Una serie de iniciativas para combatir la corrupción en el país han cobrado relevancia ante la presión ciudadana y han abierto un debate sobre violaciones de derechos, posible persecución política o aumento de penas.Si se hace un recuento, salen a relucir al menos cuatro iniciativas enfocadas en castigar a quienes malversaron fondos del Estado. Estas son: la denominada muerte civil, el proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, la extinción de dominio, que permite confiscar bienes adquiridos ilícitamente; y el plan para permitir dar publicidad en los procesos de corrupción y blanqueo de capitales y se levante la reserva, una iniciativa que presentó la procuradora Kenia Porcell ante la Asamblea Nacional ayer.
De hecho, el lunes Porcell les solicitó a los diputados dar trámite a dos de los proyectos de ley antes mencionados para que ayuden al combate de la corrupción, pero cuatro días antes miembros del Partido Panameñista habían anunciado su apoyo al de muerte civil y al de imprescriptibilidad de los delitos.
Para el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, el hecho de contar con varias propuestas abiertas nos obliga a mantenernos atentos frente a lo que está ocurriendo y a lo que se tramita en el Órgano Legislativo, y destacó como importante que el objetivo de las propuestas sea para acabar con la corrupción y no para que se conviertan en instrumentos de persecución política.
Y es que varios juristas ya han dejado en claro que antes de este tipo de iniciativas es necesario reestructuraciones en el sistema judicial del país en temas como el debido proceso, la justicia selectiva y la mora judicial, entre otros.
Fraguela dijo que contar con un solo documento legal facilitaría su estudio, por ende, no ve como descabellada la opción de contar con un solo escrito.
El abogado explicó, además, que la idea es no caer en un desgaste porque si se agiliza una disposición legal a "tambor batiente" y luego se tiene que "recoger", se daría un paso adelante y dos hacia atrás.
"Creo que es hora de que cuando se presente una propuesta se establezca una mesa técnica en la que de manera amplia las personas participen", detalló.
Precisamente, la Comisión de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea aprobó en primer debate el proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos, lo que le dio oficialmente un empuje para continuar su curso y llegar a ser ley de la República, sin embargo, el proyecto apenas empieza y ya vislumbran su rechazo por inconstitucional.
El también abogado y presidente del CNA, Dionicio Rodríguez, dijo estar seguro de que una vez se apruebe el proyecto se va a declarar inconstitucional, porque los procesos penales tienen que tener un fin, pues, "no se puede dejar a la eternidad la persecución de los delitos", por ello, consideró que se debe empezar a legislar con fundamentos de hecho y respeto a derechos fundamentales consagrados incluso en legislaciones internacionales.
A juicio del jurista Dionicio Rodríguez, lo más oportuno es aumentar las penas en los delitos de corrupción y aumentar los términos de prescripción.
Abogados: Eliminación de la reserva del sumario ‘no es tan fácil’
La presentación de una iniciativa por parte de la procuradora Kenia Porcell ante la Asamblea Nacional para levantar la reserva del sumario en los procesos de corrupción no fue bien acogida por algunos abogados.
El abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionicio Rodríguez, dijo que la reserva del sumario no puede ser eliminada tan fácil como lo plantea la jefa del Ministerio Público porque se trata de un derecho fundamental, porque si se van a mencionar nombres, se debe contar con las pruebas.
Para Rodríguez, la procuradora está en un dilema con la presión ciudadana por la próxima protesta del 23 de enero, y por eso hizo este tipo de propuesta ante el Legislativo para hacer ver que está intentando tomar medidas ante lo que le exigen.
De hecho, el MP no está llamada a tomar este tipo de acciones, pues su función más bien es garantizar el debido proceso de los casos del país, consideró el abogado.
FUENTE: Con información de Mellibeth González - http://panamaamerica.com.pa
