martes, 28 de noviembre de 2017

(Cataluña - España) El Govern repartió en un documento las competencias del Estado que iba a invadir

El Govern de Carles Puigdemont estaba listo para desconectar Cataluña del resto de España tras la declaración unilateral de independencia (DUI), aunque al día siguiente de proclamarla, sus miembros optaron contra todo pronóstico por fugarse a Bruselas o refugiarse en sus casas. El Ejecutivo de Junts pel Sí manejó solo días antes de la consulta del 1-O un documento que establecía los decretos que debía tramitar con carácter de urgencia cada una de sus consejerías para que la Generalitat invadiera todas las competencias del Estado y forzar de ese modo la ruptura con el marco constitucional.
El documento forma parte de la ingente cantidad de información confidencial sobre el 'procés' incautada por la Guardia Civil en la operación Anubis del pasado 20 de septiembre contra las estructuras de Estado y los preparativos del 1-O, y ya está en poder del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Se trata de una versión avanzada de la lista adelantada por El Confidencial con los 41 decretos diseñados por el Govern para apropiarse de las atribuciones estatales. Ese primer borrador figura como archivo adjunto de un correo recibido el 14 de septiembre por uno de los principales cerebros en la sombra de la independencia, Josep Lluís Salvadó, entonces secretario de Hacienda de la Generalitat y mano derecha de Oriol Junqueras, además de secretario general de ERC.

Una segunda lista descubierta ahora en el ordenador de una secretaria de Salvadó, Mercè Segura, revela que el Ejecutivo de Puigdemont llegó a perfilar incluso qué decretos tenía que tramitar cada departamento de la Generalitat para desarrollar la Ley de Transitoriedad Jurídica de la República (LTJR), la norma aprobada por Junts pel Sí y la CUP en la madrugada del 6 al 7 de septiembre que establecía la ruta de creación del Estado propio. La secretaria de Salvadó tenía en su disco duro hasta cuatro archivos de texto relacionados con el reparto. Todos fueron modificados el 18 de septiembre, es decir, apenas 12 días antes de la votación independentista, otro indicio de que el Govern estaba decidido a formalizar la liquidación del Estatuto de las autonomías y había trabajado concienzudamente para conseguirlo.

La lista también confirma que Puigdemont y sus socios planeaban invadir hasta la última competencia del Estado. Según consta en ese documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, el Departamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda que encabezaba Junqueras debía tramitar los decretos ley para crear el “Banco Central de Cataluña”; la “Autoridad Catalana de Inversiones y Valores” (equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV); el “Fondo de Garantía de Depósitos, Inversiones y Seguros” de la república; la “Autoridad Catalana de la Competencia y de los Mercados” (copiada de la Comisión de los Mercados y la Competencia, CNMC); la Agencia Tributaria independiente, y los decretos ley “general tributario” y del “impuesto sobre la renta de las personas físicas no residentes”.
Por su parte, el Departamento de Educación que dirigía Clara Ponsatí, del grupo que huyó a Bruselas, debía promover cinco decretos de urgencia: “sobre becas y ayudas a la enseñanza no universitaria”; de “regulación de acceso al cuerpo de inspectores de educación” (en la actualidad dependen del Estado); de “creación del registro de títulos académicos y profesionales no universitarios”; de “regulación del procedimiento y las condiciones para la expedición de títulos académicos y profesionales no universitarios”, y de “regulación del funcionamiento y la organización del Registro de la Propiedad Intelectual”.
El Govern también lo tenía todo listo para absorber a los funcionarios del Estado. Según el documento que controlaba Salvadó, el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda que dirigía Meritxell Borrás, en prisión provisional en Alcalá Meco, tenía que aprobar los decretos para la “integración del personal de las administraciones del Estado español en las administraciones de Cataluña, de incorporación de nuevo personal y de creación del Registro de Empleados Públicos” y de “creación de los cuerpos de funcionarios en el ámbito del poder judicial y la administración de Justicia, inspección del Trabajo y Seguridad Social, relaciones exteriores, docencia universitaria y la marina mercante”. Hasta cinco decretos de urgencia de esta consejería iban a servir para que la Generalitat se quedara con los funcionarios y el personal laboral que trabaja en la comunidad al servicio del Estado.

Otra de las consejerías con más encargos era la de Justicia, comandada por Carles Mundó, en estos momentos en la prisión de Estremera. Debía impulsar el decreto para “la transformación del Colegio de Notarios de Cataluña en el Colegio de Notarios y Registradores de Cataluña, y adoptar otras medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito notarial y registral de Cataluña” (básico para el funcionamiento de la Hacienda de la república); el “decreto de urgencia para la creación del Instituto de Medicina Legal y Toxicológica de Cataluña”; el “decreto de urgencia para regular el Registro de Entidades Religiosas”, y aprobar los acuerdos para convocar “plazas de magistrados para ingreso provisional en las salas Civil, Penal, Social y Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo” de la Cataluña independiente, así como el “acuerdo de Gobierno de convocatoria de proceso selectivo de juez y magistrado, letrado de la Administración y Justicia y de abogado fiscal”. El número de plazas aún estaba por determinar.
En total, el Govern casi al completo tenía que poner en marcha más de 40 decretos para desarrollar el Estado propio al día siguiente de la DUI. El poder de estar normas sería casi absoluto. El artículo 32 de la LTJR concedía al Ejecutivo de Puigdemont una capacidad ilimitada para aprobar todos los decretos que estimara por criterios de “necesidad y urgencia”, sin aclarar a qué se referían esos conceptos. Durante los primeros 30 días, ni siquiera era necesaria la opinión del Parlament. Además, esas normas no eran “susceptibles de control por parte del Consejo de Garantías Democráticas”, equivalente al Tribunal Constitucional tras la ruptura con el resto de España.
Los decretos ya estaban redactados. La Guardia Civil encontró uno de ellos encima de la mesa del despacho de Salvadó, dentro de una funda transparente. Según el acta de registro, ahí escondía el “Decreto Ley del Régimen de Integración del Personal de las Administraciones del Estado Español”, junto a “una libreta de espiral con anotaciones manuscritas y un grupo de folios grabados en su interior”. Los agentes lo introdujeron todo en una bolsa de precinto y se lo llevaron. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - BEATRIZ PARERA - https://www.elconfidencial.com