Nacionalización de las redes de transporte de energía, incautación de los inmuebles de Bankia, creación de una banca pública partiendo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), prohibición de los zoológicos, negativa a pagar la deuda, nacionalización de los sectores privatizados en los últimos 40 años, paralizar los grandes proyectos de líneas de muy alta tensión o los de BCN World, abolir los transgénicos, establecer un arancel para los productos agrícolas de fuera, control férreo de los medios de comunicación, reparto de las frecuencias radioeléctricas (un tercio, para el nuevo Estado catalán, un tercio 'comunitario' y un tercio, en manos privadas), paralización de la terminal de cruceros en el Puerto de Barcelona, incautación de puertos y aeropuertos en manos de Aena, mayor presión fiscal sobre los capitales o prohibición de los desfiles militares.No es una utopía: es la república catalana que nos espera si los radicales independentistas tienen la llave de la gobernabilidad. El programa electoral de la CUP es pródigo en propuestas descabelladas y peca de infantilismo en muchos de sus puntos. Los anticapitalistas consideran que la construcción de soberanías en el Estado español pasa por "tejer redes de contrapoder y de autogestión" y claman por "trabajar de forma sistemática para recoger simpatías y alianzas para el proceso de construcción republicano por todos los Països Catalans [o sea, Cataluña, Valencia, Baleares, la Franja de Aragón y el sur de Francia], favoreciendo los movimientos políticos y sociales que ya se están desarrollando en la línea de cuestionamiento del régimen del 78".
Los radicales se alegran de la fuga de empresas de Cataluña. "Un país privatizado difícilmente puede ser instrumento de construcción de soberanías", dicen en su programa. Y añaden: "Podemos ver que con el chantaje de las empresas que cambiaron su sede social haciendo el juego al Estado español, se demuestra que cuanta menos dependencia tenemos de estas grandes empresas financieras, energéticas y de infraestructuras, más soberanos somos. Difícilmente podremos construir la república catalana si tenemos un país privatizado".
Una de las principales bazas es la creación de una banca pública a partir del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Ha de ser, argumentan, "una banca ética, de proximidad". Y ha de participar en el capital social de empresas en sectores que se consideren importantes. Se trata de un intervencionismo creciente del Estado en la economía productiva, similar a la estatalización de la antigua URSS. "También habría de ser una herramienta para ayudar a nacionalizar aquellos sectores privatizados en los últimos 40 años y aquellos que se considere que han de ser de propiedad colectiva", subrayan.
En este sentido, proponen "recuperar todas las propiedades en manos de la SAREB en territorio catalán para destinarlas a aumentar el parque público de vivienda de alquiler social". Y "recuperar como propiedad pública todos los activos en territorio catalán de Bankia, controlada en más de un 60% por el FROB. Esto ha de servir para comenzar el despliegue por el territorio de la nueva banca pública comercial".
Aranceles a los productos agrícolas
Paralelamente, propondrán "suspender inmediatamente el pago de la deuda y decretar el impago definitivo de la usura legalizada hasta resolver las necesidades de las clases populares", así como "potenciar una red de entidades públicas desobedientes con la deuda".
La CUP quiere la nacionalización, "por razones de interés general de todas las redes de transporte y distribución de energía". Y, paralelamente, "paralizar los grandes proyectos de infraestructuras energéticas, como el MidCat o las líneas eléctricas de Muy Alta Tensión (MAT) que solo benefician a las grandes empresas energéticas y que van contra el modelo de soberanía energética".
En el apartado agrícola, los radicales proponen "tierra para todos", en el sentido de las reivindicaciones revolucionarias en las sociedades rurales del pasado siglo. Dice el programa: "Es preciso proteger la estructura minifundista como conquista histórica y garantizar el acceso a la tierra como un derecho de ciudadanía y como hecho constitutivo de la nueva república catalana". En este sentido, su intención es la limitación de las importaciones "como acto de soberanía (…) Es preciso que la república catalana ejerza la soberanía alimentaria priorizando las producciones propias, reconociendo el carácter de servicio público del oficio de 'pagès' e implantando aranceles a la entrada de alimentos exteriores que pueden ser cultivados en los Països Catalans". Paralelamente, abogan por la abolición de los transgénicos.
En el terreno de las infraestructuras, apuestan por la "apropiación, por parte de la Generalitat, de todos los kilómetros de vías —e infraestructuras asociadas— propiedad del Estado español que hay actualmente en Cataluña". Y pone el punto de mira en las comunicaciones gestionadas por Abertis, compañía a la que cita expresamente: reclama "obtener la titularidad de aquellas infraestructuras públicas gestionadas por el Estado español" y "revertir hacia la gestión pública las infraestructuras actualmente gestionadas por empresas privadas, suspendiendo los procesos de privatización o de renovación de concesiones de infraestructuras en marcha y recuperar aquellas otras que han sido privatizadas". Tras este planteamiento, detalla que no se ha de renovar "ninguna concesión de autopistas de peajes" y se ha de "crear una empresa pública que gestione las autopistas". Al mismo tiempo, quiere "aumentar la presión tributaria sobre los grandes gestores de infraestructuras en Cataluña mediante la introducción de impuestos específicos".
