Luego de que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, emitiera un pronunciamiento en el que condenaba acciones del Órgano Judicial, representantes de la Asamblea Nacional han confirmado que atenderán las denuncias que se presenten contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Esto coincide con una campaña emprendida por medios de comunicación y sectores ligados al Gobierno que han aupado desde la semana pasada sacar de sus puestos a los magistrados al considerar que no han desempeñado su rol y desfavorecen las acciones de los fiscales del Ministerio Público.
Se trata de presiones hacia el Órgano Judicial por la nulidad de procesos en los que se ha comprobado que han habido violaciones al debido proceso por parte de fiscales, lo cual daría lugar a que desde la próxima semana, un grupo de juristas que promueven las acciones del Ministerio Público acuda a la Asamblea Nacional para presentar las denuncias.
En ese sentido, la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, se mostró favorable, al señalar que el Órgano Legislativo está en su "derecho de hacer su trabajo y respetar el debido proceso".
"Nosotros como órgano respetamos la separación de poderes, y el Ministerio Público en todas sus investigaciones tiene que hacer su trabajo, y somos respetuosos de cada quien", dijo Ábrego ayer.
Paralelo a esto, se pudo confirmar ayer la alternativa que había sido denunciada por varios sectores de la sociedad civil, quienes consideran que el Gobierno tiene intenciones de extender su mandato más allá de los cinco años que permite la Constitución, con la excusa de entrar en un proceso para modificar la Carta Magna.
Al respecto, el diputado panameñista Gabriel "Panky" Soto explicó que ha hecho un llamado al presidente de la República porque el país necesita una constituyente y todos los elementos que están surgiendo (...) demuestran que se necesita un cambio de su Carta Magna.
"Ya el presidente ha sido informado, y es él quien lidera este proceso; la historia lo ha puesto para dejar un legado institucional que permita al país descansar en sus instituciones y crear confianza en el pueblo panameño", indicó el diputado de Arraiján.
"Estamos caminando en contravía de eso y si el camino correcto es la constituyente, creo que el presidente de la República tiene la capacidad y el talento y, probablemente, las condiciones de iniciar el proceso de cambio que le permita a este país tener instituciones sólidas y sanas que reciban el respaldo de la ciudadanía", destacó.
No obstante, algunos juristas han lamentado que se esté fraguando una especie de asalto a la constitucionalidad, debido a la peligrosidad de llevar a cabo este proceso al final del mandato del presidente Varela.
Ante esto, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal manifestó que se debe tener mucho cuidado con el "golpe de Estado" técnico promovido por el Gobierno, ciertos medios y los que se visten de luto para apoyar a la procuradora general de la nación, Kenia Porcell.
A su vez, el analista Cristóbal Silva cuestionó que el presidente Varela hablara de una constituyente, luego atacó a la Corte Suprema de Justicia, y grupos de izquierda lo apoyan.
Proceso retrasado
Entre las principales promesas de campaña del presidente Juan Carlos Varela estuvo realizar un llamado a la constituyente en sus primeros años de gestión, sin embargo, este proceso ha tardado más de lo previsto.
Varela dijo que su principal obra sería "dejar una democracia funcional al servicio del pueblo, y en junio del 2016 manifestó que este año se trabajaría una hoja de ruta para hacer las reformas necesarias a la Constitución.
El mandatario aseguró que a más tardar el 30 de junio de 2017, su viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, junto a la sociedad civil propondrían al Ejecutivo el camino para hacer cambios constitucionales con el mayor consenso posible.
Pacto de Estado por la Justicia, en espera de cambio a la Carta Magna
La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia fijó las bases para llevar a cabo un proceso constitucional, sin embargo, no ha recibido los informes que fueron establecidos para adelantar este proceso.
La comisión dividió tareas en frentes de trabajo que verían la creación de un Tribunal Constitucional, selección de magistrados y procuradores, y juicio de funcionarios.
En este sentido, el procurador general de la administración, Rigoberto González, propuso la entrega de un informe de las comisiones para ahondar en los detalles pertinentes, no obstante, se desconocen avances en este sentido.
Ello involucraría a sectores de la sociedad civil que requieren analizar las modificaciones.
Implica también que los cambios a la Constitución Política sean presentados al final ante la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia para llevar a cabo una decisión: luego pasar la propuesta al Ejecutivo o al Judicial, quienes tienen el poder para presentar el proyecto de cambio a la Carta Magna.
FUENTE: Con información de Jason Morales Valdés - http://panamaamerica.com.pa
