La Fiscalía Especial Anticorrupción recurrió hoy un polémico auto judicial que le ordena concluir las investigaciones y entregar el expediente de un caso de blanqueo relacionado con la multinacional Odebrecht, una decisión que provocó una oleada de críticas y la convocatoria de varias protestas.La institución explicó en un escueto comunicado que el recurso de apelación, suscrito por la fiscal anticorrupción de Panamá, Zuleyka Moore, fue presentado la mañana de este martes ante el Juzgado Duodécimo del Circuito Penal y está dirigido a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.
El pasado 25 de octubre, la juez suplente del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal, Lania Batista, se negó a aprobar una nueva prórroga solicitada por la Fiscalía para seguir investigando el supuesto blanqueo de capitales por parte de Odebrecht a través del sistema financiero panameño para pagar sobornos a funcionarios de la brasileña Petrobras.
La magistrada recordó en ese auto que la Fiscalía podía seguir investigando sin límite de tiempo siempre y cuando no ordenara ninguna detención, ya que en ese caso solo tendría un plazo de 2 meses para concluir las pesquisas.
La Fiscalía decretó el 17 de agosto arresto domiciliario contra el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) Amado Barahona, por lo que el plazo para entregar el expediente del caso concluyó el pasado 17 de octubre, según resolvió la juez.
La decisión de la magistrada provocó una oleada de críticas contra el Órgano Judicial por tratar supuestamente de entorpecer las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht, considerado el mayor caso de corrupción de Latinoamérica.
La propia fiscal general panameña, Kenia Porcell, acusó al Órgano Judicial de propiciar la "impunidad" de los acusados y aseguró que las investigaciones en torno a la multinacional "se han desarrollado en todos los países sin limites de tiempo y sin estrangulamiento judicial a las autoridades de investigación".
Porcell indicó que en este caso aún hay pendientes 3 alertas rojas de prófugos y están en desarrollo 7 acuerdos de pena y colaboración.
La investigación sobre el supuesto blanqueo en el sistema financiero panameño para el pago de sobornos a funcionarios de Petrobas comenzó el 18 de septiembre de 2015 gracias a una denuncia presentada por el excontralor panameño Alvin Weeden.
La juez Batista fue también la que suspendió el pasado 26 de octubre por supuestos problemas técnicos una audiencia pública en la que se tenía que validar el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, mediante el cual la multinacional se compromete a pagar una multa de 220 millones de dólares y a suministrar información sobre los actos delictivos cometidos en el país.
La decisión fue recibida con indignación ya que estaba previsto que durante esa audiencia, que fue reprograma para el próximo jueves, se conocieran los detalles de ese acuerdo y se desvelaran algunos de los nombres de los funcionarios panameños que supuestamente recibieron sobornos de la constructora.
Desde que se iniciaron las investigaciones en 2015, se han retenido al menos 56 millones de dólares en distintas cuentas de Suiza, Andorra y Panamá, y se ha incautado un helicóptero y un lujoso apartamento en España.
Hasta ahora, hay 63 personas imputadas, cuyas identidades se desconocen en su mayoría, salvo las de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que fueron filtradas a la prensa local.
FUENTE: Con información de EFE - http://laestrella.com.pa
