El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil será el encargado de rastrear el origen del 'pendrive' entregado por la Policía Nacional el pasado febrero en plena instrucción del caso Pujol en la Audiencia Nacional después de que uno de los funcionarios responsables de la investigación lo encontrara en su despacho tras ordenar "cajones y armarios". Así lo ha determinado el titular del Juzgado número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, que instruye la causa relativa a la procedencia presuntamente ilícita de este dispositivo después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que dirige la investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol Ferrusola, ordenara derivar esta pieza separada a los tribunales competentes.El magistrado Pérez ha tomado esta decisión tras escuchar en declaración como investigados tanto al que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional durante la época del ministro Jorge Fernández Díaz, Eugenio Pino, como a su asesor Bonifacio Díaz Sevillano, quienes negaron en todo momento haber manipulado el dispositivo. Pino, por un lado, se limitó a señalar que él recibió el 'pendrive' pero que no pudo abrirlo porque estaba encriptado y que lo devolvió enseguida. Díaz Sevillano, por su parte, rechazó siquiera haberlo tenido en sus manos. Ambos están siendo investigados en esta causa por prevaricación, fraude procesal y falso testimonio por aportar un elemento de procedencia supuestamente no acreditada y sin haber cuidado la cadena de custodia.
El titular del Juzgado número 11 ha ordenado a la Guardia Civil, en concreto, que inspeccione los metadatos del dispositivo electrónico con el fin de establecer el trazado de los documentos que almacena así como los ordenadores en los que ha estado, para averiguar quién lo grabó y dónde lo hizo. Pretende de este modo el magistrado marcar la trayectoria seguida por el artilugio desde que fueron introducidos en él los archivos que contiene, así como incluso las computadoras, 'pendrives' o dispositivos previos en los que estuvieron. Si se hubiera roto la cadena de custodia, todo el caso de la familia Pujol estaría en entredicho.
El lápiz de memoria fue entregado a Pino por el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas, según señaló el propio ex número dos de la corporación, quien aseguró que antes también se lo había ofrecido el comisario ya jubilado y ahora detenido en el marco de la operación Tándem, José Manuel Villarejo, por medio millón de euros. El dispositivo contiene información presuntamente obtenida de los registros efectuados por la Policía Nacional en la agencia de detectives Método 3.
La entrega del 'pendrive' al juez De la Mata provocó un airado interrogatorio por parte de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez y del propio magistrado al grupo de policías que coordina la investigación del caso. Tanto la representante del ministerio público como el instructor del procedimiento llegaron incluso a acusar a los funcionarios de haberse guardado información confidencial de sus fuentes en lo que denominaron "discos duros de andar por casa" posteriormente destruidos, y de haber utilizado "información de inteligencia" para señalar a ex altos cargos del PP y amigos del Rey emérito, que es parte de la información que supuestamente aparecería en el dispositivo electrónico y que podría tener su origen en indagaciones del hoy detenido excomisario Villarejo.
La investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol, que coordina el juez De la Mata en la Audiencia Nacional, fue desde el primer momento dirigida sobre el terreno por la Policía Nacional, cuyas pesquisas llevaron a prisión al primogénito del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, y al registro del domicilio y del despacho del exjefe del Ejecutivo autonómico. Tras la mencionada bronca del juez De la Mata y de la fiscal Suárez, este encargo a la Guardia Civil supone un nuevo varapalo a la credibilidad de la Policía que la defensa de los Pujol podría utilizar para poner en duda toda la causa.
La polémica en torno al 'pendrive', sin embargo, no es la única que ha salpicado a los investigadores de la Policía Nacional. La Justicia de Andorra abrió una investigación tras la acusación de los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) contra funcionarios de la Policía Nacional de supuestas coacciones relacionadas con el caso Pujol. En concreto, el expresidente y máximo accionista de la entidad Higini Cierco denunció en agosto de 2016 ante la jueza Canòlich Mingorance, que instruye en Andorra el caso de la supuesta revelación de información confidencial por parte de BPA, que tanto él como su consejero delegado, Joan Pau Miquel, fueron presionados por el entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, para que el banco entregara información financiera sobre Jordi Pujol, Oriol Junqueras, Artur Mas y sus familias.
En concreto, Cierco contó que primero se puso en contacto con él el agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, el funcionario de la Policía Nacional Celestino Barroso, quien en mayo de 2014 le telefoneó y le indicó que "sería conveniente" que se entrevistara con unas personas en Madrid. Ambos interlocutores quedaron luego en persona para hablar con más detalle y fue entonces cuando Barroso le insistió en que tenía que ir a la capital de España o, de lo contrario, el banco caería. Argumentó además que Estados Unidos "estaba al corriente y sabía cómo hacerlo".
Durante su declaración ante el Juzgado número 2 de Madrid, que instruye el caso Nicolás, por su parte, el comisario jubilado Villarejo admitió que estuvo involucrado junto a Martín Blas, cuando ambos aún mantenían buena relación, en la conocida mediáticamente como 'operación Cataluña' para investigar presuntos ilícitos cometidos por dirigentes nacionalistas catalanes.
FUENTE: Con información de ROBERTO R. BALLESTEROS - https://www.elconfidencial.com
