La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha descubierto un presunto desvío masivo de fondos públicos al procés mediante un entramado en el que habrían intervenido la Diputación de Barcelona, fundaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas. Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona e impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, han logrado acreditar ya una malversación de dos millones de euros que habrían terminado en la maquinaria independentista. Con todo, la operación sigue abierta y se espera que la cifra definitiva sea muy superior.El núcleo de la trama se ubicaba en la Diputación de Barcelona y en las subvenciones públicas que esta entidad otorgaba para financiar proyectos de cooperación internacional, programas culturales y acciones formativas, entre otras partidas. Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional han descubierto numerosas irregularidades en las ayudas otorgadas principalmente a dos fundaciones sin ánimo de lucro, Igman Acció Solidaria, con sede en Salt (Gerona), y Fundació CatMón, con domicilio en Reus (Tarragona).
Entre la treintena de implicados se encontrarían los máximos responsables de estas dos fundaciones. Uno de ellos es el diputado de Junts per Cat Francesc Dalmases, que se presentó por primera vez a unas elecciones catalanas el pasado 21 de diciembre. Es miembro también de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de Cataluña y de la junta directiva de la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR), que ha tomado el relevo de Diplocat, la agencia internacional de la Generalitat desactivada por el 155.
El otro directivo de esas entidades implicado es Victor Terradellas, editor de las revistas Catalan International View y ONGC, una publicación “de pensamiento político, solidiatitat, cooperación y relaciones internacionales”. Además, Tarradellas es uno de los promotores principales de la Plataforma per la Soberanía y ha participado sobre el terreno en actuaciones de cooperación catalana en países como Perú, Bolivia, Chile, Bosnia, Kosovo, Afganistán, Mongolia, Pakistán y el Kurdistán.
También han sido detenidos el actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, Jordi Castells Masanés, que anteriormente ocupó el puesto de director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y ahora es subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat; y el alcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, de CiU, actual responsable de Hacienda del mismo órgano provincial. Se les acusa de haber participado en la malversación de los fondos públicos. Además de los mencionados, también han sido arrestados Salvador Esteve Figueras, ex presidente de la Diputación, varios responsables de Pimec y otros directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas.
Según han confirmado a este diario fuentes próximas a la investigación, la Diputación de Barcelona adjudicó subvenciones públicas a Igman Acció Solidaria y Fundació CatMón para financiar sus supuestos proyectos de cooperación en el tercer mundo, pero el dinero nunca habría llegado a su destino. Fue presuntamente trasvasado para sufragar la promoción del proceso independentista en el extranjero, editar revistas vinculadas con el secesionismo y adquirir material de apoyo a otras acciones.
En los movimientos de dinero habría tenido un papel decisivo la imprenta Discatimat SL, con sede en Cabrils (Barcelona), que estaba controlada igualmente controlada también por Dalmases y Terradellas. No sólo se habrían producido desvíos hacia la maquinaria independentista. La UDEF ha acreditado que otra parte de las ayudas a la cooperación terminaron en las cuentas personales de estos dos presuntos cabecillas, a pesar de que las fundaciones que utilizaban para captar el dinero se declaraban sin ánimo de lucro.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado en una nota que la cantidad defraudada asciende por ahora a dos millones de euros, aunque las pesquisas continúan abierta y se espera que la cifra final sea muy superior. A los detenidos -ya van más de 30- se les imputan los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, tráfico de influencias, falsedad y fraude en subvenciones. En el operativo participan más de 500 funcionarios de la Policía Nacional, entre ellos, los propios investigadores de la UDEF, agentes de seguridad ciudadana y efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplazados a Cataluña para garantizar que no se produzcan incidentes durante el desarrollo de los 19 registros que se están realizando en despachos de sedes de la Generalitat, en la Diputación, en la sede de fundaciones como Catmon e Igman, en diversas empresas y en domicilios de los investigados. El dispositivo policial se ha desarrollado en Barcelona, Gerona, Falset, Reus, Mataró, Manresa, San Cugat del Vallés y Arenas de Mar.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los fondos de las subvenciones "transitaban de forma anómala entre las cuentas bancarias de Igman, Catmon y la sociedad mercantil Discatimat para finalmente ser reintegrados en efectivo y destinarlos a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o a nutrir las cuentas personales de diversos implicados".
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - ROBERTO RUIZ BALLESTEROS - ANTONIO FERNÁNDEZ - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
