ERC no dará marcha atrás en algunas de las medidas soberanistas que pretende implantar. Desde el despliegue total de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) hasta la puesta en marcha de la suspendida Agencia de Protección Social (pensada para sustituir a la Seguridad Social española), la creación de un Instituto de la Adopción o la incautación de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en la Via Laietana son algunos de los puntos que quiere implementar durante la próxima legislatura, en la que espera dar pasos en la construcción de la República catalana.Una de las principales acciones que tiene en cartera es la incautación de la sede de la Jefatura Superior. Este edificio, que en la actualidad alberga a la cúpula policial del Ministerio del Interior en Cataluña, fue sede hasta no hace mucho de las brigadas de Información y de Policía Judicial, que han pasado a las dependencias de la macroomisaría de La Verneda. La emblemática sede policial de Via Laietana pasaría, así, a ser un “espacio de memoria con espacios permanentes y exposiciones temporales (sic)”, la misma finalidad que ahora tiene la cárcel Modelo, que albergó su último preso este verano y pasó a ser un edifico de equipamientos. ERC aboga por convertir el principal equipamiento de la Policía Nacional en otro museo como paso para consolidar “una memoria republicana de largo alcance” y porque “la República habrá de asumir los conceptos de verdad, justicia y reparación universal como base de las políticas de memoria”, ya que “la futura República catalana estará comprometida con la justicia universal”.
En materia de seguridad, los republicanos quieren configurar un modelo policial que culmine con la unificación de los Mossos d’Esquadra y de los cuerpos de Policía Local, con una reestructuración de la escala de mandos de los Mossos, el incremento de plantilla y la restitución de Josep Lluís Trapero como el director del Cuerpo, tal y como prometieron los líderes republicanos en campaña.
En materia exterior, Esquerra promete reabrir el Diplocat (la agencia de la diplomacia catalana) y las polémicas ‘embajadas’ que el Gobierno central cerró. Por algo sostienen en su programa que “cuando deje de tener efecto el decreto 945/2017, de 27 de octubre, referido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, las delegaciones catalanas en el exterior y el Diplocat podrán reemprender su actividad automáticamente”.
Gestionar todos los impuestos
El partido que lidera Oriol Junqueras (que actualmente se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Estremera), insiste también en que “la negociación bilateral con el Estado para que Cataluña gestione todos los impuestos es la prueba de la soberanía fiscal” y advierte de que nada podrá parar “la inversión y despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña como herramienta para garantizar la futura independencia fiscal”. Así lo recoge Esquerra en un apartado de su programa electoral.
A este respecto, los republicanos recuerdan en su programa que la ATC “asume la gestión de todos los tributos propios y cedidos”, que ha pasado en dos años de cuatro oficinas propias a 19 propias y 13 compartidas, de 321 trabajadores en 2015 a 800 a finales de 2017 y que “todos estos avances, impensables hace dos años, responden a la voluntad de servir mejor a los ciudadanos y de reforzar las políticas públicas propias de una República con vocación social”.
ERC promete, asimismo, crear una Ley Catalana de la Ciencia como mecanismo constituyente del modelo de investigación y un “marco catalán de relaciones laborales”, para lo que anuncia que iniciará “el proceso legislativo para la Ley de Participación Institucional de Cataluña de los agentes económicos y sociales.
Una de las medidas más polémicas, no obstante, es la promesa de crear la Agencia Catalana de Protección Social, cuya ley elaborada en la anterior legislatura ya fue paralizada por el Tribunal Constitucional. “La protección social en Cataluña tiene un impacto de 28.000 millones de euros, de los que 831 millones son asumidos por el presupuesto de la Generalitat, debido a que las prestaciones económicas de la Seguridad Social (pensiones de jubilación, paro, etc) están centralizadas por el Estado, mientras que Cataluña básicamente otorga los complementos de pensiones no contributivas y otras prestaciones a colectivos diversos”, dice el texto. Critica, al mismo tiempo, que “en términos de prestaciones de servicios (salud, servicios sociales, autonomía, vivienda, etc), el Estado tiene un rol inexistente y Cataluña invierte 12.244 millones de euros y el mundo local un total de 1.616 millones”.
