Los altos cargos castrenses responsables de asuntos económicos del Ejército de Tierra y del Ministerio de Defensa E. R. R. y C. P. R. vivían a todo tren. Ambos tenientes coroneles se daban opulentos homenajes gastronómicos en los restaurantes más lujosos de Madrid, acudían al palco del estadio Santiago Bernabéu a ver los mejores partidos de fútbol o al Open de Tenis de la capital de España a presenciar los encuentros de los grandes maestros mundiales del deporte de la raqueta. Les gustaban estos espectáculos y los disfrutaban. Sin embargo, nunca eran ellos quienes pagaban la factura.La cuenta corría a cargo de los responsables de las empresas que posteriormente contrataban con el ministerio. Así lo explica el fiscal jefe (coronel auditor) del Tribunal Militar Central en su escrito de acusación previo a la vista oral que está celebrándose estos días en la mencionada institución castrense. El representante del ministerio público destaca que ambos altos mandos se dejaban agasajar "en numerosas ocasiones" en restaurantes como La Manduca de Azagra, Casa Nemesio, El Asador Molinero, Jay Alay, Imanol o Pedro Larumbe por los responsables de las mercantiles, entre las que el escrito fiscal destaca a Seguridad Integral Canaria, TRC Informática, Galilea Correduría de Seguros o Grupo Olmata.
Asimismo, aceptaban regalos, algunos de gran valor, e incluso sobres con dinero y transferencias, según asegura tener constatado el ministerio público. El coronel auditor relata a modo de ejemplo que, en una comida en el restaurante San Mamés (situado en la madrileña calle de Bravo Murillo), el director general de la mercantil Proman Servicios Generales, Lázaro B. M., también imputado en la causa, "hizo entrega de forma disimulada al teniente coronel R. R. de dos sobres de color marrón" que el alto cargo miliar guardó inmediatamente en el bolsillo de su chaqueta.
Tras el banquete —al que acudió igualmente el teniente coronel P. R.—, los tres comensales salieron del establecimiento y se marcharon en el vehículo del empresario. A las 18:15, agentes de la Policía Municipal de Madrid los pararon en un control rutinario a la altura de la calle de Joaquín Costa. Ante el "nerviosismo de los ocupantes" cuando los funcionarios les reclamaron la documentación, relata el escrito fiscal, estos decidieron cachearles de forma superficial. Al hacerlo, encontraron los dos sobres. Los abrieron y sacaron 2.000 euros de cada uno.
El mismo directivo de Proman, continúa el ministerio público, recomendó a los responsables de la mercantil Easy Sea East —con la que el empresario mantenía buena relación— que contrataran al hijo del teniente coronel R. R., y "en alguna ocasión" costeó las entradas del alto cargo militar y de su acompañante al Bernabéu, un concepto que la acusación enmarca dentro de esas dádivas concedidas para lograr adjudicaciones públicas.
Una operativa similar detectó el fiscal castrense en relación a la mercantil Unión Castellana de Alimentación, que contrata con el Ministerio de Defensa desde 2002 por "varios millones de euros" y para la que trabaja el hijo del otro teniente coronel. En concreto, el director general y consejero de esta sociedad, Manuel R. A., igualmente procesado en esta causa, ordenó el 26 de noviembre de 2013 una transferencia por importe de 20.000 euros bajo el concepto de 'préstamo simple' a una cuenta del teniente coronel R. R., que inmediatamente utilizó ese dinero para adquirir un Audi A5 Sportback.
Unión Castellana, asimismo, se unió a la mercantil Tecnove —que contrata con Defensa desde 2005— para presentarse a un concurso del ministerio. Según el coronel auditor, que pide un año de prisión para los responsables de estas dos sociedades, Manuel R. A. y Eusebio R. G. O., este último era administrador de Tecnove y "amigo" de Cruz P. R. desde 2010, cuando ambos se conocieron en Afganistán, y los dos mantuvieron conversaciones por correo electrónico que "evidencian la vulneración del principio de imparcialidad" por parte del funcionario, que "se prevaleció de la información que le facilitaba tanto su destino como jefe de la sección económica como de su experiencia en materia de contratación para influir en el proceso de adjudicación y favorecer a las empresas mencionadas".
En ese contexto, la Guardia Civil —responsable de la investigación— encontró un reloj Hublot en el domicilio de este último teniente coronel que había sido adquirido por Tecnove en la joyería Durán de Madrid por 2.870 euros. No en vano, según el ministerio público, ambos altos mandos actuaban como facilitadores de acceso a la contratación para las empresas con las que contactaban a cambio de comisiones. C. P. R., por un lado, participaba como vocal técnico en la elaboración de los pliegos y era "gestor" de los contratos adjudicados. E. R. R., por otro, era "el punto de contacto para las consultas y aclaraciones de las empresas relativas a los expedientes en tramitación".
"Ese acceso privilegiado a la información contenida en los pliegos permitía [a este último] influir en el proceso de adjudicación posterior, concretamente en los casos de expedientes de procedimientos negociados, lo que fue aprovechado por este" para intentar reconducir el concurso a cambio de "contraprestaciones" como "comidas con contratistas", "regalos" o invitaciones a eventos deportivos.
El tándem que formaban los dos tenientes coroneles —que se conocen desde hace 25 años—, según la Fiscalía del Tribunal Militar Central, provocó que en realidad ambos —que se repartían los beneficios de su actividad ilegal a partes iguales— desarrollaran en paralelo a su cargo en el Ejército "labores de asesoramiento a empresas en materia de contratación" relativas a aspectos administrativos, documentación que tenían que presentar los aspirantes, recursos que podían poner contra los pliegos, criterios de clasificación, etc. Esta tarea la llevaban a cabo a lo largo del tiempo, "a cambio de una retribución fija" que abonaban las sociedades incluso haciendo gala de ella, dado que el teniente coronel R. R. incluso entregaba a sus 'clientes' tarjetas de visita en las que se daba a conocer como "asesor".
No en vano, en las reuniones que ambos altos cargos —que se enfrentan a seis años de prisión cada uno— mantenían con los responsables de las empresas que pretendían adjudicarse los contratos, los primeros se comprometían a lograr "una rápida satisfacción" de las facturas derivadas de la ejecución de las adjudicaciones "a cambio siempre de recibir retribuciones", que —según el ministerio público— se embolsaban hasta "por la simple preparación de la documentación administrativa".
La causa se encuentra actualmente a la espera de que el tribunal decida sobre la petición de nulidad sobre toda ella realizada por la defensa de uno de los dos tenientes coroneles, ejercida por el abogado Antonio Suárez Valdés, quien ha argumentado que la grabación realizada a los dos altos cargos castrenses por un responsable de Seguridad Integral Canaria en connivencia con la Guardia Civil durante un encuentro de los militares con el empresario en Casa Nemesio fue ilegal, pues los dos mandos "fueron conducidos de forma subrepticia mediante engaño y sin control judicial" para "provocar que estos realizaran manifestaciones que pudieran ser utilizadas en su contra".
La solicitud de nulidad se basa en la declaración realizada por el propietario del Grupo Ralons, vinculado a Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, que aseguró que fue la Guardia Civil la que contactó con el responsable de la mercantil y le dio el dispositivo de grabación. Ramírez es conocido por grabar también al juez Salvador Alba, expedientado por el Poder Judicial e instructor de una causa que pretendía apuntar a su antecesora en el cargo, la que fuera diputada de Podemos Victoria Rosell.
FUENTE: Con información de ROBERTO R. BALLESTEROS - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
