El Órgano Judicial reveló una serie de restricciones para asistir a la audiencia de validación del acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público (MP) y los representantes de la constructora Odebrecht, que se realizará mañana 9 de noviembre en el Salón de Casación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Aunque la audiencia se mantiene como de carácter ‘público', habrá limitaciones que incluyen a los representantes de la empresa, la defensa, los periodistas y hasta el Ministerio Público.
El juez Décimo Segundo de Circuito Penal de Panamá, Oscar Carrasquilla, estableció un reglamento que fue comunicado por la oficina de prensa del Órgano Judicial.
En el documento se establece que se contemplan diez cupos para el Ministerio Público, tres para la defensa, dos para los representantes de la constructora, cuatro para otros defensores del expediente principal, veinte para los periodistas, uno para la Secretaría de Comunicación de la Corte y veinte para
Gremios profesionales y la sociedad civil. En total son 62 cupos.
Como es usual en las audiencias, se advirtió que no se permitirá grabación de audio, video ni toma de fotografías.
El uso de celulares dentro del salón de audiencias está prohibido. Los teléfonos celulares o cualquier otro medio tecnológico quedarán en custodia del departamento de seguridad.
Los asistentes serán revisados por el personal de seguridad del Órgano Judicial antes de ingresar al recinto. Se deberá guardar el orden y la compostura propia de la ocasión, absteniéndose de dar voces o de hacer señales de aprobación o de censura, como lo establece el artículo 2234 del Código Judicial.
En esta audiencia se someterá a consideración del juez Décimo Segundo la validación de los acuerdos 03 del 26 de julio de 2017 y 05 del 30 de agosto de 2017. Como parte de la audiencia se realizarán intervenciones vía Skype con personas que darán testimonios desde el consulado de Panamá en Brasil.
Esta es una audiencia de control mediante la cual el juez de la causa seguida a Andre Luiz Campos Rabello, Olivio Rodrígues Junior y otros, por la supuesta comisión del delito contra el orden económico, en perjuicio del Estado, hace una evaluación del contenido de un acuerdo de colaboración.
La importancia de esta audiencia, desde el punto de vista jurídico, radica en que formaliza un acuerdo que previamente se encontraba en manos del MP y los investigados. ‘No es otra persona que el juez de la causa quien dice que esto es válido', explicó Juan Carlos Araúz, espec ialista en derecho procesal.
IMPORTANCIA DEL ACTO
Desde el punto de vista de la sociedad, la audiencia es la primera aproximación a los hechos perpetrados por la constructora Odebrecht en Panamá.
‘Es una aproximación a la realidad de los hechos que tanto cuestionamiento han tenido. Permitirá tener certeza de las personas que están vinculadas', añadió Araúz.
Según el abogado, también dará la certeza de que la justicia panameña está avanzando, aunque sea ‘a su ritmo'.
En su opinión, lo más importante de este tipo de audiencias es que al darse públicamente permite que la justicia disipe dudas sobre el desarrollo de las investigaciones. ‘El acceso público permite conocer a profundidad los límites de los acuerdos alcanzados', concluyó.
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), espera que el juez determine que las delaciones sean públicas para que los panameños puedan saber quiénes participaron del esquema de Odebrecht.
‘Los panameños deben estar atentos a esta audiencia. Es el caso de corrupción más importante de Panamá y América Latina', añadió la representante de la sociedad civil.
Planells concluyó que en las delaciones deben salir los nombres de los implicados. ‘Lo importante es que sean de acceso público para que no puedan procesar a unos sí y a otros no. Queremos saber sobre todos los que participaron del esquema'.
El acuerdo pactado obliga a la constructora brasileña a no dar menos información de la que ha entregado a otros países.
Por este caso, la fiscal Zuleyka Moore ha implicado a 63 personas, ha emitido tres alertas rojas y 57 asistencias judiciales. Hay, además, siete acuerdos de pena en desarrollo. Odebrecht consiguió contratos por más de $9,000 millones en Panamá, desde 2004 hasta la fecha. Según confesó la empresa, pagó $59 millones en coimas a funcionarios y políticos entre 2009 y 2014, durante la presi dencia de Ricardo Martinelli.
En esta audiencia debe presentarse una auditoría que establezca las condiciones financieras de la empresa para hacerle frente a una multa de $220 millones que le impuso Panamá por usar el centro financiero panameño para mover dineros para pagar sobornos a funcionarios y políticos.
La constructora pagará $22 millones anuales por doce años. Los pagos deben ser hechos al Tesoro Nacional. Si la empresa incurre en atrasos, deberá pagar un 5% de penalidad, indicó el MP.
Este acuerdo entre el MP y Odebrecht debe ser validado por un juez que determine la capacidad financiera de la empresa. Además, debe ser aprobado por la Contraloría de República.
APOYO TÉCNICO
La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) dará soporte a los equipos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la audiencia de homologación del caso Odebrecht, confirmó Irving Halman, administrador de esta entidad.
El apoyo se dará luego de que la AIG recibiera una solicitud del Juzgado Duodécimo para realizar una inspección de la conectividad de internet, debido a que en la audiencia anterior se reportaron algunas complicaciones técnicas, lo que llevó a suspender por esta causa la audiencia de homologación.
De acuerdo con Halman, hasta el momento desconocen qué ocurrió el pasado 26 de octubre cuando se suspendió la audiencia debido a problemas técnicos, pero revisaron las facilidades y se hicieron una serie de recomendaciones previas a la próxima citación.
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FISCALÍA APELA FALLO DEL CASO ODEBRECHT
La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Especial Anticorrupción presentó oportunamente la sustentación del recurso de apelación en contra del fallo dictado por el Juzgado Duodécimo del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, del 25 de octubre de 2017, por medio del cual negó la extensión del término de dos meses para concluir las investigaciones de un caso de blanqueo de capitales seguido a la constructora Odebrecht y ordenó a esa agencia de instrucción remitir el expediente con la respectiva vista fiscal.
La formalización del recurso fue presentada ante el Juzgado Duodécimo del Circuito Penal y fue dirigida a la autoridad de segunda instancia, que corresponde a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. El documento fue suscrito por la Fiscal Zuleyka Moore, que solicitó revocar el auto impugnado.
El pasado 25 de octubre, la juez suplente del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal, Lania Batista, se negó a aprobar una nueva prórroga para seguir investigando el supuesto blanqueo de capitales de Odebrecht.
FUENTE: Con información de Marlene Testa - http://laestrella.com.pa
