Transparencia Internacional (TI) pidió hoy al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que nombre el reemplazo de un magistrado del Supremo destituido en 2015 y que dote del presupuesto necesario al sistema judicial como muestra de su voluntad de "lograr una Justicia independiente, imparcial y expedita" en el país.En un comunicado difundido este viernes, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño del TI, indicó que esas dos acciones puntuales se pueden llevar a cabo en el corto plazo y están dentro de la esfera de acción constitucional del presidente.
TI sustentó su pedido en el hecho de que en las últimas semanas funcionarios del Ejecutivo, incluido Varela, "han hecho declaraciones al favor del cumplimiento de la Justicia, especialmente frente a los casos de corrupción que están siendo investigados por el Ministerio Público y aquellos que ya se encuentran con llamamiento a juicio".
"Hacemos un llamado al Ejecutivo para que demuestre su voluntad de lograr una Justicia independiente, imparcial y expedita con dos acciones puntuales", como son el nombramiento del reemplazo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna y el otorgamiento de "las partidas presupuestarias necesarias para reforzar la administración de Justicia en todas sus ramas".
Esto demostraría "a la ciudadanía y a todos los estamentos de la administración de Justicia un compromiso de hechos y no de palabras", añadió la organización no gubernamental.
Moncada Luna, designado magistrado de la CSJ en 2010, fue sentenciado en marzo de 2015 por la subcomisión de Garantías del Parlamento a cinco años de cárcel por falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito luego de que las partes alcanzaran un acuerdo, y paga su condena en la cárcel El Renacer, en las afueras de la capital.
El presidente de la CSJ, José Ayú Prado, dijo el jueves en el Parlamento que pidió un presupuesto de 346 millones de dólares para 2018 pero que el Ministerio de Economía y Finanzas le asignó 159 millones de dólares, informaron hoy medios locales.
Por su parte, el Ministerio Público (MP-Fiscalía) informó el miércoles que solicitó una partida presupuestaria para 2018 de 151,19 millones de dólares pero el MEF recomendó una de 116,66 millones de dólares.
En las últimas semanas el sistema judicial panameño ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a su actuación frente a casos de corrupción de alto perfil que involucran a empresarios y a antiguos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Las críticas han recaído tanto en los jueces del Supremo, tras la filtración a la prensa de un fallo de abril pasado que dejó sin efecto parte de la investigación de la compra supuestamente irregular de unos radares a Italia, como en la Fiscalía, por las supuestas fallas en las investigaciones y las extralimitaciones de los fiscales.
El propio presidente Varela denunció el pasado 31 de agosto que en la CSJ se están dando "situaciones muy delicadas" y que así se lo hizo saber a Ayú Prado, a quien exigió que les ponga fin.
Varela habló ese día de la necesidad de que la Corte Suprema "avance a exigir transparencia", para dejar atrás "todo este tema que se habla de ocho jueces que están pidiendo sean investigados por vender fallos, que se habla de amiguismo, de tráfico de influencias".
Dos gremios que agrupan a jueces y magistrados de Panamá exigieron el pasado lunes que tanto la independencia del poder judicial como los fallos que emite sean respetados, y expresaron su repudio "al debate mediático" al que son sometidos sonados y polémicos procesos judiciales en el país.
FUENTE: Con información de EFE - http://laestrella.com.pa
