La Guardia Civil está investigando a los Mossos d'Esquadra por la presunta falsificación de las notas informativas que redactaron sus agentes para dejar constancia de la actuación del cuerpo en el dispositivo de seguridad del referéndum del 1-O. El Instituto Armado dispone de indicios que acusan a los mandos de la policía autonómica de manipular las actas de sus subordinados para tratar de encubrir la connivencia de la institución con los organizadores de la consulta y su negativa a obedecer las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que había conminado a los Mossos a colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir la apertura de los colegios electorales.La Guardia Civil ya aportó hace dos semanas a la Audiencia Nacional y al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un exhaustivo informe con fotografías e imágenes que confirmarían que los Mossos no solo permitieron la celebración del referéndum, sino que llegaron a enfrentarse a los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil para tratar de impedir que se llevaran las urnas y el resto del material electoral. La Fiscalía sostiene que esas informaciones son suficientes para enviar a prisión al 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por un delito de sedición. Pero la instructora de la causa en la Audiencia Nacional, la jueza Carmen Lamela, ha preferido avanzar en el esclarecimiento de los hechos ordenando este miércoles a la policía autonómica que identifique a los agentes que destinó a frenar el 1-O y recabe su versión de los incidentes.
La dirección de los Mossos ya se había adelantado a ese movimiento para tratar de contener los daños. Pidió a los efectivos que intervinieron que remitieran a los jefes de sus respectivas comisarías, antes de este miércoles, una nota informativa con el detalle de su actuación durante la consulta. Y este jueves terminaba el plazo para que los jefes elevaran a su vez un informe de resumen de las actas a la Comisaría General de Información, que está centralizando todo lo relacionado con el 1-O por orden de Trapero. Lo lógico es que se hubiera encargado de estas pesquisas la Comisaría General de Investigación Criminal, pero la dirección política de los Mossos tiene más afinidad con Información.
El proceso de redacción de las notas ha generado enormes tensiones internas. Fuentes del cuerpo aseguran a El Confidencial que los agentes habrían estado recibiendo presiones de sus superiores para intentar condicionar su relato de los hechos y lograr que trasladen la sensación de que hicieron todo lo posible para cerrar los colegios electorales y que únicamente desistieron por la avalancha de ciudadanos que protegía su perímetro.
Los sindicatos de la policía autonómica han recibido un bombardeo de llamadas en los últimos días de agentes preocupados por los efectos que podría tener la redacción de ese documento. La percepción generalizada es que sus jefes los han puesto entre la espada y la pared. Aunque es evidente que la cúpula del cuerpo maniobró para facilitar la votación y desobedecer la orden del TSJC, los 'mossos' temen represalias penales por reconocer su pasividad en la actuación. Asimismo, aceptar las presiones de los mandos para tratar de construir un relato alternativo les expone, como mínimo, a un delito de falso testimonio. La mayoría de los agentes creyó que la responsabilidad del operativo recaería únicamente en la cúpula.
La Guardia Civil dispone de pruebas adicionales que acusan a 'mossos' alineados con la dirección del cuerpo de haber confeccionado actas en nombre de sus compañeros para trasladar la imagen de que la institución respetó las directrices judiciales, en contra de lo que han acreditado tanto la Guardia Civil como la Fiscalía, que denuncian su “flagrante inacción”. Además, mandos de Información de la policía autonómica de la máxima confianza de Trapero llevarían días analizando las actas originales de los agentes para tratar de depurar los elementos más comprometedores.
Las pesquisas ya han permitido determinar que el 1-O, a pesar del reto que suponía cerrar 2.315 puntos de votación, la dirección de los Mossos concedió libranzas y descanso al 33% de la plantilla del Brimo, la unidad antidisturbios del cuerpo. Otro tercio de los 500 efectivos que componen esa sección estuvo en su cuartel general realizando labores de entrenamiento y formación. Solo una tercera parte del Brimo salió a la calle ese día, pero se limitó a recorrer discretamente las calles del centro de Barcelona. Ante las imágenes que probaban el pasotismo del cuerpo, los mandos decidieron enviar a algunos efectivos de la unidad Arro, también con capacidad antidisturbios, a poblaciones de Girona, pero tampoco cerraron ningún colegio.
Con el despliegue diseñado por el cuerpo, de solo dos agentes de seguridad ciudadana por centro, era imposible bloquear el referéndum. “La mayoría de los agentes tenían órdenes verbales, no por escrito. El 1 de octubre se les dijo que se desplazaran a los colegios electorales y que se llevasen comida. Que acabarían su trabajo al sacar las urnas. Si había mucha gente y eso no podía ser, debían pedir refuerzos de orden público. Y así se hizo. Lo que pasa es que todos sabían que no había refuerzos, ya que no había personal, por lo que la pasividad ante el referéndum fue total. Todo fue una gran comedia”, explican fuentes de los Mossos a El Confidencial.
La dirección de los Mossos ha intentado negar las acusaciones de la Fiscalía alegando que detuvo la votación en 99 colegios. Sin embargo, se trata de centros que solo suman un censo de 93.905 electores, el 2,8% de los 5,3 millones de ciudadanos que estaban llamados a votar. No es la única irregularidad detectada. La Generalitat reconoce en sus datos de la consulta que, en realidad, se votó en esos puntos y que el número de síes fue incluso superior al total de la población que debía acudir a los 99 centros. En opinión de los investigadores, la supuesta actuación de los Mossos en esos puntos solo tenía como objetivo “maquillar ante jueces y fiscales un determinado número de actuaciones” en connivencia con los organizadores del referéndum para que “pudieran incumplir las leyes y el Estado de derecho celebrando el referéndum con total impunidad”.
Hay tantas dudas sobre el respeto a la legalidad de los Mossos que, en lugar de pedirles información, la jueza Lamela ha oficiado a la Guardia Civil para que se incaute de los datos que guarda la policía autonómica sobre el 1-O y elabore sus propias conclusiones. El pasado martes, investigadores del Instituto Armado se personaron en las instalaciones centrales del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, situado en Reus, para llevarse las grabaciones de las llamadas que intercambiaron los 'mossos' el día de la consulta. El registro duró 11 horas. Y este jueves, agentes de la Guardia Civil acudieron a la comisaría principal de la policía catalana en la región de Poniente, situada en Lleida, para llevarse nuevas comunicaciones del 1-O y realizar el volcado de los teléfono de dos mandos y un agente adscritos a esa zona, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. Ese último 'mosso' habría confeccionado actas del referéndum presuntamente manipuladas.
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - https://www.elconfidencial.com
