viernes, 29 de septiembre de 2017

(Panamá) Procuraduría propone ley que genera rechazo en los gremios periodísticos

Un proyecto de ley que impulsa el Ministerio Público para adecuar el Código Penal a las nuevas conductas delictivas derivadas del uso de sistemas informáticos, tiene visos de inconstitucionalidad y viola la libertad de expresión, según algunos voceros de gremios de periodistas consultados por La Estrella de Panamá.

La iniciativa presentada este miércoles por el procurador encargado, Rolando Rodríguez, ante la Asamblea Nacional pretende, explicó el funcionario, ‘proteger la información y tipificar conductas delictivas.

La conclusión de periodistas consultados por este medio es distinta. Dicen que atenta contra la libertad de expresión y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

En las modificaciones que propone el Ministerio Público para tipificar los delitos relacionados con el cibercrimen hay dos artículos cuestionados. ‘Quien sin autorización del destinatario inicie la transmisión de múltiples mensajes desde o a través de un sistema informático o electrónico con el propósito de engañar, confundir, causar daño o la destrucción de un sistema informático o electrónico será sancionado con prisión de cuatro a seis años', es el artículo Artículo 289-B de la propuesta.

A juicio de Atenógenes Rodríguez, presidente del Cómite de Ética del Consejo Nacional de Periodismo, la ambigüedad de este artículo es ‘realmente peligrosa', más aún porque tiene connotaciones penales.

Rodríguez está convencido de que aunque el espíritu de la propuesta se refiere los hackers puede aplicarse al uso de redes sociales en general y el acceso a cuentas de personalidades públicas.

Este artículo, según el periodista, entra en directa contradicción con los avances logrados con la despenalización de la calumnia e injuria en Panamá.

‘Hay que oponerse rotundamente porque si esto se aprueba no solo nos afecta a nosotros sino a todo el que hace uso de las redes sociales. Este tipo de proyectos sin consultas son inaceptables', concluyó Rodríguez.

‘Quien sin autorización se apodere o utilice datos almacenados en un sistema informático o electrónico total o parcialmente será sancionado con prisión de cuatro a seis años', señala el artículo 290-A. Es otro de los artículos cuestionados de la iniciativa presentada a la Asamblea.

El periodista Rafael Candanedo considera que este proyecto es contrario a las disposiciones constitucionales. ‘En su afán censor confunden la jeringa con el pitongo', cuestiona.

Candanedo pide aplicar leyes existentes y no pretender nuevas normas que obstaculicen los derechos alcanzados por la sociedad: ‘la libertad de expresión, bien social de carácter inalienable, un derecho fundamental y no una dádiva'.

El también docente considera que este tipo de ideas debe darse a conocer mediante un debate en donde se fortalezca la libertad de expresión y el derecho a la información.

Recordó que desde la Asamblea se ha intentado limitar la libertad de expresión so pretexto de controlar las redes. Desde 2014 se han presentado seis propuestas, incluida esta, para restringir la libertad de expresión ante la Asamblea Nacional.

FUENTE: Con información de Marlene Testa - http://laestrella.com.pa
 

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