presidente Mireya Moscoso designa a su amigo, el ministro Winston Spadafora, y a su compadre, el legislador Alberto Cigarruista, como magistrados de la CSJ. Estas designaciones, que fueron ratificadas en la Asamblea Nacional (AN), estuvieron empañadas por el fantasma del soborno, aunque ambos abogados rechazaron tales aseveraciones. En ese entonces se registró en Panamá uno de los escándalos políticos más grandes de la historia, cuando el legislador Carlos Afú salió en TV mostrando fajos de billete que le fueron entregados a él y a otros legisladores para que aprobaran el Contrato-Ley del Cemis. Por ese caso, en el que se mencionaron nombres de varios políticos, todo el mundo salió ileso, reinando la impunidad una vez más.
En marzo del 2005, todavía los panameños teníamos en la mente aquella imagen del legislador Afú con los fajos de billetes en la mano, cuando el magistrado Adán Arnulfo Arjona denunció a varios de sus colegas por decisiones tales como la puesta en libertad de personas investigadas por narcotráfico, homicidio, tráfico internacional de armas, descongelamiento de bienes y denegación de acceso ciudadano a información pública. Ante esos serios señalamientos de Arjona, el abogado Florencio Barba Hart presentó ante la AN una denuncia contra los magistrados de la CSJ; estas denuncias nunca fueron investigadas y Arjona jamás se presentó a la AN a sustentar lo que dijo.
‘La Corte Suprema de Justicia, una empresa delictiva', fue el titular de La Prensa el 25 de mayo del 2011, basado en información obtenida de Wikileaks, donde la entonces embajadora de EE.UU. en Panamá, Linda Watt, reporta: ‘Los magistrados administran justicia como una empresa delictiva (racket)', en la que se manejan ‘cifras de seis dígitos o mas'. El reporte de Watts deja entrever que en ese entonces la Corte no impartía justicia sino que vendía sentencias al mejor postor. William Eaton y Barbara Stephenson, sucesores de Linda Watts, compartieron la misma preocupación y 12 años después seguimos hablando de lo mismo.
En el período 2009-2014, Ricardo Martinelli designa 5 magistrados de la CSJ, en medio de serios cuestionamientos de diferentes sectores del país. El 14 de abril del 2011, José Abel Almengor tuvo que renunciar al cargo, después de ser objeto de varias denuncias por su supuesta vinculación en un complot para sacar del cargo a la entonces procuradora Ana Matilde Gómez.
El 5 de marzo del 2015 otro de los magistrados nombrados por Martinelli fue condenado a 5 años de cárcel por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos. El 19 de junio de 2015, renuncia el magistrado Víctor Benavides, quien era investigado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y contra la libertad e integridad.
El jueves 14 de enero de 2016, el magistrado Harry Díaz reconoció la injerencia del expresidente Ricardo Martinelli en elección de José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega como presidente y vicepresidente de la CSJ. Díaz describió la forma como en enero del 2016 se alinearon los planetas para la reelección de Ayú Prado con el apoyo de los recién nombrados magistrados Cedalise y Russo.
Hoy, 30 años después, Camilo Pérez debe estar revolviéndose en su tumba al ver que, con el pasar de los años, las garrapatas han ido creciendo, destruyendo la poca confianza que le quedaba a los panameños en la justicia.
Hace unos días escuché al presidente expresar su supuesto malestar por lo que está aconteciendo con la justicia e informar al país que se había reunido con el presidente de la CSJ, con el fin de buscarle una solución a la crisis, pero me pregunto yo, ¿si los principales responsables del problema pueden ahora ser parte de la solución? Evidentemente, el presidente Varela no puede negar su corresponsabilidad en esta crisis, ya que su mano está metida en la selección de dos magistrados y en la reelección de Ayú Prado como presidente de la Corte.
PERIODISTA
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