El Ministerio Público (MP) presentó ante el Juzgado Quinto de Circuito Penal de Panamá una solicitud para la reapertura del sumario en averiguación por un supuesto delito contra la administración pública, en perjuicio de las juntas comunales a nivel nacional.El documento lo presentó el fiscal Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, Adecio Mojica Peña.
El escrito fue presentado en los estrados del tribunal a las 4:48 de la tarde del lunes 12 de marzo de 2018.
El escrito del fiscal hace referencia a las auditorías practicadas a las alcaldías y juntas comunales del país, las cuales fueron entregadas a la Procuraduría General de la Nación por el contralor de la República, Federico Humbert.
En las auditorías se destacan las aplicadas a Río de Jesús (Veraguas), Pedasí (Los Santos) y Bastimentos (Bocas del Toro).
En total se entregaron más de 220 cajas que llenaron un camión y que incluyen en detalle toda la información de las investigaciones realizadas por los auditores de la Contraloría General de la República sobre los fondos millonarios manejados por juntas comunales y municipios del país.
El material auditado corresponde a los fondos que se asignaron a los diputados, políticos y que fueron triangulados a través del estatal Programa de Ayuda Nacional, actualmente desaparecido.
El resultado de la investigación por parte de la Contraloría General, que duró más de tres años, detectó el manejo irregular de $247 millones que fueron transferidos por diputados a juntas comunales entre 2009 y 2014.
El Juzgado Quinto, en su Auto N° 86 de fecha 5 de mayo de 2015, acogiendo la solicitud de sobreseimiento provisional —y de carácter objetivo e impersonal—, le hizo la salvedad a la fiscalía de que la investigación podrá realizarse ‘únicamente' en ‘las Juntas Comunales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, de la cual somos competentes...'.
En ese sentido, el juez de la causa, Enrique Paniza Morales, hizo énfasis en su parte motiva de esa resolución del 2015, y así quedó debidamente notificada la fiscal, que no es competente para pronunciarse respecto a las juntas comunales de otros distritos del país, ya que ello corresponderá a la jurisdicción de las diferentes circunscripciones territoriales donde están ubicadas las diferentes juntas comunales.
INVESTIGACIÓN
El proceso auditado por la Contraloría es del quinquenio 2009-2014
El 5 de mayo de 2015, el juzgado acogió la solicitud de la fiscalía, en el sentido de decretar un sobreseimiento provisional.
FUENTE: Ismael Gordón Guerrel - http://laestrella.com.pa
