miércoles, 1 de noviembre de 2017

(Panamá) Lo que mal empieza, mal acaba (Opinión)

Por: Álvaro Alvarado - Todavía tengo en mi mente las acusaciones realizadas por el candidato Juan Carlos Varela en contra del Gobierno de Ricardo Martinelli durante la campaña electoral del 2014. En ese momento las palabras más utilizadas por el candidato Varela para atacar a su adversario, el candidato oficialista, José Domingo Arias, eran sobrecostos, sobreprecios, coimas y corrupción. Recuerdo con claridad las promesas del candidato panameñista que reposan en ese folleto que aún guardo en mi oficina y que contemplaba: eliminar la prescripción de los delitos de corrupción y sancionar el clientelismo político.
Los corruptos no podrán regresar al Estado por nombramiento ni por elección ni por contrato. Establecer mecanismos que ofrecieran a los funcionarios y a los ciudadanos estímulos y garantías necesarias para denunciar supuestos actos de corrupción. Un sistema de compras y contratación abierto, competitivo y transparente con monitoreo público y altos estándares de probidad a proveedores y sanciones ejemplares.

Varela prometió llevar ante la justicia a todos los corruptos, sin importar cuál sea o haya sido su cargo o sus conexiones políticas. En materia de administración de justicia prometió adecentar y fortalecer el Órgano Judicial y el Ministerio Público de manera que la justicia fuera independiente, accesible, eficiente, expedita, transparente e igual para todos. ‘Para adecentar el sistema, removeremos, por las vías constitucionales y legales, a los que no cumplan con la ley'.

En su propuesta de Gobierno, Varela se comprometió a impulsar reformas y recomendaciones consensuadas en el Pacto de Estado por la Justicia, en el anteproyecto de constitución de la Comisión de Notables, en el Foro Panamá 2020 y en otros mecanismos de diálogo y concertación.

Otro compromiso fue garantizar la imparcialidad de la justicia, separando la administración de justicia de la administración de los despachos judiciales y para ello impulsarían la creación del Consejo Superior de la Judicatura. Además, convocaría a una Asamblea Constituyente Paralela.

Si estas promesas se hubiesen cumplido de forma integral, hoy, 40 meses después de su llegada al poder, viviríamos en un mejor país. Faltó voluntad para cumplir con lo prometido o simplemente fue un anzuelo que nos tiraron para que compráramos esa propuesta que al final, al menos en estos puntos, no se ha cumplido.

¿Cómo puede el presidente hablar de independencia de la justicia cuando fue él, según Ramón Fonseca Mora, quien consiguió los votos para que José Ayú Prado fuera reelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)?

Hoy, veo un creciente malestar hacia la administración de justicia de este país por su inacción en la lucha contra la corrupción, pero no veo a nadie apuntar los cañones hacia el Gobierno y hacia la clase política. Son ellos los que por años han diseñado y alimentado este sistema de justicia inoperante y manipulable, con el fin de evitar ser procesados al final de cada periodo presidencial.

¿Cuándo fue la última vez que en este país se condenó a un diputado o a un magistrado por corrupción, exceptuando el caso Moncada Luna que todos sabemos estuvo rodeado de matices políticos muy profundos? ¿Cuándo fue la última vez que en este país se condenó por corrupción a un ministro de Estado o a un presidente de la República en ejercicio? ¿Cuándo fue la última vez que en este país se condenó por corrupción a un empresario allegado al Gobierno de turno?

¿Cómo puede el presidente hablar de contratar en su Gobierno empresas con altos estándares de probidad, cuando todas las empresas que hicieron negocios con la pasada administración están haciendo negocios con el actual Gobierno?

¿Cómo puede el presidente criticar el clientelismo político de la pasada administración, mientras se pasea junto a varios de sus funcionarios y copartidarios regalando colchones, rastrillos y bolsas de comida por diferentes regiones del país?

Sr. Presidente: Ud. habló de remover, por las vías constitucionales y legales, a todos aquellos funcionarios judiciales deshonestos, sabiendo que no era un tema de su incumbencia. Habló de llevar a la CSJ gente con independencia y probidad; sin embargo, en la primera oportunidad nombra a dos perfectos desconocidos, cuya experiencia y trayectoria todavía está siendo cuestionada. La primera señal que dieron de esa independencia fue postular y votar por José Ayú Prado para presidente de la CSJ.

Estoy claro en que tenemos que salir a cuestionar el papel de los administradores de justicia y exigirles que hagan su trabajo, pero también apunto mis señalamientos al Órgano Ejecutivo que tiene igual o mayor responsabilidad por todo lo que está pasando en nuestro país.

PERIODISTA

FUENTE: Álvaro Alvarado - http://laestrella.com.pa