Al despacho de la juez Lania Batista, del juzgado Décimo Segundo Penal, se presentó el martes pasado un recurso del abogado Jahir Urriola para que se declare improcedente la apelación que anunció la Fiscalía Especial Anticorrupción en el expediente 05-2017, por el fallo que efectuó el 25 de octubre sobre el caso Odebrecht.Urriola sustenta que el Segundo Tribunal Superior ha manifestado con anterioridad la no viabilidad de este tipo de resoluciones, y que dicha acción, el anuncio de la fiscal Zuleyka Moore, viola de manera clara el principio de igualdad contenido en el artículo 18 de la Constitución, que dispone que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas.
Por tanto, la actuación del funcionario de instrucción, al anunciar un recurso de apelación en contra de una resolución contra la que sabe no es procedente, viola y vulnera el principio de legalidad.
‘Señora juez, nuestra oposición al recurso presentado por el Ministerio Público no sólo trata de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismos, ya que ellos no se conciben como fin, sino como medios para alcanzar los objetivos de la justicia y la seguridad jurídica. Sino asegurar que, a través de su observancia, resulten protegidos los derechos de nuestro representado y muy especialmente el que tienen todas las personas de obtener justicia pronta. La tutela para esta clase de transgresiones se deriva de la enorme trascendencia de los derechos que, por razón de la falta de cumplimiento de garantías, como debido proceso, justicia en tiempo razonable y presunción de inocencia resultan afectados de modo irreparable, por lo que el Ministerio Público debe cumplir con el mandato de los artículos 2033 y 2034 del Código Judicial y lo ordenado por su despacho en forma inmediata', se lee en la objeción de Urriola.
En el caso de Odebrecht, la jueza había negado a Zuleyka Moore una prórroga de dos meses para remitir la vista fiscal. La juez basó su decisión, entre otras razones, en que había ocho detenidos en el caso. Anteriormente, el juzgado había concedido una prórroga a la Fiscalía hasta tanto se agotara la investigación, siempre y cuando no se registraran detenciones. En tal caso, correría a partir de dicha detención el término de dos meses para remitir el expediente con la vista fiscal para no caer en violación del debido proceso. El primero en ser detenido, el 17 de agosto de 2017, fue Amado Barahona, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero.
Tras la protesta pública de la Procuradora Kenia Porcell ante la decisión de la jueza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia emitió posteriormente un comunicado en el que señaló que la Fiscalía contaba con tres días hábiles para sustentar el recurso.
A esto es a lo que se opone el defensor Jair Urriola, el firmante de esta petición especial y representante de Humberto De León, detenido el 11 de septiembre en el centro penitenciario El Renacer, junto a otros procesados en este expediente de tres casos acumulados.
No es la primera vez que Moore apela una decisión del juzgado que es de obligatorio cumplimiento.
Ya existe un pronunciamiento, un antecedente, que emitió el Segundo Tribunal en estos menesteres. A finales de diciembre de 2015, cuando la Fiscalía Anticorrupción interpuso un recurso ante este tribunal oponiéndose a la decisión del Juzgado Quinto, que le había negado una prórroga en el caso de los radares. Entonces, el Tribunal Superior decidió que era improcedente su impugnación y lo sustentó basado el artículo 2425 del Código Judicial, que establece el listado de decisiones contra las cuales cabe el recurso de apelación y excepcionalmente aquellas que expresamente lo señalen.
Entre otras razones, el Tribunal Superior indicó que el anuncio que hizo la Fiscalía en 2015, al igual que el que efectuó el 25 de octubre en el caso Odebrecht, está sujeto a reglas que establece el artículo 2033 del Código Judicial, que dicta el plazo de la investigación. Este artículo subraya que en procesos donde existan detenidos no puede haber prórroga indefinida para la investigación.
El tiempo de los tres expedientes que han sido acumulados en uno solo expiró el 17 de octubre. En este proceso se encuentran vinculados José Domingo Arias, excandidato presidencial del partido Cambio Democrático (cautelar impedimento de salida); Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas (detenido); Ricardo y Luis Martinelli Linares (prófugos); Jaime Ford, exministro de Obras Públicas de la administración Martinelli; el empresario José Luis Saiz (detenido), exempleado de la banca; Humberto de León (detenido); Carlos Ho, exdirector de proyectos especiales (detenido); Demetrio Papadimitriu, exministro de la Presidencia (cautelar de país por cárcel); Federico Suárez, exministro de Obras Públicas (fianza de excarcelación); Riccardo Francolini, exempleado de Ricamar (fianza de excarcelación), entre otros.
