miércoles, 6 de diciembre de 2017

(Panamá) Cuestionan juicios mediáticos sin resultados en el Ministerio Público

El Ministerio Público (MP), bajo la administración de la procuradora Kenia Porcell, acostumbra darle un componente mediático a las investigaciones de alto perfil, presentándolas con mucho brío en conferencia de prensa, pero transcurridos los tiempos procesales aparece un denominador común: se debilitan los argumentos y los casos comienzan a caerse.

El emblemático caso Odebrecht retrata esta realidad. Tras una primera audiencia de homologación pública, se evidenciaron acuerdos de recámara hechos a la medida, de acuerdo con el diario Panamá América.

Así lo valoró Severo Souza, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). "Se confirmaron nombres y se validaron acuerdos, pero siento que hasta ahora gana Odebrecht con pago de multa a plazos".

Y el abogado Guillermo Cochez reaccionó al componente político: "La sensación que queda es que la confesión de Andrés Campos Rabello fue pactada con el MP para que no incluyera a miembros del Partido Panameñista y del PRD".

Las contradicciones del MP se hacen más evidentes, cuando no investiga al gobernante Partido Panameñista, que reconoció que recibió fondos de la empresa Odebrecht para la campaña del ahora presidente Juan Carlos Varela.

Tampoco se investiga al diputado oficialista Jorge Alberto Rosas, quien confirmó su relación con la constructora brasileña y que recibió más de 2 millones de dólares.

La propia procuradora Porcell está en mora con el país, ya que había adelantado que en diciembre revelaría nombres ligados al escándalo, promesa que no ha cumplido.

Pero donde la procuradora Porcell sí dio nombres fue en el caso denominado New Business.

El 26 de junio, la jefa del MP revelaba que la primera fase de una investigación que había iniciado en febrero determinaba que la compra de Editora Panamá América S.A. (Epasa) estaba relacionada con la licitación de la autopista Arraiján - La Chorrera.

El manejo mediático dado por el MP al caso New Business fue antecedido por ataques políticos sistemáticos desde la Asamblea, ordenados por el Poder Ejecutivo, a través del diputado panameñista Jorge Iván Arrocha.

Estas componendas motivaron que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock, indicara que estas acciones afectan la libertad de prensa.

"Las declaraciones reiteradas, cobijadas en la inmunidad parlamentaria y sin presentación de evidencias ante la justicia, parecieran que solo tratan de levantar sospechas con la intención de generar una forma sutil de intimidación y de censura", precisó.

Los desaciertos del Ministerio Público también han quedado en evidencia en casos locales como El Gallero, y otros de corte internacional como los Panamá Papers.

En ambos, las inexactitudes de los fiscales han sido fuertemente cuestionadas por el propio Colegio Nacional de Abogados, así como la trama de venganza partidista e injerencia del Ejecutivo, por diversos voceros políticos.

El más reciente caso, Blue Apple, vuelve a mostrar visos de injerencia y selectividad. Incluso, la procuradora declaró "reserva del expediente". Pero se conoció por parte de fuentes vinculadas a este caso que dos importantes constructoras fueron excluidas de esta investigación por presiones políticas y del poder económico.

Injerencia
Para el abogado Sídney Sittón, esto se debe a que los fiscales asignados han sido nombrados de a dedo, no por concurso de méritos, provocando que las investigaciones no sigan el curso de la objetividad y de la independencia, sino de lo que les ordenan sus jefes.

Y sobre la fórmula de presentar casos en los medios y luego luchar para que no se caigan por argumentos débiles, Sittón dijo que "la administración de justicia y el MP andan de rodillas frente al poder político, lo que explica todas esas payasadas llevadas a conferencias de prensa".

Órgano Ejecutivo, inmerso en las investigaciones que adelanta el MP

El presidente Juan Carlos Varela, en reiteradas ocasiones se ha referido a las investigaciones de los denominados “casos de alto perfil”, incluso haciendo llamados públicos para que exfuncionarios devuelvan fondos públicos, supuestamente malhabidos.

Algo que Varela denomina “corrección fraterna”, y que a juicio de juristas, constituye una clara injerencia del jefe del Ejecutivo en potestades que la Constitución solo reserva para el Ministerio Público.

Para el exfiscal auxiliar Neftaly Jaén, todas estas injerencias traerán consecuencias para el sistema, “porque tarde o temprano Juan Carlos Varela dejará de ser presidente”.

El abogado Luis Eduardo Camacho González considera como “evidente” la injerencia de Varela en las investigaciones del MP, al punto de que -indicó- ha tenido conocimiento que la procuradora Kenia Porcell o una de sus fiscales podrían ser ubicadas por el presidente Juan Carlos Varela en la Corte Suprema de Justicia “para protegerlas”.

FUENTE: Con información de http://panamaamerica.com.pa - (PULSE AQUÍ)