Comida, ropa seca y asistencia sanitaria de Cruz Roja es lo primero que recibirán las 629 personas del barco Aquarius si el barco de las ONG Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée atraca finalmente en uno de los muelles del Puerto de Valencia o en el de Palma de Mallorca, algo que está en duda por las dificultades para hacer la travesía. Tras un reconocimiento médico de urgencia, los enfermos serán trasladados a los hospitales de la ciudad a la que lleguen. En el grupo hay 123 menores, once de ellos niños pequeños, y siete mujeres embarazadas que seguro que necesitarán cuidados médicos. Fatiga, deshidratación y quemaduras son los cuadros que ya han diagnósticado los integrantes de la tripulación que acompaña a los inmigrates rescatados en alta mar.La mayor parte las personas que desembarcarán son ciudadanos de países subsaharianos rescatados de pateras a la deriva en plena noche. Una vez garantizada su salud y los servicios de auxilio básicos, desde su entrada en España es importante saber en qué condiciones legales lo harán. El trato que reciban variará en función del estatus que les otorgue el Gobierno. No es lo mismo pisar territorio español como inmigrante indocumentado e irregular que hacerlo como refugiado. En el primer paso la custodia corresponde al Ministerio del Interior (Policía Nacional) y el destino del ‘sin papeles’ si es interceptado en la frontera es ser enviado a uno de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde son encerrados bajo vigilancia, a excepción de si se trata de menores, que pueden acabar en un centro específico o en una familia de acogida.
Por el tipo de respuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado en primera instancia al ofrecimiento de España como receptor del Aquarius y la calificación de “crisis humanitaria” es muy probable que los inmigrantes obtengan la consideración de refugiados, al menos de forma provisional, lo que cambia bastante la calidad del recibimiento. La intervención de Acnur o de la Comisión Española de Ayuda el Refugiado (CEAR) también invita a pensar que será esta la figura legal elegida para recibirlos. Sería bastante escandaloso que el nuevo Ejecutivo se ofrezca como salvador de más de medio millar de desposeídos para después encerrarlos en un CIE.
El Gobierno valenciano ha convocado para este martes a la comisión mixta de atención a refugiados, en la que participan desde estamentos de la administración hasta las ONG, para coordinar la respuesta y comenzar a planificar la gestión de la llegada. Todo se está planificando como si de una crisis de refugiados se tratara, siguiendo el esquema que ya se preparó en 2015 por si llegaba a buen término la iniciativa de enviar un barco desde Valencia a Lesbos para recoger a un millar de personas huidas de la guerra en Siria.
BREAKING: EL #AQUARIUS ve absolutamente inviable ir a España en estas circunstancias. El barco está abarrotado. No sería seguro ni para los migrantes, ni para la tripulación ni para el barco. Además, la previsión meteorológica es adversa. @rne— SaraAlonsoEsparza (@SAlonsoEsparza) June 11, 2018
Como refugiados tienen derecho al alojamiento sin supervisión policial y reciben una pequeña asignación económica para cubrir sus gastos básicos. Lo lógico es que en un primer momento sean alojados en algún espacio habilitado por el Puerto de Valencia o el ayuntamiento en coordinación con la Generalitat. La gestión de cómo se distribuirán en España una vez superados los primeros auxilios y cuidados dependerá del Gobierno de España. La vicepresidencia de Carmen Calvo ha asumido la gestión de la crisis, aunque en realidad las políticas de inmigración y refugiados corresponden al Ministerio de Trabajo.
De este departamento, recientemente ocupado por Magdalena Valerio, dependen la mayor parte de los llamados Centro de Acogida de Refugiados (CAR). Son pisos o centros preparados para el alojamiento reservados para albergar a las personas asiladas, en los que gozan de total libertad de entrada y salida. Valencia tiene uno de estos centros en Mislata, pero difícilmente tendrá capacidad para acoger a los más de 600 pasajeros del Aquarius por lo que será necesario buscar ubicaciones alternativas.
En estos centros, los refugiados suelen participar en programas de integración donde reciben una primera ayuda los seis primeros meses. Después pasan a pisos donde tienen cubierto el alquiler para, finalmente, buscarse la vida como residentes normales. En el caso de los menores no acompañados, más de un centenar en el Aquarius, estos podrían ser entregados a familias de acogida, a la espera de buscar una solución a largo plazo
Ciudades como Madrid o Barcelona y autonomías como el País Vasco, Extremadura, Baleares o Navarra ya se han ofrecido para albergar una parte de los inmigrantes procedentes de las aguas maltesas tras ser rechazados por el ministro del Interior de Italia, el derechista de la Liga Norte Matteo Salvini. Aún no está cerrado que Valencia sea el destino, toda vez que Médicos sin Fronteras ha advertido de los peligros de un viaje de tres días en un barco con exceso de pasaje.
La iniciativa de aceptar la recepción del Aquarius ya supone de entrada un cambio importante en la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto al de Mariano Rajoy, que no movió un dedo para facilitar la entrada de refugiados sirios. En cualquier caso, España registró el año pasado una cifra récord de entrada de inmigrantes irregulares (17.581) desde 2008, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. No obstante, a 30 de septiembre de 2017, las expulsiones ejecutadas eran inferiores a las del conjunto de 2016 (5.051) o de 2015 (6.869). Este año hubo 20.552 órdenes de expulsión dictadas, frente a las 6.560 de los nueve primeros meses del año pasado.
Aunque el Ejecutivo popular no fue especialmente activo en expulsiones en comparación con años anteriores, tampoco destacó por su generosidad en la concesión de permisos de residencia por arraigo, solamente 22.343 hasta octubre. Es la cifra más baja de la serie desde 2008.
FUENTE: Con información de VÍCTOR ROMERO - (PULSE AQUÍ)