Moore intenta probar el delito de blanqueo de capitales en las transferencias efectuadas a través de las sociedades Constructora Norberto Odebrecht, Oseal Angola D. S., Odebrecht Servicios No Exterior, Ltd, y Oseal, por las que pasaron millones de dólares de los sobornos confesos.
La investigación de Brasil, revela las transacciones originadas de varias sociedades de Constructora Norberto Odebrecht a Constructora Internacional del Sur por $50 millones, dinero que se transfirió a tres de cinco sociedades panameñas encargadas de pagar coimas a través de bancos suizos.
La investigación nace a raíz de una denuncia presentada por Alvin Weeden, pero posteriormente se acumularon otros dos expedientes y a todos se les venció el tiempo de investigación el 17 de octubre, dos meses después de la detención de Barahona.
El Ministerio Público reclama que para el proceso en curso utilizó el marco de ley la 121 de 2013 para casos complejos y de alto perfil.
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OTRAS INVESTIGACIONES
Una comisión independiente para el caso Odebrecht
La idea de instalar una comisión especial que se encargue exclusivamente de las investigaciones de alto perfil divide opiniones.
Ante el riesgo de que cinco casos de alto perfil concluyan sin dirimir responsabilidades, tal como lo anunció en días pasados la procuradora Kenia Porcell, y tras las fricciones registradas entre el Órgano Judicial y el Ministerio Público, Magaly Casillo, representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia, ha impulsado la creación de esta comisión, que integrarían fiscales y jueces independientes, capaces de llevar a buen puerto estas sumarias.
Esta comisión, según Castillo, puede asemejarse a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que posee muchos de los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajo las leyes guatemaltecas, en las Cortes de ese país. Castillo indicó que en el caso de Panamá, esta Comisión Internacional podría estar apoyada por Naciones Unidas, como el caso de Guatemala, o por la Organización de Estados Americanos. ‘Esto daría más independencia a las pesquisas y más tranquilidad a la ciudadanía de que los casos se van a investigar', indicó Castillo a La Estrella de Panamá .
En la misma dirección, otros grupos cívicos, como Movin, promueven que se nombren juzgado y fiscalía especial solo para tratar el caso Odebrecht ‘con profesionales capaces, valientes e independientes', como se hizo en Perú y ‘caiga quien caiga'. ‘Existe una desconfianza ciudadana muy justificada. Este caso afecta a intereses muy poderosos, políticos y económicos', apuntó Annette Planells, que respalda la alternativa.
El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Héctor Cotes, indicó que la sugerencia ‘aún no se ha planteado como una alternativa en las mesas de trabajo que intentan hacer propuestas para mejorar la justicia y añadió que hasta ahora analizan el tema con los recursos que existen. ‘Con las instancias que existen se puede resolver si existe voluntad', dijo el empresario que animó, sin embargo, a defender el Estado de derecho ante la crisis que enfrenta la justicia.
‘Un pueblo sin justicia está condenado a la impunidad y un futuro desalentador', indicó Cotes en la sede de Apede, durante la ceremonia por el Mes de la Patria.
Para Ebrahim Asvat, abogado y analista político, otorgar soberanía judicial a un organismo internacional sería descabellado. ‘Esa función es del Estado y van a querer venir aquí y luego no se van a querer ir porque estarán muy cómodos con los jugosos salarios que ganarán', apuntó tras recordar que, en Guatemala, por ejemplo, tienen cientos de personas trabajando en forma paralela al Ministerio Público y ‘se ha convertido en un desastre'.
Propone, sí, una Constituyente. ‘Que se nombre a una serie de figuras idóneas que recojan los principios democráticos, y blindar el tema de corrupción sobre la prueba idónea, el contubernio entre el Legislativo y el Judicial', acotó.
FUENTE: Con información de Adelita Coriat - http://laestrella.com.pa/pa
