El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont creó a finales de marzo una estructura económica opaca para manejar fondos sin control alguno. Esta iniciativa es consecuencia de la actividad del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), un organismo oficial que sirvió a Puigdemont para tejer una red mundial de apoyo, de la que se ha estado sirviendo en los últimos meses, durante su fuga por Europa. Gracias a esta red, participó en actos públicos en Dinamarca, en Suiza y en Finlandia. Fue precisamente cuando volvía de este último país cuando fue apresado por la policía alemana.Así pues, la estructura le permitió abrir también una cuenta corriente el pasado 26 de marzo, según la documentación a que ha tenido acceso El Confidencial. Tres días después de comprar el dominio, se habilitó una web de un autoproclamado 'Gobierno de la República' que solo sirve para ingresar dinero en esa cuenta, con cargo a tarjetas de crédito. Paralelamente, Puigdemont también puede recaudar dinero (y de hecho todas las campañas se han realizado en este ámbito) a través de cuentas corrientes abiertas por el PDeCAT o las organizaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
En el breve texto de esta web, se especifica que comenzó a andar el 29 de marzo y que “ante la presión ejercida por parte del Estado español, abrimos una vía de apoyo a las necesidades puntuales de la defensa jurídica, seguridad y apoyo logístico al 130º presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont i Casamajó, así como al resto de las personas y profesionales exiliados que lo necesiten”.
Exige, eso sí, el nombre del donante, dirección, correo electrónico, teléfono y tarjeta de crédito. Da opción a ingresar 25, 50, 100, 250, 1.000 o 2.500 euros, aunque en otra casilla el donante puede elegir otra cantidad.
No da opción a más. En la política de privacidad, argumenta que “el Gobierno de la república, con correo electrónico de contacto ciberseguretat@governrepublica.org, es el responsable del tratamiento de tus datos personales”. El oscurantismo es la tónica dominante en las explicaciones de los administradores del ‘invento’. Porque, además, subraya que “la base legal para el tratamiento de datos es el consentimiento” y especifica que los datos de los donantes se guardarán “durante 10 años”. Asimismo, afirma que “los datos podrán comunicarse a entidades vinculadas al Gobierno de la república para las mismas finalidades referidas anteriormente”. Y zanja: “Si no obtienes una respuesta satisfactoria y deseas formular una reclamación u obtener más información al respecto de cualquiera de estos derechos, puedes dirigirte a la Autoridad de Control”. Nada más: ni una web, ni una referencia o algún dato que permita saber quién es esa 'autoridad de control'.
Un sueco ya condenado
Los organizadores se cuidaron mucho de ocultar todo rastro sobre la creación de esa vía paralela de financiación de Puigdemont, pero, según la información en poder de este diario, el cerebro de toda la operativa es el nórdico Peter Sunde, un sueco con raíces suecas y finlandesas, que se autodefine como “socialista y vegetariano”.
Sunde, uno de los creadores de Piratebay, ya fue condenado hace unos años por “ayudar a hacer disponible contenido con 'copyright” en Suecia. La condena fue de un año de cárcel y 30 millones de coronas suecas de multa (más de 2,7 millones de euros). Para abrir la red de recaudación opaca de Puigdemont, se ha servido de njal.la, un dominio registrado por él que blinda la transparencia y ofrece opacidad a sus clientes.
Según algunas fuentes, Sunde mantiene excelentes relaciones con el círculo más próximo a Puigdemont. De hecho, fue una de las personas de confianza del ‘expresident’ que reside en Bruselas quien le contactó y le encargó la creación de la red de financiación oculta.
Por su parte, la guardia civil registró este jueves la sede del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), el organismo que controlaba las relaciones exteriores y ‘diplomáticas’ del Gobierno catalán durante los últimos años. Se da la circunstancia de que hoy viernes ese organismo desaparecía oficialmente, porque así lo decretó el Gobierno central hace unos meses. Antes, sin embargo, el titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ordenó este registro para buscar pruebas de los pagos de viajes oficiales de ‘observadores internacionales’ en el referéndum del pasado 1 de octubre.
En busca del dinero
Lo sorprendente del registro es el retraso con que se efectúa, ya que desde el decreto de desaparición de Diplocat a finales de octubre del año pasado han pasado muchos meses. Y, además, las dependencias ya habían sido registradas. El exjefe de Comunicación de este organismo Martí Estruch atendió a los medios de comunicación ante la sede del Diplocat. Tachó la iniciativa de “acto de propaganda pura y dura” y vino a decir que solo son aspavientos de la Administración española.
“En estas oficinas quedan trabajadores que mañana [hoy para el lector] se van al paro y hay lo que hay en una oficina: ordenadores, archivadores…”, subrayó el antiguo directivo del Diplocat. No le falta razón: si la guardia civil quería pruebas de pagos relacionados con las visitas de los observadores internacionales, ya las debe de tener en su poder desde hace meses. Fuentes cercanas a la Administración de la Generalitat señalan a El Confidencial que poco van a encontrar por ese camino, aunque desde la vertiente de los investigadores se quiere seguir la pista de pagos a una organización internacional que sería la que, al final, corrió con los gastos de los ‘invitados’. Porque sospechan que el Gobierno de Carles Puigdemont intentó borrar sus huellas contratando a intermediarios para camuflar gastos ilegales.
Quien se hizo cargo de los gastos como intermediario fue The Hague Centre for Strategic Studies, un centro holandés que recibió de las arcas públicas 119.700 euros en dos pagos, hechos efectivos los días 21 de septiembre y 10 de octubre del año pasado. Con ese dinero, se abonaron los gastos de los ‘observadores imparciales’ que la Generalitat invitó al referéndum, aunque oficialmente negaba todo. Lo que se busca es el contrato secreto entre ese centro y el Diplocat para cerrar definitivamente el tema.
Lo curioso del caso es que los observadores concluyeron en su informe que el referéndum de Cataluña no cumplía los estándares internacionales de transparencia y honestidad “debido a las circunstancias en que se celebró”. Pese a ese dictamen de los observadores amigos, los independentistas siguen dando por válidos los resultados de una consulta sin censo controlado, en la que se metían votos en las urnas a puñados y en la que mucha gente no pudo votar y otros votaron múltiples veces. Los resultados fueron, finalmente, facilitados sin ningún rigor ni control efectivo.
FUENTE: Con información de A. FERNÁNDEZ - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
