Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las entidades civiles que impulsaron en los últimos años las grandes marchas independentistas en Cataluña, fueron enviados hoy a prisión provisional sin fianza por un presunto delito de sedición en relación con incidentes vinculados al proceso separatista catalán.La jueza de la Audiencia Nacional que investiga las movilizaciones que tuvieron lugar en la noche del 20 al 21 de septiembre en Barcelona llegó a esta decisión, muy criticada en el independentismo, tras tomar declaración por segunda vez al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Sànchez, y al de Òmnium Cultural, Cuixart.
La Fiscalía había pedido para ambos prisión incondicional, la misma medida que solicitó por los mismos hechos para el jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluís Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Sin embargo, la magistrada dejó a estos últimos en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.
Sànchez, de 53 años, y Cuixart, de 42, son las primeras personas que entran en prisión en el marco del proceso independentista catalán, que en las últimas semanas propició una crisis sin precedentes con Madrid por el polémico referéndum del 1 de octubre y el amago de declaración de independencia que hizo el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, quien suspendió instantes después sus efectos.
Preguntado hace unas semanas en entrevista con dpa si temía ser detenido, Sànchez aseguraba no tener “especial temor” y tener “la conciencia muy, muy tranquila. “¿Puede llegar? Es posible. Pero no depende de nosotros”, señaló entonces.
Uno de los primeros en reaccionar hoy a la decisión de la jueza fue el propio Puigdemont, quien la tildó de “mala noticia”. “Pretenden encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad”, escribió en Twitter. “Desgraciadamente, tenemos presos políticos otra vez”, añadió posteriormente en un mensaje en inglés.
Otros políticos como el “número dos” del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, o la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, criticaron la medida, que fue considerada “desproporcionada” incluso por el líder de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta.
ANC y Òmnium convocaron protestas para mañana, aunque hoy hubo ya concentraciones en varios puntos de Cataluña, como Barcelona y Girona, para pedir la libertad de los encarcelados, que fueron enviados a la prisión de Soto del Real, en la región de Madrid.
Los hechos por los que se investiga a los líderes secesionistas tuvieron lugar los pasados 20 y 21 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil española registraban la sede del área de Economía del Ejecutivo catalán en el marco de un gran operativo policial contra el referéndum soberanista, que había sido prohibido de antemano por el Tribunal Constitucional español.
Esa misma noche, tras la detención de 14 personas presuntamente vinculadas con la organización de la consulta, grupos de personas se concentraron a las puertas de la Consejería del “Govern” catalán e impidieron así salir a los guardias civiles que se encontraban en su interior, además de destrozar algunos de sus vehículos.
Sànchez y Cuixart son sospechosos de instigar las protestas, mientras que a Trapero y a Laplana se les investiga por una posible pasividad de la Policía catalana, los Mossos d’Esquadra, ante los hechos. Todos ellos están imputados por presunta sedición, un delito penado con hasta diez años de prisión.
En su auto, la jueza Lamela considera a los líderes de la ANC y de Òmnium como los “principales promotores y directores” de las movilizaciones y destaca que “apelaron a la resistencia” con el fin de “impedir la aplicación de la ley”.
En sendos mensajes grabados y difundidos a través de las redes sociales, Sànchez y Cuixart piden serenidad y confianza ante la “represión del Estado”, así como una movilización permanente.
Las medidas cautelares ordenadas hoy por la magistrada podrían suponer un punto de inflexión en la crisis abierta en las últimas semanas entre Cataluña y Madrid, inédita en la democracia española.
Tras suspender la declaración de independencia que él mismo había declarado instantes antes, Puigdemont pidió el pasado martes al Gobierno de Rajoy un “diálogo sin condiciones”, pero Madrid le dio un ultimátum al pedirle que aclarara si declaró o no la secesión.
El plazo finalizó hoy y el líder independentista evitó responder con claridad, lo que puso en marcha una segunda fase en la que Rajoy le pide al líder independentista que dé marcha atrás en su desafío, vuelva a la legalidad y evite así que el Estado intervenga la autonomía de la región española, de 7,5 millones de habitantes.
FUENTE: Con información de DPA - http://sumarium.com
