domingo, 8 de octubre de 2017

(España) El pederasta de Ciudad Lineal acusa a la Policía de ocultar pruebas

La defensa de Antonio Ortiz, condenado a 70 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid por abusar de cuatro niñas, alega ahora ante el Tribunal Supremo que la Policía ocultó pruebas al juez durante la instrucción de la causa. En concreto, en el recurso que ha presentado, el abogado del conocido como pederasta de Ciudad Lineal asegura que los responsables policiales de las pesquisas no mostraron al titular del Juzgado número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, que dirigió la causa, varios retratos robots realizados sobre el sospechoso cuando aún no se conocía su rostro así como las diligencias de identificación del edificio o edificios donde ocurrieron parte de los hechos.
"El tribunal sustentó el fallo condenatorio en la existencia de un solo retrato robot y en la existencia de un solo edificio de características similares a las relatadas por la menor; pero es evidente que las conclusiones a que ha llegado la sala no pueden ser correctas por haberse ocultado el que existieron otros retratos robot y otras viviendas investigadas", asegura la defensa de Ortiz, que relata otra serie de pruebas que, a su juicio, tampoco han sido puestas sobre la mesa del instructor Pérez.

Se trata del hecho de que una de las menores explicara el 6 de octubre de 2014 que la Policía le había exhibido fotografías de Ortiz antes de que este fuera detenido y que ella no le reconoció. "Tal testimonio es sumamente relevante y, desde luego, tiene manifiesta trascendencia para el procedimiento saber a qué menores más se les mostró la fotografía y cuáles, evidentemente ninguno, le reconocieron", señala el letrado, que arguye también que los investigadores "ocultaron a la autoridad judicial los informes remitidos al instructor policial por la Sección de Análisis de la Conducta de la Unidad de Inteligencia Criminal" o el hecho de que "la numeración facilitada por la menor TP3 coincidía con la de homologación del cristal trasero de los vehículos Toyota Yaris o Auris".
"La existencia de la realización de tales diligencias y la ocultación o no remisión a la autoridad judicial de todo ello aparece acreditada por las declaraciones y manifestaciones de todas las menores y de la testigo I. L. Z. tanto en sede judicial como en el juicio oral", argumenta la defensa de Ortiz. "No se puede valorar lo que no consta unido al procedimiento, pero la ocultación de todo ello sí que es trascendente, sobre todo en extremos relevantes cuya ocultación sí afecta al ejercicio del derecho constitucional a la defensa y a un juicio justo", añade.
El letrado cuestiona también el que aparecieran "huellas de la menor TP3 en una funda de plástico de colchón" con la que la niña "ha negado de manera reiteradísima haber tenido relación alguna" o que "aparezcan restos biológicos" de la pequeña "en un domicilio que jamás dicha menor relacionó o identificó con los hechos por ella padecidos". "Según las manifestaciones de la madre del acusado y de la persona que se dedicaba a limpiar el domicilio de la calle Santa Virgilia, en el mismo se habían realizado obras y se había limpiado el suelo varias veces empleando el producto Don Limpio", agrega.

La defensa de Ortiz resume que, al haberse ocultado informes o tergiversado el contenido de los mismos por parte de la Policía a la autoridad judicial, aportando al procedimiento solo lo que perjudicaba a su cliente, los investigadores crearon una "apariencia de culpabilidad" sobre el detenido, lo que lesionaría los más elementales principio del derecho penal y habría causado indefensión al acusado.
Según la Fiscalía, lo apuntado por el abogado del condenado "solo cobra sentido" si se le atribuye a la Policía "una conducta gravemente delictiva" que incluiría "la ocultación de datos que implicaban a otros posibles sospechosos y la orientación del caso completo contra el acusado, sorteando además la vigilancia del juez instructor" y del propio ministerio público "en una labor coordinada por un buen número de policías, todos los cuales habían necesariamente de haber formado parte de una manera u otra en la falsificación de pruebas".
Sin embargo, continúa la Fiscalía, "no se aporta prueba alguna de lo que se afirma" en el recurso de Ortiz, que se limita a "pedir a la sala que se crea que realmente se ha dado una conspiración global de muchas personas contra el acusado inocente hasta el punto de elaborarse pruebas tan sofisticadas como las biológicas obtenidas de muestras en la ropa interior de las víctimas". "La sala de instancia no presta credibilidad a esas afirmaciones y el fiscal ha de darle la razón al tribunal; lo mínimo que habría que pedir a quien realiza tales imputaciones es un atisbo de verosimilitud en su alegación, que mancha la honorabilidad de tantas personas", afirma el ministerio público en su escrito de alegaciones.

"Exigir que en el proceso consten todos los elementos de la investigación policial que se han descartado, que consten los datos de todos los sospechosos que no guardan relación alguna con el recurrente, que consten las razones por las cuales desde un punto de vista policial han servido para descartar líneas de investigación no afecta en absoluto al derecho a un justo proceso", entiende la Fiscalía, que sin embargo alaba la "calidad" del escrito judicial presentado por el recurrente, al que sí critica con dureza en el mencionado punto de la supuesta "conspiración" policial.
"Partir de una afirmación tan grave como la de que ha habido un concierto de muchas personas falsificando pruebas para dejar en libertad a otros sospechosos haciendo recaer en el acusado las culpas de los hechos enjuiciados es un arranque muy endeble como línea de defensa si no se aportan pruebas", apunta la Fiscalía, que no ha dejado de ser contestada por la defensa de Ortiz, que niega haberse referido a tal conspiración en su recurso.
"El fiscal trata de recurrir a la simple alegación de que esta defensa plantea teorías de conspiraciones o confabulaciones contra el detenido para, de esta manera, obviar lo alegado en el presente recurso de casación", arguye. Para ello, añade, el ministerio público "recurre a alegaciones que jamás siquiera se han intentado". "Esta parte imputa al instructor policial la falta de comunicación al juzgado de la realización de multitud de diligencias e informes", responde.

FUENTE: Con información de ROBERTO R. BALLESTEROS - https://www.elconfidencial.com