La Secretaría de Estado de Seguridad ha diseñado un macrodespliegue policial para garantizar la protección del 21-D. Participarán 10.000 agentes de los Mossos d'Esquadra y 3.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. Además, habrá otros 2.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado en reserva para incorporarse inmediatamente al operativo en el caso de que las circunstancias lo requieran, según han confirmado a El Confidencial fuentes policiales.La prioridad del Ministerio del Interior es garantizar la seguridad de los centros de votación a los que están llamados los 5,3 millones de catalanes que residen en la comunidad (otros 224.844 viven en el extranjero), pero el plan también incluye la protección de los traslados del material electoral y de los centros de tratamiento de datos que intervendrán en el recuento de las papeletas. Entre esos puntos neurálgicos se encuentra el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, que ya fue empleado por el Govern de Carles Puigdemont para gestionar el referéndum ilegal del 1-O.
Sobre las elecciones de este jueves gravita precisamente la tensión que se vivió en la consulta independentista y el temor del Gobierno de Mariano Rajoy a que se produzcan ataques o sabotajes que minen la legitimidad de los resultados. Asimismo, cualquier contratiempo podría minar la imagen de España ante la comunidad internacional. Los partidos y colectivos independentistas, que han negado la autoridad del Ejecutivo central para convocar estos comicios, ya han advertido de que colocarán apoderados en todas las mesas para hacer un recuento alternativo al oficial.
El despliegue diseñado por Interior supone la movilización de casi el 60% de la plantilla total de los Mossos, compuesta actualmente por unos 16.800 agentes. Además, implica la participación de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña desde otros puntos de España en la llamada operación Copérnico. Interior movilizó hasta 6.000 policías y guardias civiles en los días previos al 1-O. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, esa cifra se fue reduciendo progresivamente hasta quedar por debajo de la mitad. Este jueves, los agentes que siguen sobre el terreno se sumarán a los 5.000 policías y guardias civiles destinados de forma permanente en la comunidad.
El Estado también ha dedicado una ingente cantidad de recursos a la ciberseguridad de la votación. Como contó este diario, los expertos prevén que las páginas web oficiales puedan ser blanco de ataques de denegación de servicio o DDoS para impedir que sean visionadas por los ciudadanos. El otro riesgo es que, en paralelo, aparezcan páginas ficticias con datos inventados. El resultado sería un caos informativo que alimentaría las tesis de manipulación electoral que han aireado los partidos independentistas a lo largo de la campaña, aunque los resultados oficiales nunca se verían alterados. El Gobierno, el CNI y las empresas encargadas del procesamiento de datos (Indra) y de las redes de transmisión (Telefónica) han tomado medidas excepcionales para impedir el 'hackeo' del sistema.
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
