lunes, 6 de noviembre de 2017

¿Pero esto sirve para algo? Por qué son importantes todos los ‘papeles’

A vuelta con los paraísos fiscales. OffshoreLeaks en 2013, la lista Falciani con sus secretos suizos y los acuerdos secretos de las multinacionales con Luxemburgo en 2015, los papeles de Panamá en 2016 y luego más acuerdos secretos, pero esta vez de futbolistas, con FootballLeaks. Y ahora, los Paradise Papers. ¿De verdad sirve para algo tanto rodillo informativo sobre los paraísos fiscales? La pregunta es legítima.
Hace menos de una semana, el gigante de la consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC) avisaba a sus clientes que los tiempos de laxitud con las jurisdicciones no cooperativas se han acabado. "Dentro de muy poco, la opinión pública juzgará con una gran carga emocional el hecho de que las empresas estén pagando lo que deben pagar. Ya no será aceptable que no se pague la justa proporción de impuestos o que se utilicen cuestionables paraísos fiscales".

La opinión pública se mueve y los gobiernos toman nota. El mismo Ejecutivo español no se vio dispuesto a que el hoy exministro José Manuel Soria siguiera en el cargo tras haber tenido intereses en una sociedad 'offshore'. En Malta, el impacto de los papeles de Panamá forzó elecciones anticipadas, y en Islandia todavía no se ha resuelto la crisis política suscitada por la caída de su primer ministro. En Pakistán, el jefe del Gobierno cayó más de un año después de la publicación de los primeros archivos de Mossack Fonseca, el despacho panameño protagonista de los 'papers' de 2016.

Más presión política... y más dinero
A nivel político, las investigaciones periodísticas sobre el mundo 'offshore' tienen incluso consecuencias menos visibles. Como reconocía Mohamed el-Erian, jefe asesor económico de la multinacional de servicios financieros Allianz, uno de los efectos secundarios de revelaciones de este tipo es que "los gobiernos empiezan a fijarse no solo en la evasión fiscal, sino también en la elusión". Dicho de otra forma, intentan cerrar los agujeros legales explotados por grandes fortunas y multinacionales, como era el caso de los acuerdos secretos —y, para su legislación, perfectamente legales— de estas últimas con Luxemburgo, desvelados por LuxLeaks. Tras esas revelaciones, en las que participó este diario, la Comisión Europea —así como varios estados miembros— ha puesto en el foco los trucos contables de Amazon, Starbucks y Apple, entre otras grandes compañías.

Y la presión política, en estos casos, deriva fácilmente en impacto económico. Gracias a la lista Falciani, que destapó en 2009 las cuentas bancarias del HSBC de Ginebra ocultas al fisco de varios países del mundo —y cuyos detalles saltaron a la prensa en 2015—, el Estado español recaudó información de 659 supuestos defraudadores seleccionados entre los alrededor de 3.000 nombres a los que tuvo acceso. Hacienda recuperó 260 millones de euros, además de otros 50 millones que ingresó la hacienda de la Comunidad de Madrid. Y también está entrando dinero a la caja del Estado a través de los juzgados. La pasada semana, el patrón de la marca de ropa Pepe Jeans pactaba pagar 10,4 millones de euros para evitar la cárcel.

En el caso de Mossack Fonseca, las sociedades creadas por un despacho en un territorio que, sobre el papel, ya no era problemático para España, han supuesto que la Hacienda pública dejara de ingresar al menos 520 millones de euros, según los resultados de un estudio encargado por el Parlamento Europeo.
El uso de sociedades radicadas en paraísos fiscales tiene además un impacto directo sobre la riqueza de los países. De acuerdo con las estimaciones del economista Gabriel Zucman, las multinacionales redistribuyen artificialmente alrededor de 600.000 millones de euros cada año utilizando los paraísos fiscales, una cifra equivalente a la mitad del PIB español. Según los cálculos de Zucman, el 10% de la riqueza mundial se oculta en jurisdicciones secretas.
El dato de la amnistía fiscal española de 2012 —anulada este año por el Tribunal Constitucional— dejó en evidencia la predilección de los españoles por este tipo de territorio. Ese año, de los 91.000 millones de euros declarados por los contribuyentes a través del modelo de declaración de bienes en el extranjero (modelo 720), más de la mitad tenía origen en alguno de los 46 estados que mantienen algún tipo de ventaja fiscal, financiera o bancaria. Es decir, uno de cada dos euros estaba en paraísos fiscales.
Más datos (para todos)
El mismo concepto de 'paraíso fiscal' está cambiando, y la presión es cada vez mayor sobre los países que todavía no han dado el visto bueno a los intercambios automáticos de información tributaria. Antes de final de este año, la Unión Europea presentará un listado de jurisdicciones no cooperativas. Y, como en el caso de los citados acuerdos con Luxemburgo, se está prestando más atención a las normas de estados de la misma UE: una delegación del Parlamento Europeo viajará el próximo 13 de noviembre a la isla de Malta —un Estado europeo considerado poco cooperativo por parte de la OCDE— para revisar sus prácticas en materia de lavado de dinero. Los límites legales que quedan para trampear se van estrechando.
Estas investigaciones están abriendo al público información que estaban ocultas a todos, autoridades incluidas
Quizás el mayor legado tangible de estas investigaciones —y en particular de las que coordina el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)— es la apertura de datos a los que no habría habido forma de acceder. Gracias a los últimos trabajos del consorcio, en la página web offshoreleaks.icij.org se puede acceder a más de medio millón de sociedades 'offshore' y a sus representantes legales. Es decir, se pueden consultar datos que hasta ahora estaban ocultos a cualquiera, autoridades incluidas. Cuando se incluya la información de los Paradise Papers en esa base de datos, 19 jurisdicciones opacas dejarán de serlo. Con un clic.
Esta información ha sido de interés para investigaciones de la Audiencia Nacional o incluso para casos todavía en instrucción en la Fiscalía Anticorrupción, como ocurrió con el caso Defex. Y también para la Agencia Tributaria: la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) pidió al Sepblac informes sobre 209 sociedades que se encuentran en la base de datos de bufete panameño Mossack Fonseca. La ONIF es la encargada de analizar datos e informaciones y elaborar los informes que se entregarán a las fiscalías, las cuales serán las encargadas de decidir si existen evidencias o no de delito. El servicio de prevención de blanqueo dependiente en última instancia del Ministerio de Economía también ha realizado 14 informes sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados con personas físicas o sociedades relacionadas con el despacho.

FUENTE: Con información de DANIELE GRASSO - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)