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jueves, 21 de diciembre de 2017

(España) Indra prescinde del CEO y nombra una nueva consejera de su negocio estrella

El consejo de administración de Indra se reúne hoy para aprobar cambios relevantes en la primera línea ejecutiva. La principal decisión será la salida de Javier de Andrés como consejero delegado, cargo que desaparecerá de la estructura directiva. Al mismo tiempo, el órgano de gobierno de la compañía presidida por Fernando Abril-Martorell nombrará a Cristina Ruiz como consejera y máxima responsable del negocio de Tecnología de la Información (IT), división que se agrupará en una nueva filial 100% de Indra.

Según han confirmado fuentes próximas a las partes, Indra ha pactado con De Andrés su salida de la multinacional tras seis años como consejero delegado. El 'chief operating officer' (COO), como se conoce en la terminología británica, deja la sociedad al considerar que su papel como número dos ha acabado una vez finalizado el anterior plan estratégico y lanzadas a finales del pasado mes de noviembre las nuevas líneas maestras de lo que Abril-Martorell quiere que sea la nueva Indra.


De Andrés ha colaborado estrechamente con el presidente en la adquisición y posterior integración de Tecnocom, la primera gran operación de compra realizada por Indra tras el desembarco de Abril-Martorell a finales de enero de 2015. Pero considera que en la nueva organización, en la que cada división tiene un director ejecutivo, su responsabilidad era menos relevante, por lo que ha acordado su marcha de la compañía participada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) —18% del capital— y Corporación Financiera Alba (10%).

Su salida irá acompañada del pago de un bonus variable de unos tres millones de euros por el cumplimiento del Plan Estratégico 2015-2017 y del desembolso de los 4,9 millones de euros acumulados en concepto de plan de pensiones. Su contrato no incluía ningún tipo de blindaje ni indemnización adicional.

El directivo, que ocupó este puesto también durante los últimos años de mandato bajo la presidencia de Javier Monzón, fue renovado en su cargo de consejero en la pasada junta general de accionistas, celebrada en junio. En ese momento, el presidente, que asumirá parte de sus funciones, decidió arroparle después de que su nombre se viera envuelto en el caso Púnica. El consejero delegado fue imputado en 2015 por los supuestos pagos a una empresa de la trama corrupta del PP.

Pese a su amistad desde la infancia con Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid con el que compartió colegio en los Agustinos de la calle Padre Damián de la capital, las pesquisas del juez Velasco hasta la fecha no han encontrado ninguna irregularidad que responsabilice a De Andrés de delito alguno. No obstante, los problemas y las sospechas sobre el consejero delegado se reavivaron después de que su mujer, María Fernanda Richmond, directora financiera y de desarrollo de negocio del Canal de Isabel II, entrase en prisión bajo fianza de cuatro millones de euros acusada de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Nueva jefa del negocio mollar
Además de la salida de De Andrés, el consejo de administración de Indra tiene previsto nombrar a Cristina Ruiz Ortega como nueva consejera y máxima responsable del negocio de IT, como se conoce por las siglas en inglés. Ruiz Ortega se pondrá al frente de una división que a mediados del próximo año se separará del resto de actividades del grupo, como defensa y transporte. Por lo tanto, será 'de facto' la nueva consejera delegada de una filial que posteriormente podría ser sacada a bolsa o vendida parcialmente a un socio para acelerar su crecimiento.

De esta forma, Abril-Martorell culmina una revolución en la estructura directiva de Indra, que ha sufrido hasta cuatro cambios significativos desde que el Gobierno le propuso como presidente en sustitución de Javier Monzón. El objetivo último es darle la vuelta a la compañía para intentar remontar en bolsa y que el Estado recupere con creces la inversión que hizo cuando en agosto de 2013 compró el 20% —que estaba en manos de Bankia— por 337 millones. Esta participación vale actualmente 366 millones, pero la SEPI lleva dos años sin recibir dividendos por los malos resultados cosechados en 2014 y 2015.

FUENTE: Con información de AGUSTÍN MARCO - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)

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