Todas las asociaciones de jueces y fiscales se han unido contra la decisión de la Generalitat de Cataluña de montar una comisión para investigar su actuación el 1-O. La comisión, adelantada ha levantado ampollas en el sector judicial, que lo considera un grave ataque a la separación de poderes. En un comunicado, muestra su "rotundo rechazo" a la creación de esa comisión porque "pretende nítidamente interferir" en la actuación judicial."Nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos", concluyen. Además, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pedido a la Abogacía del Estado que recurra el acuerdo de la Generalitat para "restablecer el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo se ha visto conculcado”.
El pasado 10 de octubre, el mismo día que Carles Puigdemont hizo su no declaración de independencia, el 'Diario Oficial de la Generalitat' publicó la creación de por la "Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña". El objetivo era investigar "documentar, determinar y difundir las violaciones de derechos fundamentales de las personas que se hayan producido en Cataluña" durante el referéndum ilegal. La Generalitat se arrogaba la competencia para investigar "de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de aclarar los hechos y evitar la impunidad de los órganos y las personas que sean responsables de los mismos". El objetivo de la comisión es elaborar un informe que permita elevar una demanda de la Generalitat contra el Gobierno español en el Tribunal de Estrasburgo.
El hecho de incluir en su investigación a jueces y fiscales ha encendido aún más los ánimos del sector judicial contra la Generalitat y su decisión de vulnerar la Constitución. Por ley, los jueces solo responden ante el Consejo General del Poder Judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, en representación de los jueces, y la Asociación de Fiscales, La Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independendiente de Fiscales han reaccionado con un duro comunicado.
Comunicado conjunto Asociaciones Judiciales y d Fiscales en relación la "Comisión sobre la violación d derechos fundamentales en Cataluña" pic.twitter.com/NaIP5Xrmuu— APM CATALUÑA (@JuecesAPMCAT) 13 de octubre de 2017
"Dejamos constancia de nuestro rotundo rechazo a la constitución por el Govern de la Generalitat de Cataluña de una 'Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña', afirma el comunicado: "Se trata de un órgano innecesario, porque en nuestro país los derechos fundamentales y libertades públicas están plenamente reconocidos por la Constitución y la Ley y garantizados por los jueces y fiscales integrantes del Poder Judicial, en cuya función constitucional pretende nítidamente interferir". Y concluye: "Nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos, ni menoscabar nuestra independencia, ni devaluar nuestra apariencia de imparcialidad, porque son garantías para todos los ciudadanos".
El sector judicial en general, pero especialmente en Barcelona, está muy molesto con la Generalitat. No solo han intentado llevar a cabo un referéndum suspendido por el Constitucional, sino que achacan a los mossos -hasta ahora policía judicial- una pasividad los días previos al 1-O cuando tenían la orden judicial de cerrar colegios. Con los líderes de la ANC, Òmnium y de los mossos a punto de declarar de nuevo por sedición ante la Audiencia Nacional llega esta comisión para investigar a jueces y fiscales.
Para el CGPJ, supone "una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional"
La reacción no solo ha venido de las asociaciones profesionales. El Consejo General del Poder Judicial ha naunciado que su presidente, Carlos Lesmes, "propondrá de forma inmediata a la Comisión Permanente la adopción de otras medidas en defensa de la independencia de jueces y magistrados". Lesmes ha pedido por carta al abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez, para que recurra la creación de esa comisión al considerar que supone “una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial”.
El Poder Judicial concluye: “Lo que no es de recibo es que el Poder Ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes”, añade en su escrito el presidente del Poder Judicial, que afirma que “el Govern de la Generalitat de Catalunya no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales”.
FUENTE: Con información de RAFAEL MÉNDEZ - https://www.elconfidencial.com
