lunes, 23 de abril de 2018

(Panamá) PSA y sus dudosas transacciones con el Estado

Una vez más el nombre de la empresa PSA Panama International Terminal, S.A., a cargo de la operación de una terminal de contenedores en Rodman, se encuentra en el ojo de la tormenta. Su nombre ha vuelto a salir a la palestra pública luego de que el pasado jueves 19 de abril diputados de la bancada mayoritaria del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de Cambio Democrático (CD), la diputada independiente Ana Matilde Gómez, entre otros, aprobaran en tercer debate el proyecto de ley 53, que adopta medidas relativas al proceso de apertura de empresas.
La aprobación se dio a pesar de que en el segundo debate el día anterior, el perredista Roberto Ayala incluyó una propuesta de modificación para derogar la Ley 2 del 10 de febrero de 2015, con la cual se aprobó el contrato entre el Estado y la sociedad PSA Panama International Terminal, S.A.

Esta modificación detendría el funcionamiento y los planes de expansión de este puerto, que opera en el país desde 2010.

El ‘camarón' legislativo, como se ha denominado, ha generado cuestionamientos sobre los verdaderos interesas detrás de esta propuesta para paralizar el funcionamiento de PSA Panama International Terminal, S.A. y sobre quiénes serían los beneficiados con esta medida.

DUDAS EN EL CONTRATO LEY

Pero hay quienes están detrás de PSA Panama International Terminal, S.A. y cómo se avaló la extensión del contrato ley.

La extensión nació en medio de cuestionamientos legales y antecedentes que no dejan muy claro el aparente interés de sectores políticos del pasado y del actual gobierno en expandir la operación portuaria en la entrada del Canal del Panamá en el lado del océano Pacífico, donde también opera Panama Ports Company.

DENUNCIAN CESIÓN

En su momento, a finales de 2015, según reportó La Estrella de Panamá en su edición del martes 26 de mayo de 2015, el abogado Miguel Antonio Bernal pidió investigar los nexos del presidente de la República, Juan Carlos Varela, con Guillermo Liberman, hijo del multimillonario empresario argentino Samuel Liberman, dueño del Grupo Liberman.

Bernal denunció ante el Ministerio Público que la cesión de las 10 hectáreas con las que se inició la ampliación del PSA Panama International Terminal, S.A. se dio de manera irregular.

Las tierras eran manejadas por el Parque Industrial Marítimo de Panamá S.A. (Pimpsa) desde 1997, hasta que la compañía renunció a la concesión, para que PSA pactara directamente con el Estado.

El abogado señaló en su momento que, tanto en la junta directiva de Pimpsa como en la de PSA, aparece como socio/director Guillermo Liberman, hijo de Samuel Liberman.

En la denuncia Bernal cuestiona cómo una sociedad donde el señor Guillermo Liberman es socio, ‘con el apoyo del gobierno de turno', se autocede —a otra sociedad de su mismo grupo comercial— bienes del Estado para que sean utilizados en otras operaciones comerciales de beneficio principalmente de los socios de ambas sociedades.

Sobre lo ocurrido el jueves pasado en la Asamblea, Bernal indicó que gracias a este ‘camarón' se debe investigar ‘el camaronzón que metieron los mismos diputados en 2015 cuando aprobaron ese contrato con PSA que es contrario a la Constitución y la ley. Un camarón aflora otro camarón, el problema es que los dos camarones van a seguir porque son camarones de la corrupción', aseguró.

Otra publicación de La Estrella de Panamá hace referencia a una supuesta conexión entre miembros del panameñismo y Samuel Liberman.

Destaca la publicación que un mes después de que se dieran los intercambios comerciales entre las compañías de Liberman Falchuk y el Estado (relativos a la venta y concesiones de tierras, algunos vendidos de forma directa y con carácter de urgencia) durante la etapa final de la administración de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela gana las elecciones.

Sin embargo, a pesar de las presuntas irregularidades en estas transacciones, algunas investigadas por el Ministerio Público y por la Autoridad Marítima de Panamá, las empresas vinculadas a Liberman Falchuk no han sido tocadas hasta ahora.

Otra conexión con el panameñismo, según la publicación de La Estrella de Panamá del 28 de abril de 2015, es la supuesta relación de este empresario con integrantes de una firma de abogados panameña.

En 2013, el empresario Samuel Liberman abrió una nueva sociedad, Rainforest Farmlands Inc., donde el agente residente fue Alemán, Cordero, Galindo & Lee.

Uno de los socios de esta firma es Jaime Alemán, hermano del actual ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán Healy. Este último fue quien presentó a la Asamblea el 12 de enero de 2015 el proyecto que se convirtió en la Ley 2 de 10 febrero de 2015, derogada el pasado jueves.

Antes de Álvaro y Jaime, destaca la publicación, ya había otro Alemán en la vida de Samuel Liberman: José Miguel, el excandidato presidencial, excanciller y exviceministro de Gobierno.

Liberman además habría sido donante de la campaña de Juan Carlos Varela en 2014 y hoy es propietario de 30 hectáreas en Rodman, que obtuvo en plena ampliación de la vía interoceánica.

AMP Y MITRADEL RECHAZAN ‘CAMARÓN' LEGISLATIVO
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) condenó la aprobación del proyecto de ley 53 avalado de ‘manera ilegítima' por parte de la Asamblea Nacional.

En un comunicado firmado por el administrador de la AMP, Jorge Barakat, se indica que la institución se ha esforzado en atraer empresas e inversiones extranjeras al país, para seguir consolidando la plataforma de servicios internacionales del país.

Barakat considera que las ‘actuaciones nefastas de algunos diputados de la Asamblea ponen en peligro estos esfuerzos en detrimento del sector marítimo, afectando la generación de empleos y la seguridad jurídica del país'.

El funcionario indicó que es indispensable una investigación de estos hechos por parte de las autoridades competentes y para abocarnos a impulsar mecanismos legales y constitucionales que eviten puedan repetirse estas actuaciones ilegítimas en contra de la economía nacional y de todos los panameños.

En otro comunicado, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) rechazó categóricamente ‘este malintencionado e irresponsable proyecto de ley que atenta directamente contra la seguridad jurídica, la economía y la generación de empleos en el sector marítimo panameño'.

Este proyecto y con una inversión de $800 millones en tres años, indicó el Mitradel, ha generado miles de empleos directos e indirectos para la mano de obra panameña.


FUENTE: Con información de Gustavo A. Aparicio O. - http://laestrella.com.pa
 

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