Por: Antonio Casado - Cinco o seis días de infarto, diría un cronista deportivo. Los que faltan para la sesión de investidura del candidato Puigdemont, un fugado de la Justicia que vive en la pura reiteración delictiva. Se avecina una colisión entre dos fueros. El derecho de participación política de un ciudadano judicialmente encausado pero sin sentencia firme, por un lado. Por otro, el derecho y el deber judicial de aplicar la ley a un presunto delincuente.
“Nuestra obligación es intentar la investidura hasta el último momento”, decía ayer el 'expresident'. Vale. La del juez es ordenar su inmediata detención en cuanto ponga los pies en España. Ya se discutirá luego si procede aplicar la doctrina Yoldi, el dirigente de Herri Batasuna que obtuvo permiso carcelario para defender su candidatura a lendakari en 1987.
A la espera de que la Mesa del Parlament, en su reunión de hoy con los portavoces, avance fecha y procedimiento a seguir en la sesión (martes o miércoles), el candidato habló: “Mejor de manera presencial”. Refleja el parecer de la Mesa, tal y como se lo explicó ayer en Bruselas su presidente, Roger Torrent. Reconoce la mayoría independentista la legitimidad del candidato y su derecho a reclamar la confianza de los diputados. Así lo harán saber hasta que las circunstancias conspiren contra lo deseable: “Un debate que pueda celebrarse con la mayor normalidad que sea posible”, en palabras de Torrent.
Cuando se vea que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, como diría el torero sentencioso, veremos tierra. O sea, un candidato alternativo que, sin renunciar a su fe nacionalista, ponga las instituciones y el autogobierno de Cataluña al servicio de sus ciudadanos. No al servicio del 155, pero tampoco al de planes que no conducen a ninguna parte si se plantean al margen de la ley. Ese es el verdadero mandato de las urnas.
Hay muchas señales sobre la resistencia de los miembros de la Mesa a improvisar un procedimiento distinto al de la presencia física en la sesión de investidura. Saben que forzar la aplicación del reglamento para facilitar una investidura telemática o por persona interpuesta supone desoír el dictamen de los letrados, ocasionar la intervención paralizante del Tribunal Constitucional, generar la apertura de nuevas causas judiciales y, en cualquier caso, prolongar la vigencia del artículo 155.
Algunos analistas denuncian la apuesta nacionalista por avanzar en la construcción de la república independiente, pero me cuesta creer que en la ERC de Junqueras y el PDeCAT de Marta Pascal quieran alimentar el narcisismo de Puigdemont hasta el punto de volver a meter a Cataluña en el agujero negro de la incertidumbre y la ingobernabilidad.
Bien al contrario, tienen prisa por recuperar el poder, volver a la política de las cosas, quitarse de encima el 155 y evitar a toda costa la repetición de elecciones. Así que se abstendrán de llevar la contraria a los letrados del Parlament y de tomar iniciativas que de nuevo obliguen al Estado a defenderse, a riesgo cierto de acabar en la cronificación el conflicto...
El presidente de la Mesa, Roger Torrent, no es ningún pagafantas, no quiere acabar empapelado como Carme Forcadell y además pertenece a un partido en sorda disputa con el de Puigdemont por la hegemonía en el fracturado bloque independentista. ¿Un radical dispuesto a que Cataluña vuelva a las andadas? Ni hablar. Como prueba del algodón, valga el calificativo de “autonomista” que le dedica la CUP.
Su candidato es Puigdemont. Lo exige la mayoría parlamentaria. Pero se desentiende de los problemas de este para reaparecer en carne mortal. Coincide con Artur Mas cuando le preguntaron por el asunto: “Pregúntenle ustedes a Puigdemont, no a mí”. Y se supone que se atiene también a la opinión de su jefe político, Oriol Junqueras, que en escrito dirigido al juez, sostuvo que los diputados son insustituibles, que deben estar presentes en debates y votaciones, y que su voto es “indelegable”.
FUENTE: Columna de Opinión "Al Grano" - ANTONIO CASADO - https://blogs.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