Explica Esquerra que de un total de 169 prestaciones existentes en Cataluña, 79 son económicas y 90 de servicio. “De las prestaciones económicas, 24 son gestionadas por el Estado, 50 por la Generalitat y 3 por las Administraciones locales: Las 90 prestaciones sociales de servicios son gestionadas en su totalidad por la Generalitat”. Esta es la base para que los republicanos recuerden que “se ha demostrado y, de hecho, la UE así lo ha indicado, que son preferibles los sistemas integrales de protección social ante las situaciones de necesidad, antes que sistemas de distribución compleja de competencias (…) Es por ello que con la realidad existente (…) es inexcusable la ley de creación de la Agencia Catalana de Protección Social como ente unificado y especializado en la gestión de prestaciones sociales de servicio, económicas y tecnológicas”.
Reconoce que la anterior ley que creaba esta agencia fue suspendida el pasado mes de octubre por el TC, pero recuerda que ésta la validó “mediante una resolución previa referida a la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2014, donde disponía la necesidad de que el Govern crease por Ley una Agencia de Protección Social”. Queda por resolver la duda de si esa agencia, de acuerdo con las intenciones del gobierno independentista, pretende romper la caja única de la Seguridad Social o preparar el terreno para materializar la secesión mediante la desconexión efectiva de esa Agencia con la Seguridad Social española.
Restituir el Código Civil
El programa de ERC contempla también la creación de un “Instituto Catalán de Adopción (ICA) para una República comprometida con la infancia”, recordando que Cataluña “mantiene relaciones con 27 Estados de 4 continentes y recientemente ha entrado en relación con Serbia como nuevo país. También Camboya se encuentra en situación de convertirse en un futuro nuevo país para la adopción en Cataluña”.
En materia de justicia, los republicanos prometen “la restitución del libro sexto del Código Civil de Cataluña”, que tiene tres artículos suspendidos cautelarmente por el TC por aspectos que podrían ser anticonstitucionales. La base para ese desarrollo de la ley es que la Generalitat “tiene competencias exclusivas en materia de Derecho Civil y cuenta con una regulación comparable a la de los países vanguardistas de la UE”. El libro sexto del Código Civil regula la vida económica a través de los contratos, compraventas e incluso procedimientos hipotecarios, delimitando las relaciones contractuales cotidianas de los ciudadanos. “El compromiso es restaurar el Libro Sexto del Código Civil como la esencia del país en plenitud y genuina expresión de la propia personalidad civil”, dice el programa.
Las verdaderas intenciones
No obstante, el texto se mantiene cauto a la hora de abordar las estructuras de Estado como tales y omite cualquier alusión a la independencia o a la unilateralidad. Critica el papel del Gobierno central en los últimos meses y minimiza los efectos económicos del ‘procés’. “Admitiendo los efectos adversos que tiene la incertidumbre política sobre decisiones que afectan a la actividad económica, la actuación del Gobierno español ha procurado convertir la posible incertidumbre en pánico de manera totalmente irresponsable”, expone en un apartado. Y destaca como justificación ante la huida de empresas que “el 2% de las empresas catalanas se estaban planteando un cambio de sede”.
En su programa, no obstante, deja entrever cuál es la estrategia de la formación de Junqueras: “El próximo Gobierno de la Generalitat, independientemente de cuáles sean sus objetivos políticos, ha de recuperar las plenas facultades y suprimir las tutelas impuestas por el Gobierno español. Cualquier otro escenario sería del todo inadmisible para cualquier demócrata, además de lesivo para el desarrollo económico del país”. A buen entendedor…
FUENTE: Con información de ANTONIO FERNÁNDEZ - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
