La Fiscalía española avaló hoy la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum ilegal del pasado domingo en Cataluña, mientras investiga la existencia de un posible delito de odio en las últimas acciones relacionadas con el acoso a los agentes.Según la Fiscalía, la intervención de ambos cuerpos de seguridad (dependientes del Estado español) para despejar la entrada de los puntos de votación en esa región española el 1 de octubre y requisar las urnas, no afectó “en absoluto a la normal convivencia ciudadana”, ya que, actuaron en “legítima defensa”.
En un escrito presentado en un juzgado de Barcelona (noreste), el Ministerio Público recrimina, además, al Ejecutivo regional de Cataluña su “irresponsabilidad” por convocar concentraciones “tumultuarias” y le recuerda el carácter judicial de las intervenciones policiales, que incluían también a la policía autonómica catalana (Mossos D’Esquadra).
Tras los incidentes, el Gobierno regional de Cataluña denunció a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por considerar que sus actuaciones fueron “violentas y desproporcionadas”, y supusieron una “manifiesta perturbación de la paz pública”.
El Ejecutivo catalán denunció además el “claro incumplimiento” de lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que especificaba que las fuerzas de seguridad no podían afectar a la “normal convivencia ciudadana”.
La Fiscalía considera que la denuncia presentada por el gabinete de Puigdemont está “lejos de la realidad” y la califica “general, indiscriminada e inconcreta”, ya que va dirigida a la totalidad de ambos cuerpos.
Fruto de las actuaciones policiales, los propietarios de varios hoteles catalanes en los que se alojan agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil solicitaron hoy que los dejen, hecho que está siendo investigado también por la Fiscalía.
Los hoteleros argumentaron su decisión en que habían sido amenazados de cierre por ayuntamientos gobernados por partidos políticos afines al secesionismo, aunque unos y otros lo negaron poco después en un comunicado.
Para esclarecer lo sucedido, la Fiscalía puso la investigación en manos del servicio especial de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, que abrió diligencias por los delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas “cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española”.
También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña requirió hoy información “detallada” sobre al actuación de la Policía al responsable de coordinar el dispositivo para el referéndum, Diego Pérez de los Cobos, designado por el ministerio español del Interior.
El TSJC le solicita un informe detallado del cometido de cada cuerpo de seguridad, así como de los incidentes ocurridos el 1-O.
FUENTE: Con información de EFE - http://sumarium.com
