"Ocasión perdida" es la expresión que más se ha leído entre las organizaciones y personalidades que han reaccionado a la publicación de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Una lista esperada, sacada adelante en tiempo récord, aupada por el malestar social con las jurisdicciones opacas y en el foco por las revelaciones periodísticas, desde la Lista Falciani hasta los Paradise Papers. Sin contar todos los escándalos nacionales —en España, Italia, Francia o Reino Unido— en los que el investigado de turno acaba relacionado con un país caribeño donde escondía su patrimonio.La lista será la base para las relaciones de los estados miembros y el mundo 'offshore', que esconde el 10% de la riqueza mundial. No es una lista definitiva y se actualizará cada año. Pero con ella, por primera vez, los estados miembros están legitimados para tomar medidas contra algunas de las jurisdicciones más opacas del mundo.
¿Para qué sirve?
La Comisión Europea y el grupo de ministros de Finanzas comunitarios —EcoFin— llevan desde noviembre de 2016 con la idea de plantear este listado, cuando acababa de arrancar la comisión de investigación sobre los papeles de Panamá en el Parlamento Europeo. En febrero de este año, se hizo público que se pasarían bajo escrutinio 92 jurisdicciones sospechosas.
El objetivo, explica la Comisión, es "luchar contra los agujeros en los impuestos nacionales provocados por el fraude fiscal, la evasión y la elusión de impuestos". Y la última parte es la más importante: no solo contra los evasores (personas que claramente cometen una ilegalidad) sino también contra quienes eluden, esto es, intentan evitar o minimizar el pago de impuestos a través de vías legales o poco reguladas.
El planteamiento de un listado, como explica a El Confidencial Ignacio Gordillo, director del Departamento de Fiscalidad Internacional del despacho Montero Aramburu, "es positivo porque armoniza un aspecto más de la tributación directa, lo cual ayuda a mejorar el funcionamiento de Europa como mercado único".
¿Quién está en la lista?
De las 92 jurisdicciones que entraron en el estudio inicial, la lista se ha quedado en 17: Baréin, Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guam, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Túnez.
Las sorpresas —¿Corea del Sur? ¿Desde cuándo?— cobran sentido si se leen los criterios aplicados por la Comisión.
¿Con qué criterios se decide si un Estado es paraíso fiscal?
Hay tres criterios básicos que un Estado tiene que cumplir para no ser tachado de "no cooperativo".
Transparencia fiscal. El país tiene que contar con un sistema de intercambio automático de información ya en marcha, tanto como para tener listos los primeros envíos de datos a otras agencias tributarias a comienzos de 2018. Debe, además, cumplir con los estándares de intercambio exigidos por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). Tiene que contar con acuerdos de doble imposición y de intercambio de información con todos los estados miembros de la UE. Bahréin, Macao, Mongolia o Namibia no cumplen con este y otros criterios.
Justa imposición. El Estado tiene que abolir cualquier tipo de medidas fiscales que favorezcan sus relaciones con algunos estados antes que con otros, sobre todo si estas medidas acaban perjudicando a un Estado miembro. La jurisdicción en cuestión, además, no debe facilitar la creación de vehículos y entramados fiscales 'offshore'. De ahí que países como Palau, Túnez, Corea del Sur o Panamá estén en la 'lista negra'.
Medidas 'antielusión'. Para no ser considerado como no-cooperativo, un Estado no tiene que favorecer las estrategias de planificación fiscal utilizadas por las grandes multinacionales. Santa Lucía o Emiratos Árabes Unidos no cumplen con este criterio.
¿Quién no está en la lista?
Para empezar, no está ningún Estado europeo ni territorios dependientes de ellos. Es algo que la Comisión Europea dejó claro desde que empezó a abordar el tema: lista negra sí, pero de los de fuera. De ahí que Luxemburgo, Suiza, Holanda, Malta, Irlanda, Gibraltar (por pertenecer a un Estado que es —todavía— europeo), Jersey o Andorra no formen parte del listado
Tampoco aparecen las Islas Caimán (al centro de los negocios con Rusia del secretario de Comercio de Estados Unidos), Hong Kong, las Bermudas o la Isla de Man, tan apreciada por el piloto Lewis Hamilton.
Algunos de estos países, asegura la Comisión, han "manifestado su compromiso" de cumplir con los criterios exigidos. Y, por ello, aparecen en el documento de la lista, pero en una 'zona gris': son 47 países que se están portando bien, y, a menos que no cambien de rumbo, no van a ser considerados como no cooperativos.
Además, ha quedado suspendida la valoración de los países caribeños que han sido afectados por el huracán Irma en otoño de este año. De ahí que solo en febrero se conocerá la clasificación de Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EEUU, Dominica, San Cristóbal y Nieves e Islas Turcas y Caicos.
Más allá de las razones oficiales, Oxfam ha llevado a cabo un análisis de decenas de jurisdicciones opacas aplicándoles los mismos criterios que exige la UE. Siguiendo la misma metodología, han conseguido un listado de 39 países.
¿Y esto afecta a España?
España reconoce oficialmente como jurisdicciones no cooperativas a 33 países, de acuerdo con la información que se proporcionó en 2016 a la Unión Europea. Sin embargo, tras la publicación de la nueva 'lista negra', la Dirección General de Tributos de Hacienda volverá a revisar los criterios que aplica. Se espera que para mediados de 2018 se sabrá si habrá que introducir cambios en la normativa actual o no.
Entonces... ¿puedo esconder mi sociedad 'offshore' en Jersey?
Por ahora, sí. Pero solo por ahora. Jersey, como otros países, será monitorizado cada año. Y, al encontrarse entre los estados 'grises', la Comisión Europea deja la puerta abierta a que sus estados miembros puedan aplicar "medidas defensivas" concretas, como retener impuestos a sociedades allí radicadas o desvelar que determinados intermediarios son parte de un entramado de planificación fiscal. Unos detalles que están en la letra pequeña del documento difundido desde la Comisión, pero que, por primera vez, legitiman a los estados miembros a actuar ante el mundo 'offshore'.
FUENTE: Con información de DANIELE GRASSO - https://www.elconfidencial.com
