La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, ripostó ayer los argumentos planteados por el contralor de la República, Federico Humbert, para no refrendar los contratos por servicios especiales de la planilla 172.En una carta enviada ayer al contralor Humbert, Ábrego asegura que el Legislativo sí cumplió con las formalidades y disposiciones establecidas en las Normas Generales de Administración Presupuestaria, aplicadas a todo el sector público.
Según la nota, los contratos de la Asamblea Nacional utilizan el mismo formato que rige para toda la administración pública y ‘no es producto de un actuar independiente o que se maneja únicamente en este Órgano del Estado'.
De acuerdo con el contralor Humbert, en estos contratos hace falta que se suministre la ubicación de la prestación de los servicios y las actividades específicas del contratista; entre otros datos.
No obstante, en la misiva de Ábrego se indica que ‘en las propias cláusulas del contrato, las partes estipulan que el contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales en la provincia de Panamá'.
Asimismo, señala que en la cláusula primera del contrato aparecen los cargos que ocupan los contratistas, los que fueron homologados por el Ministerio de Economía y Finanzas y fue de conocimiento previo por parte de la Contraloría.
Se indica además que en la cláusula tercera de cada uno de los contratos, utilizados por años, se deja claramente establecido el pago de los contratistas en cumplimiento con la entrega de informes mensuales sobre sus labores efectuadas.
‘Si no hay informe de la labor realizada, no hay pago', enfatiza Ábrego.
Resaltó también que las respuestas a cada una de las interrogantes planteadas por el contralor sobre la ubicación, pago de honorarios, informes o producto final y actividades específicas se encuentran insertas en los mismos contratos, por lo que el Legislativo no comparte ‘el criterio expuesto' por el despacho que encabeza Humbert.
La presidenta Ábrego indicó al contralor que el formato utilizado fue adoptado con el visto bueno y recomendaciones de la Dirección de Asesoría Legal de la Contraloría como de uso general en todo el sector público, por lo que le ‘llama la atención que se busque en ellos elementos que no forman parte de su contenido'.
Con respecto al desglose por diputado, destacó que todas las contrataciones las realiza el representante legal de la Asamblea Nacional, de conformidad con la legislación vigente, es decir, el presidente de esta institución.
En tal sentido, afirmó que la Contraloría está introduciendo elementos subjetivos al pretender reglamentar las Normas del Presupuesto, contenidas en la Ley 72 de 2017, con el único fin de negar el refrendo a los contratos presentados, que están en ejecución y que corresponden al primer semestre del 2018.
La presidenta del legislativo reiteró que todos los contratos enviados a la Contraloría para el refrendo cumplen en su totalidad la normativa vigente, por lo que considera ‘que no son viables las objeciones realizadas'.
FUENTE: Con información de Gustavo A. Aparicio O. - http://laestrella.com.pa