Control de medios de comunicación
Los independentistas apuestan, asimismo, por unos medios de comunicación de gestión pública potentes. Pero, al mismo tiempo, promoverían "medios de comunicación comunitarios". O sea, colectivizados. El espacio radioeléctrico catalán se dividirá en tres sectores, a repartir a partes iguales entre medios públicos, comunitarios y privados, "un tercio para cada uno". Y apunta a que pondrán el punto de mira en MoviStar+ y en Netflix para que utilicen el catalán en sus emisiones.
En el campo de la vivienda, quieren que se reserve "el 20% de los metros horizontales para viviendas de alquiler social en construcciones de más de 1.250 metros cuadrados". En materia de justicia, además de prohibir que se pueda interferir en la "recuperación de las soberanías", proponen una Ley de Procedimiento penal que evite "la persecución política" y una "Ley de anulación de los procesos políticos contra el independentismo y el resto de luchadores por la justicia social". Asimismo, exigirán "modificar el papel de la Generalitat de Cataluña en los procedimientos contra disidentes políticos y activistas sociales que se encuentran encausados penalmente por su intervención en huelgas, acciones de protesta y manifestaciones, provocando la retirada de acusaciones de la Generalitat". Ello implicaría la retirada de la acusación pública en procedimientos por alteración del orden público, algaradas y destrozo de mobiliario urbano, en causas en las que muchos acusados tienen vinculaciones con la CUP.
Los independentistas también quieren recuperar el patrimonio inmobiliario militar y "prohibir los actos de exaltación militar y de legitimación de la violencia y de las armas y no permitir los desfiles militares y otros actos de este tipo en espacios civiles". Asimismo, detalla que su intención es "evitar la presencia del Ejército y de las fuerzas policiales en cualquier centro educativo de formación y evitar también que estén presentes en espacios educativos y promocionales [en un punto que va dedicado a prohibir la presencia del Ejército español en el Salón de la Infancia o en el Salón de la Educación]" y "prohibir las maniobras militares en espacios no estrictamente militares y desautorizar la participación y la presencia de aviones de combate en exhibiciones aéreas como la Fiesta del Cielo en cualquier municipio donde se celebre".
Cargarse el turismo
Los radicales quieren, asimismo, paralizar "la licitación para la construcción de la nueva terminal F de cruceros en el Puerto de Barcelona" y "nacionalizar los bienes comunes como el agua, el litoral o el suelo, que se convierten en elementos esenciales en la construcción de una nueva república". En este sentido, anuncian que sacarán a la empresa Agbar y a sus filiales de la gestión de agua de Cataluña, que neutralizarán el Plan Hidrológico Nacional, que derogarán el Plan de Gestión de Cuencas Internas, que revisarán la Ley de Política Territorial (vigente desde 1983), la Ley de Urbanismo (vigente desde 2002), el Plan Territorial General de Cataluña (vigente desde 1995) y los Planes Territoriales Parciales. También tienen en cartera paralizar la tramitación de todos los Planes Directores Urbanísticos, y suspenderán los planes urbanísticos del Circuit de Catalunya, del Delta del Llobregat y del Centro Recreativo de Vilaseca/Salou, lo que significaría dar la puntilla al megaproyecto de BCN World.
Por otro lado, apuestan por la supresión "inmediata" de la Agencia Catalana del Turismo, la anulación de la calificación de 'municipio turístico', la reinstauración del impuesto del juego del 55% y la suspensión "de la opción de compra por 110 millones de euros que la Generalitat de Cataluña tiene sobre 150 hectáreas de terreno del centro recreativo turístico Vilaseca/Salou, actualmente propiedad de Caixabank". Ello significa un torpedo a la línea de flotación del sector del turismo, la primera industria de Cataluña.
En el plano laboral, los radicales prometen "otorgar papeles de residencia sin necesidad de tener contrato laboral". Y también una jornada laboral de 30 horas semanales "a corto plazo", con jubilación a los 60 años y "un año sabático voluntario y pagado cada 10 de trabajadores con derecho a conservar el mismo puesto de trabajo". Como guinda, la promesa estrella: un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros.
En materia de seguridad, apuestan por la abolición de las unidades de investigación de la policía y la disolución de la Brigada Móvil "y su reconversión en efectivos en otros ámbitos más prioritarios, como la protección de víctimas de la violencia de género y otros colectivos víctimas de discriminación y violencia estructural".
Por último, figura en su programa "prohibir los zoológicos, colecciones, espectáculos y exhibiciones de animales". También detallan que no permitirán "espectáculos y festividades que impliquen padecimiento físico o mental de los animales. Esto implica prohibir los 'correbous', las procesiones y rúas con animales". Asimismo, anuncian "la eliminación de la caza como ocio, excepto en casos de sobrepoblación de especies, debidamente acreditada por los organismos correspondientes" y la prohibición de la "compra-venta y tráfico de animales de compañía".
FUENTE: Con información de ANTONIO FERNÁNDEZ - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
