El juez del 13 de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer no ha perdido el tiempo. Solo unos días después de su incorporación al trabajo tras una baja provocada por una grave enfermedad, ha tomado una decisión clave para el impulso de la causa sobre las estructuras de una futura Cataluña independiente. En una providencia fechada el 16 de enero, a la que ha tenido acceso El Confidencial, ordena a la Guardia Civil que acceda al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y rastree las cuentas de los organizadores del referéndum del 1 de octubre para detectar si existió blanqueo de capitales.En concreto, el magistrado encargado de la operación Anubis donde se obtuvieron pruebas que están sustentando la causa del Supremo por rebelión y sedición -como la hoja de ruta del 'procés' Enfocats o la agenda Moleskine del exsecretario general de Economía José María Jové- reclama a la "fuerza instructora" que acceda al Fichero de Titularidades Financieras del organismo. Esta base de datos, de carácter administrativo se creó con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Además precisa que quiere conocer qué cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios figuran en este listado en vinculación con "las personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del referéndum". El fichero se alimenta de la información que ofrecen las entidades de crédito que están obligadas a declarar determinada información sobre cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo, así como de los intervinientes en dichas cuentas y depósitos, sobre todo si se detectan movimientos sospechosos.
El juez Ramírez Sunyer abre así la vía para tratar de acreditar si parte de los fondos empleados para la consulta pudieron proceder de un blanqueo de capitales o tienen origen irregular. Durante la baja del juez, su sustituto invitó a la Abogacía del Estado a personarse en la causa ante la sospecha de que el 1-O pudiera haberse alimentado con dinero procedente de fondos del Estado.
En este procedimiento de Barcelona se persigue por delitos de malversación, desobediencia y prevaricación a una veintena de acusados. Además de Jové, se encuentra imputado otro alto cargo de Economía Lluís Salvadó. Figuran también personas vinculadas a otras 'consellerias', como la de Gobernación y Exteriores. Además, se rastrea a T-Systems, proveedora de servicios informáticos de la Generalitat y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). El origen de esta parte de la investigación es el destino de los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.
FUENTE: BEATRIZ PARERA - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
